Como cada 8 de marzo, hay que celebrar los importantes avances para la igualdad de los sexos, para los derechos de las mujeres, para aumentar su libertad y para incrementar su participación social en todos los terrenos, incluso en el político. Nuestra sociedad ha hecho ya un largo camino en el que la organización y la movilización de las mujeres y de muchas otras organizaciones sociales han dado sus frutos
Pero, como dice la resolución de la Comisión Ejecutiva, “el horizonte de la igualdad aún queda lejos y muchas siguen siendo nuestras razones para denunciar, porque la discriminación sigue existiendo, colocando a las mujeres en inferioridad de condiciones con respecto a los hombres, invisibilizándolas, relegándolas a los cuidados, a los puestos de trabajo de menor responsabilidad o a recibir salarios más bajos, sufriendo en mayor medida las consecuencias de las políticas de recortes sociales y de retroceso de derechos”.
Y, en esta ocasión, tenemos que hacer una especial referencia a la violencia machista, un aspecto extremo de la discriminación femenina, además de la demostración de la incapacidad de resolver los conflictos de manera pacífica que nuestra sociedad manifiesta. Las 15 mujeres asesinadas por hombres en lo que va de año muestran el especial ensañamiento con que este problema social está dándose en la actualidad, así como las múltiples deficiencias en la aplicación de la Ley Integral contra la violencia de género.
El ámbito educativo, a pesar de ser uno de los “más amables” para las mujeres, también mantiene discriminaciones sexistas, tanto laborales y profesionales para las trabajadoras de la enseñanza, como para el conjunto del alumnado, con “el mantenimiento de un currículum androcéntrico, que invisibiliza a las mujeres y sus aportaciones e impone una visión del mundo desde la óptica masculina como si fuera la única existente”, como expresa la resolución de la Comisión Ejecutiva.
Dado que, precisamente, el educativo representa un lugar de especial importancia para la necesaria transformación social que necesitamos, se vuelve imprescindible la denuncia de los retrocesos que la nueva legislación educativa ha supuesto para la igualdad de los sexos, gracias a la pérdida de la educación en valores, al refuerzo de los centros segregados por sexo o a la supresión de la asignatura obligatoria de educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
Como también el 8 de marzo es el momento para la reivindicación, la resolución de la Comisión Ejecutiva plantea varias reivindicaciones, empezando por la exigencia de que la violencia contra las mujeres debe considerarse “una cuestión de Estado que debe implicar al conjunto de la sociedad”, así como la “aplicación efectiva de las medidas que permitan la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”. Una vez más hay que insistir en que, como prevención de la violencia machista, hay que fomentar la práctica de la coeducación y que en nuestros centros educativos se trabaje firmemente por rechazar las guerras y sus terribles consecuencias para las personas, por aprender a resolver pacíficamente los conflictos, por practicar una educación inclusiva, de respeto a todas las personas, especialmente a los colectivos socialmente discriminados.
La LOMCE debe derogarse y la nueva ley educativa que se apruebe debe representar realmente los valores democráticos de una sociedad avanzada, entre ellos, los de la igualdad entre los sexos. Los currículos educativos y los libros de texto deben incluir a las mujeres y sus aportaciones a lo largo de la historia de la humanidad para que muestren a las y los jóvenes, imágenes de igualdad entre los sexos.
Deben derogarse las reformas laborales y deben revertirse los recortes de los años pasados, de nefastos resultados para el empleo de hombres y de mujeres y debe promoverse la creación de empleo femenino para ir corrigiendo las brechas de género existentes en el acceso, la promoción y los salarios. Un aspecto prioritario para avanzar en la mejora de la situación de las mujeres es conseguir que también los hombres se encarguen de los cuidados y no solo las mujeres; es, por tanto, fundamental que se apruebe ya una ley de permisos parentales igualitarios que fomente la igual distribución entre hombres y mujeres de esta tarea.
