Resulta de especial interés el enfoque que hacen del Estatuto del Personal Docente, donde se alude como elemento básico a un “libro blanco de la Función Docente” que ha generado un rotundo rechazo por parte del profesorado. El acuerdo lo hace, además, sin mencionar en ningún momento la negociación del mismo con los representantes del profesorado; lo recoge como un mero trámite de gobierno: “Aprobar un Estatuto del Personal Docente…”, dice el texto.
El documento afirma desde la primera línea que “consideramos fundamental mantener un firme compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea”. Por ello, lo primero es conocer los compromisos del Gobierno con Bruselas en materia de gasto educativo, ya que parece que ese elemento es clave a la hora de garantizar el cumplimiento del acuerdo PP-C´s.
Reproducimos la página 42 del Plan de Estabilidad 2014-2017, donde se puede ver el compromiso de reducir en 0,6 puntos del PIB los gastos en educación, pasando del 4,5 en 2012 al 3,9 en 2017. Habría que recordar que en el año 2009 el gasto educativo en relación al PIB era del 5%.
El Plan de Estabilidad ha sido revisado en 2016, estableciendo para 2018 un gasto educativo equivalente al 3,7% del PIB. Lo que, dicho de otro modo, supone retrotraer el gasto educativo a índices anteriores a 1990, fecha de aprobación de la LOGSE.
En el siguiente gráfico se refleja la evolución del gasto educativo, según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). En el año 2009 se acercó al 5% y en 2015 fue del 4,2%. Téngase en cuenta que cada décima representa 1.000 millones de euros. Por tanto, se están dejando de invertir en educación 8.000 millones con respecto a 2009. Si se cumplen los planes enviados a Bruselas, (no parece que C´s lo vaya a evitar) estaríamos hablando de que a partir de 2018 el sistema educativo dispondría cada año de 13.000 millones de euros menos que en 2009.
El presupuesto del MECD del Gobierno del PP para el año 2016 ha sido de 2.483,9 millones de euros. En 2011 fue de 2.840 millones de euros. El acuerdo del Partido Popular con Ciudadanos supone unos gastos adicionales de 710 millones para el 2017 y 1.000 millones para 2018, 2019 y 2020, respectivamente. Es decir, que supondría un incremento en los presupuestos educativos del MECD de cerca del 30% el primer año y de más del 40% en los siguientes.
Estas medidas parecen poco congruentes y, desde luego, nada creíbles en relación con los compromisos de gasto público educativo del Plan Estratégico que el Gobierno de España ha enviado a Bruselas.
Aproximación a algunos programas presupuestarios:
El MECD mantuvo en el año 2012 el Plan PROA, eliminándolo posteriormente. El Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo se consideraba un proyecto de cooperación territorial entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas, y tenía como finalidad abordar las necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado mediante un conjunto de programas de apoyo a los centros educativos: programas de acompañamiento y de refuerzo escolar en primaria y en secundaria. A ese plan destinó una cantidad similar a la dedicada en 2011: 60 millones de euros.
El Plan para la disminución del abandono temprano de la educación y la formación tuvo en los presupuestos del MECD de 2012 una cuantía de 40,8 millones de euros. En el año 2011, el presupuesto había sido de 44,8 millones de euros. El plan estaba destinado a la financiación de acciones y programas propuestos por las comunidades autónomas que se dirijan a la reducción del abandono.
El Programa Escuela 2.0 dotado en 2011 con 91 millones de euros fue sustituido un año después por el Sistema integral de implantación: infraestructuras, herramientas, formación del profesorado.;dotado con 41,5 millones de euros. Este programa estaba dirigido a la mejora en la utilización de la plataforma de agregación de contenidos, el seguimiento, la evaluación y coordinación de las iniciativas, una política unificada de creación de recursos educativos, coordinada con las CCAA, o la promoción del uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje para facilitar la enseñanza en las aulas y el aprendizaje individualizado, según las necesidades de cada alumno.
Estos programas han desaparecido prácticamente en su totalidad, tal y como estaban entendidos. Supusieron, en conjunto, un total de 195,8 millones de euros en el presupuesto de 2011.
Al programa correspondiente a servicios complementarios de la enseñanza existente en 2011, el Gobierno del PP incorporó el programa de los libros de texto, que estaban antes en becas y ayudas al estudiante. Unificando el criterio en 2011, el presupuesto era de 104,7 millones de euros; en 2016 es de 32 millones. Desglosando solo los libros de texto se ha pasado de 98,2 millones de euros en 2011 a 25,4 millones en 2016.
Programa de educación compensatoria. En 2011 el presupuesto era de 70 millones de euros. En 2012, el PP presupuestó 169 millones que incluían activos financieros para préstamos a las CCAA. La ejecución presupuestaria demostró que sólo habían ejecutado un 38%. En 2016 han presupuestado 5,1 millones de euros con el compromiso de reducirlo a cero para el año 2017.
Programa de otras enseñanzas y actividades educativas. Le cambiaron la denominación y mezclaron en él cinco programas existentes en 2011. Estos cinco programas son: investigación evaluativo (26,8 millones), apoyo a actividades escolares (24,6 millones), nuevas tecnologías (107 millones), educación permanente (6,7 millones) y educación especial (13,5 millones). La suma de estos cinco programas suponía, aproximadamente, un montante de casi 180 millones de euros en el año 2011. En 2016 han quedado reducidos a 30,5 millones.
Actuaciones en el primer ciclo de educación infantil. Transferencias que se hacían a las CCAA para esta etapa, entonces educativa, en 2011 el presupuesto era de 101,6 millones de euros, que han desaparecido en su totalidad en los presupuestos de 2016.
En relación con la LOMCE hay que recordar que una buena parte de las reformas se están financiando con FSE, ya que la UE asumió parte del gasto como costes de implantación de la reforma. Pero una vez implantada son gastos consolidados que deben asumir el Ejecutivo español y las CCAA. La inmensa mayoría de medidas contenidas en la LOMCE tienen desarrollo normativo y se están aplicando. En este sentido conviene recordar que los cálculos contenidos en la memoria económica de la LOMCE parten de la consolidación de los recortes consecuencia de los Reales Decretos 12 y 14 de 2012 y de la compactación del bachillerato con la consiguiente reducción de oferta, entre otras medidas.
La paralización de la LOMCE en sus aspectos pendientes de aplicar como la reválida al finalizar el bachillerato no supone modificaciones presupuestarias, ya que la Memoria Económica de esta ley no contempla costes adicionales para esta medida. En ella se afirma que se financiará con los fondos que en la actualidad se destinan a la selectividad.
Por tanto, concluimos que el acuerdo PP y C´s tiene ambigüedades calculadas e indefiniciones importantes en cuanto a los contenidos. Esto hace pensar que en el remoto caso de que fuera posible llevarlas a cabo, buena parte de las medidas no están pensadas para destinarlas a la escuela pública, que es la verdadera garantía del derecho de la ciudadanía a una escuela de calidad con equidad, sino para continuar con las privatizaciones.
En materia presupuestaria es incongruente y carece de credibilidad en la medida que el Gobierno en funciones de España ha enviado a Bruselas un programa político muy distinto para los próximos años, donde cifra el gasto público en educación en el 3,9% del PIB para 2017 y el 3,7% para el 2018. Teniendo en cuenta que el acuerdo del PP con C´s desde la primera línea afirma que “consideramos fundamental mantener un firme compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.”, resulta un acuerdo tan improbable en su cumplimiento que podría calificarse de cínico.
Por otra parte, en relación con el Estatuto Docente, el único compromiso vigente del Gobierno en funciones con los sindicatos es el de negociar un Estatuto basado en el que se preacordó en 2011, lo que contradice lo recogido en el acuerdo en relación con un “libro blanco” que ha generado el rechazo del profesorado. El planteamiento que PP y C´s hacen en su acuerdo invade claramente las competencias de los representantes del profesorado, que han de negociar en la Mesa de Negociación para el personal docente reconocida legalmente en el EBEP el Estatuto del Profesorado y que rechazamos de plano la aprobación de ninguna norma que conculque nuestro derecho a la negociación.
