La implementación de una nueva norma producirá inseguridad, desprotección e injusticia para el alumnado, que se ha matriculado a ciegas. Los estudiantes desconocen cómo va a ser evaluado y cómo podrán acceder a la universidad. Además, supone poner más palos en las ruedas del profesorado para diseñar el curso.
La FECCOO recuerda que incluso el dictamen del Consejo Escolar del Estado se mostró crítico con el contenido de las pruebas por considerarlo excesivo e inédito en Europa, por lo que en muchos temas no existen modelos acreditados en que basarse.
Consideramos que el Real Decreto no debe publicarse por los siguientes cuatro motivos:
- El Congreso aprobó una Proposición de Ley para paralizar su desarrollo.
- Utiliza el reglamento para dictar normativa básica de calado político sin pasar por el Parlamento.
- Un gobierno en funciones no debe actuar salvo en caso de que concurran condiciones de interés general y urgencia, lo que no ocurre en este momento de incertidumbre poselectoral.
- El alumnado sujeto a estas evaluaciones externas no habrá cursado los mismos programas, visto que el Gobierno del PP ha sido incapaz de hacer aplicar la norma de forma homogénea, tanto por la falta de consenso como por su mala factura técnica.
Los cuestionarios de contexto, regulados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) en la Resolución recurrida –así como los elaborados por algunas Comunidades Autónomas– son un ejemplo de falta de rigor técnico, además de simplistas, subjetivos y sesgados. Se asemejan a las encuestas de satisfacción que las empresas facilitan a sus clientes y son irrespetuosos para con las familias, el alumnado, el profesorado, los equipos directivos y los centros educativos.
Los profesores o directores pueden ser “evaluados sumariamente” del 1 al 5 con un par de sencillas preguntas; el alumnado de 11 años puede acabar opinando sobre la metodología de trabajo en el aula; las familias de los estudiantes de 8 años tendrán que sacar la libreta y anotar las horas de trabajo que sus hijos emplean en hacer deberes y si en casa se trabaja con la prensa diaria o si se consultan enciclopedias. Los deberes a esa edad son un extremo discutible. Tal y como se formulan los cuestionarios, las familias pueden acabar achacando al centro educativo, a su equipo directivo o al profesorado, problemas que tienen que ver con la falta de recursos, consecuencia de los recortes educativos.
FECCOO entiende que con este cuestionario podría vulnerarse el derecho a la intimidad, la Ley de Protección de Datos, la Constitución Española o la Declaración de los Derechos del Niño. Por este motivo, la FECCOO se dirigirá también a la Oficina del Defensor del Pueblo y a la Fiscalía del Menor.
