El resultado es el desmantelamiento de un modelo basado en el diálogo y la negociación colectiva, que buscaba vincular las necesidades del mercado de trabajo con la oferta formativa, y su sustitución por un conjunto inconexo de normas pendientes de desarrollo, experimentos fracasados y promesas incumplidas, según un estudio de la Secretaría de Formación de CCOO.
El estudio revela que la reforma gubernamental de la formación profesional para el empleo ha dejado sin oferta de formación subvencionada estatal a cerca de 600.000 trabajadores entre 2015 y 2016 y ha expulsado a más de 100.000 pequeñas empresas de las bonificaciones a los cursos. “Apelamos a la responsabilidad del Gobierno para que de una vez por todas definamos un modelo de formación válido, eficaz y útil. Es necesario devolver a la formación el papel que le corresponde como instrumento para el empleo, para el progreso y para la mejora y desarrollo de los trabajadores y de las empresas.”, sentencia el informe. Y asegura que todo ello solo es posible si el Gobierno trabaja codo con codo con las organizaciones sindicales y empresariales y plantea mecanismos de participación e intervención en el diseño, el seguimiento, la evaluación y el control de la formación.
Este panorama no solo no ha afectado a la gran empresa, sino que ha aumentado su participación en el sistema de bonificaciones en un 4%. Por el contrario, menos del 25% de las microempresas acceden a formación bonificada. Resulta evidente que el Gobierno solo ha satisfecho las pretensiones de la gran empresa y no ha dado respuesta a las necesidades de las pequeñas compañías. Se ha permitido el auge de consultoras-gestoras que se han aprovechado del crédito para formación de las micropymes sin dar respuesta a sus demandas de formación. Muchas de esas entidades han desaparecido tras estafar a pequeñas empresas, que ahora se ven ahogadas porque la Seguridad Social les reclama el abono de cantidades por bonificaciones improcedentes que tienen que devolver con los consiguientes intereses.
En lo que se refiere a la formación de oferta, no se publicó en 2015 la convocatoria de ayudas para Planes de Formación para trabajadores ocupados, a pesar de estar previstos 188 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado. Un año después, la Administración publicó la convocatoria de ayudas a la formación de trabajadores por 250 millones de euros, por primera vez en concurrencia competitiva solo para centros y entidades de formación, sin la participación de los agentes sociales. La realidad es que en enero de 2017 aún no se ha resuelto, según advierte el informe.
En los tres últimos años se ha generado un remanente de más de 400 millones de euros en los fondos estatales para formación de ocupados. “El Ejecutivo no puede pretender ahorrar sustrayendo al sistema los fondos de los trabajadores para formación, inventando artificios financieros y presupuestarios que hacen que el remanente de estos fondos de formación sirva para financiar déficits de otras partidas”, mantiene la Secretaria de Formación de CCOO.
Ante este escenario, el sindicato apela a la responsabilidad del Gobierno para que “de una vez por todas se defina un modelo de formación válido, eficaz y útil”. La formación necesita recuperar la importancia que le corresponde como instrumento para el empleo, el progreso y la mejora y desarrollo de trabajadores y empresas.
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