Todas estas “bondades” se quiebran dados sus tremendos efectos sobre la salud de las personas. Desde hace años se conocen las perniciosas consecuencias del amianto, muy especialmente su capacidad para producir cáncer. Tanto es así que el denominado mesotelioma se relaciona prácticamente como un cáncer de origen exclusivo del amianto.
Lo que pasa desde ya hace mucho tiempo
En Comisiones Obreras nos planteamos los problemas del amianto a finales de los setenta, especialmente en relación con los trabajadores de la industria del fibrocemento, la conocida Uralita. Entonces la pelea se centró en denunciar la nocividad del amianto. Adelantándonos a la comunidad científica del momento, en España se intentaron minimizar sus efectos nocivos, y se pasó de un uso incontrolado a una situación controlada, mejorando de condiciones de trabajo y los controles médicos.
La presión sindical y la evidencia de las enfermedades originadas por el amianto, junto a una serie de normas internacionales enunciadas por diferentes organismos, hicieron que se adoptaran medidas técnicas, organizativas y sanitarias, pero con desesperante lentitud. Así:
- En 1977, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del Centro Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), reconoce todas las variedades de amianto como cancerígenas.
- En 1986, la Organización Internacional del trabajo (OIT), en su Convenio 162, recomienda la sustitución por otros materiales.
- En 1997, la OMS promueve la sustitución del amianto. Hace una extensa difusión de los riesgos y reafirma su carácter cancerígeno; también el crisotilo como causante del mesotelioma.
- En 1998, la Comisión Europea publica una directiva prohibiendo todo tipo de amianto, como máximo para 2005.
El enorme trabajo sindical realizado en los años 80 supuso una auténtica movilización de los trabajadores del fibrocemento, del naval, del textil, de la siderometalúrgica, del ferroviario, del aislamiento, de las químicas, de la automoción, etc. En octubre de 1984 se publicó el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y se creó el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). Cada vez más, orientamos la acción sindical hacia la prohibición del amianto y lo hicimos con las organizaciones sindicales de Europa y otros países. En 2002 se prohibió el amianto en España.
Este correlato se podría interpretar como la historia del amianto en nuestro país hasta su prohibición. Sin embargo, no podemos dejar de pensar en tanto dolor, en tanto sufrimiento, en tanta enfermedad, en tantos proyectos rotos, en tantas ilusiones truncadas… y en tanta muerte. Y ya hace tiempo que las víctimas no son solamente los trabajadores; la tragedia se ha extendido a sus familiares y cada vez hay mayor evidencia de afectación de la población en general.
Los instrumentos para tratar el problema del amianto
En 2003 se acordó el Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores que han estado Expuestos a Amianto y se revisó el Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica. El referido Programa y Protocolo, realizados con la participación de Comisiones Obreras, pretendía elaborar un registro de trabajadores expuestos, establecer y facilitar los exámenes de salud inicial y postocupacional y dar continuidad a esta vigilancia sanitaria. También fue propósito del Programa que las comunidades autónomas se dotaran de los recursos humanos y técnicos, favorecer el reconocimiento médico-legal de las enfermedades derivadas de la exposición al amianto y evaluar el propio programa.
El Real Decreto 396/2006, por el que se establecían las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, tenía como objeto la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados del amianto.
Qué hacemos en Comisiones
Llevamos más de cuatro décadas denunciando los problemas del amianto, reivindicando condiciones de trabajo que eliminen el riesgo. Llevamos ya más de cuatro décadas peleando para que a los trabajadores que enfermen se les reconozca la enfermedad profesional. Resultan indignantes las enormes dificultades que hay para llegar a reconocer enfermedades exclusivas del amianto. Hay un pacto tácito entre instituciones, mutuas y empresas para dificultar, no reconocer, retardar; en resumen, hacer lo posible para evitar el reconocimiento de la enfermedad profesional y evitar las indemnizaciones. Hay un pacto de silencio vergonzoso para que la sociedad piense que este gravísimo problema no existe, que una vez prohibido el amianto ya no pasa nada, que todo está solucionado. Por contra, la información científica disponible prevé que las consecuencias del amianto se extenderán hasta más allá del año 2030 y durante este periodo seguiremos acumulando compañeros y compañeras que enfermarán y morirán.
Muchas veces el reconocimiento de las patologías derivadas del amianto llega cuando la empresa donde se originó la exposición ya no existe y nadie responde
Esta situación ha llevado a Comisiones a requerir a los poderes establecidos, a la Administración, al Congreso y a los parlamentos autonómicos, a las instituciones europeas, etc., que defiendan los derechos de los trabajadores y particularmente su derecho a la salud. Llama la atención cómo reaccionan los grupos políticos cuando les presentamos estos problemas: todo es comprensión mientras permanecen en la oposición, y todo es olvido cuando alcanzan el poder. Nunca se quiere resarcir a los trabajadores y nunca se busca la responsabilidad de las empresas que crearon esta situación, siendo como eran conocedoras de las consecuencias de la exposición al amianto en la salud de las personas. Es más, muchas veces el reconocimiento de las patologías derivadas del amianto llega cuando la empresa donde se originó la exposición ya no existe y nadie responde… Son innumerables las ocasiones en que los procesos los empiezan los afectados y los acaban sus descendientes tras el fallecimiento de los primeros. Es esta, como decía un compañero, “la interminable herencia del amianto”.
Perspectivas en la UE
En toda Europa y en España hay millones de toneladas de amianto instalado en edificaciones, instalaciones y estructuras. Este material tiene una vida útil determinada, se manipula, se sustituye, etc., por lo que se hace muy peligroso. En 2014, el Parlamento Europeo aprobó la resolución: “Riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente”. La UE, la Comisión y los Estados miembros han de legislar para elaborar mapas de localización, para realizar un desamiantado de todo lo instalado en el conjunto de la UE. Propone instrumentos para vigilar y proteger la salud de los afectados por el amianto y garantizar un fondo de compensación para las víctimas. Todo ello con la participación de los agentes sociales y de los afectados. Desde el año 2015, Comisiones Obreras con otras organizaciones, sindicales, víctimas, ecologistas, etc., solicitan a las instituciones europeas el desamiantado de Europa y justicia para las víctimas.
