¿Qué supone esta cifra para los ciudadanos? Compensan con su bolsillo el descenso de la inversión en educación. El gasto de las familias ha aumentado un 28% entre 2009 y 2014, mientras que el gasto público ha caído un 15%, quedando a niveles de hace una década, según el último informe de la Fundación BBVA.
Por desgracia, la educación no es el único sector en el que se ha recortado el gasto público. CCOO denuncia que el recorte en gastos sociales en España entre 2009 y 2014 asciende a 78.164 millones de euros, el equivalente al 8% del PIB. El autor del estudio y economista del gabinete económico de CCOO, Manuel Lago, explica que esta cifra sale de las partidas en las que el Gobierno ha recortado y no tiene en cuenta las pensiones, el pago de intereses de la deuda y el gasto energético, que aumentaron en 47.824 millones.
La fuente que se ha utilizado para este estudio es el informe que elabora la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), siguiendo la Clasificación Funcional del Gasto de las Administraciones Públicas (COFOG) en una serie que va desde 1995 hasta 2014. Se trata, por tanto, de gasto liquidado en el que se consolida el gasto realizado por las administraciones públicas en España: central, autonómica y local.
¿Por qué se ha elegido el periodo 2009-2014? Nuestro país alcanzó la cifra más alta de gasto público en 2009. Éste empieza a descender a partir de 2010 y hasta 2014. A lo largo de este lustro se ha experimentado un retroceso sensible en el tamaño del Estado.
En el contexto económico y político de la crisis se han enfrentado dos concepciones: por un lado, la que defiende la importancia del Estado como regulador, supervisor, agente económico y proveedor de servicios públicos, sociales y de protección social; y la segunda, la que ha pretendido reducir el papel del Estado al mínimo, deteriorando y privatizando los servicios públicos.
El inicio de los recortes
Las cuentas del conjunto de las administraciones públicas españolas se cerraron con un déficit de 118.237 millones de euros en 2009, lo que equivale a más del 11% del PIB. Se trataba de una cifra insostenible a medio plazo y contrasta con el superávit de 21.620 millones de euros que se había logrado en 2007. El origen principal apunta al desplome de los ingresos, que descendieron en 69.501 millones entre 2007 y 2009.
El proceso de consolidación fiscal que se inició en España en 2009, aún inacabado, ha supuesto una fuerte caída del gasto público. En 2014, las administraciones públicas gestionaron 30.824 millones de euros menos que cinco años antes.
Retroceso en los servicios públicos básicos
La dotación de los dos grandes servicios públicos que configuran el núcleo del estado del bienestar ha sufrido un grave deterioro: salud y educación. Entre ambos sectores se han gastado 18.400 millones de euros menos en 2014 que en 2009.
El gasto educativo realizado por el conjunto de las administraciones públicas en todos los niveles educativos se redujo en 7.394 millones de euros durante el periodo analizado. Se dejaron de gastar 1 de cada 4 euros en educación desde que empezó el ajuste. Una vez más, fueron los empleados y empleadas públicos quienes sufrieron con mayor dureza las restricciones de gasto porque la remuneración de los asalariados perdió 3.705 millones.
En esta caída en la retribución de los asalariados influyen dos factores. Por un lado, la reducción del 5% en los salarios de los empleados públicos; y por otro, el menor número de personas trabajando para las administraciones. El cuadro de personal se ha reducido en 18.000 personas, un 3,5% del total que había en 2009, según el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas.
En educación se sigue el patrón general del ajuste y, después de los salarios, es la inversión la segunda variable con mayor retroceso: 2.235 millones de euros menos, lo que equivale a un desplome del 70% en términos reales. La especificidad más relevante del ajuste en el gasto educativo es que apenas ha afectado al sector privado. Los conciertos con los colegios privados apenas han caído el 1,2% en este período.
El gasto en los colegios concertados para las administraciones públicas apenas varía: era de 7.090 millones de euros en 2009 y fue de 7.007 millones en 2014, tan solo un 1% menos. Esto significa que el dinero que destina la Administración Pública para pagar a los colegios concertados se ha mantenido prácticamente estable frente a las enormes caídas que sufrieron el resto de partidas que componen el gasto en educación. El gasto sanitario se redujo en 9.600 millones de euros. Se dejó de gastar más de uno de cada cuatro euros de los disponibles en 2009. Este recorte afecta, sobre todo, al personal sanitario porque su remuneración se reduce en 3.244 millones de euros –menos salarios y menos plantilla– y a la inversión, que cae en 2.144 millones de euros. De forma complementaria, baja el gasto en los servicios prestados por el sector privado, es decir, el gasto en medicamentos en farmacias y en conciertos con hospitales privados: en conjunto, 3.402 millones de euros menos.
Los efectos reales de los recortes
La dureza de los ajustes se ha infravalorado debido a que hubo un número reducido de partidas de gasto que crecieron de manera notable, lo que provocó una distorsión de la realidad. Las pensiones, el pago de intereses de la deuda y el gasto energético aumentaron en 47.824 millones de euros en el periodo analizado. Los recortes en gasto público por valor de 78.164 millones de euros reflejan el retroceso que han sufrido en España los servicios públicos, la protección social o la dotación de infraestructuras físicas, sociales o tecnológicas.
En el análisis por naturaleza del gasto se comprueba que los dos capítulos que soportaron mayores ajustes fueron la inversión y la remuneración de los empleados públicos. Su retribución retrocedió en 10.626 millones de euros, un 8,5% nominal y 17% en términos reales. Esta caída de la masa salarial se debió a dos factores: la devaluación salarial y el menor número de personas trabajando en el sector público.
Para CCOO, urgen propuestas concretas y ambiciosas para recuperar los niveles de gasto público previos a la crisis y mejorar la calidad de los servicios públicos, la protección social y la capitalización física y tecnológica del país. Se necesita una profunda reforma fiscal, que homologue la presión fiscal con Europa y combata el fraude.
