En la propuesta de OPE
En la propuesta de OPE excepcional que debía autorizar el Ejecutivo, tenían que incluirse todas aquellas vacantes presupuestadas y/o existentes en cada uno de los ámbitos, estuviesen o no cubiertas con personal interino o temporal.
Además, para el caso de las universidades planteábamos que debían tenerse en cuenta las peculiaridades que se han producido en la contratación del profesorado, del personal investigador y del personal técnico que nos han llevado a una situación insostenible que es necesario cambiar.
Según los datos del MECD, durante el curso 2015-16 había 95.601 profesores, de los que 44.394 eran funcionarios (incluidos 803 interinos), 11.343 contratados fijos, 39.180 contratados temporales y 684 eméritos; es decir, al menos el 41,8% de los docentes tienen contratos de duración determinada que incluyen falsos asociados, falsos visitantes, contratados doctores interinos, sustitutos interinos, etc.
Por primera vez, en las estadísticas del Ministerio se recogen datos del personal empleado investigador. Durante el curso 2015-16 había 16.328 investigadores, la mayoría con contratos de duración determinada, 6.396 vinculados a proyectos de investigación (art. 83 y otros), 483 contratos Ramón y Cajal, 243 contratos Juan de la Cierva, 903 investigadores postdoctorales no incluidos en los anteriores, 2.702 contratados predoctorales de formación de personal investigador (FPI), 1.897 predoctorales de formación de profesorado universitario (FPU) y 3.307 investigadores predoctorales vinculados a programas de las CCAA y las universidades.
Respecto al PAS, sobre un total de 49.122 empleados públicos, hay 31.487 funcionarios (incluidos unos 1.290 interinos), 12.649 contratados fijos y 4.986 contratos temporales (eventuales y contratos de duración determinada). Por tanto, la temporalidad durante el curso pasado era superior 12,8%, sin tener en cuenta los contratos vinculados a proyectos de investigación financiados con cargo al capítulo VI de los presupuestos de gastos de las universidades.
Por ello, durante el proceso de negociación del “Acuerdo para la mejora del empleo público”, hemos reiterado la necesidad de incluir a las universidades dentro del mismo porque entendimos entonces y seguimos pensando ahora que es necesario reducir la tasa de temporalidad en las universidades públicas y atender las necesidades estructurales con empleo fijo.
Lamentablemente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, no ha querido reconocer la realidad existente en las universidades y se negó a incluirnos en el apartado segundo del acuerdo.
Por este motivo, hemos solicitado al MECD que realice las gestiones oportunas para que se convoque lo antes posible el Grupo Trabajo en Materia de Empleo Público, recogido en apartado tercero del acuerdo, para analizar la evolución del empleo público en el sector universitario.
Esperamos que el Gobierno, una vez analizados los datos de temporalidad del sector, sea consciente de la situación del personal de las universidades públicas y permita a éstas aplicar las medidas recogidas en el apartado de reducción de empleo temporal del acuerdo.
Durante el trámite parlamentario de los presupuestos, presentaremos nuestras propuestas a los partidos políticos para que se incluya a las universidades entre los sectores que pueden superar el 100% de la tasa de reposición y puedan convocar las plazas que, desde hace al menos tres años, están ocupadas por personal con una vinculación temporal. De esta forma se puede reducir, a lo largo de los próximos tres años, y en un máximo de un 90%, las plazas ocupadas de forma temporal y la cifra de personal con una vinculación temporal existente a la fecha de firma de este acuerdo.
También les reiteraremos nuestras propuestas para que las plazas de titular de universidad que se ocupen por contratados doctores fijos no computen a efectos de tasa de reposición, ya que pueden considerarse como promociones internas e insistiremos en la necesidad de desvincular las promociones a catedráticos de las ofertas públicas de empleo.
Por último, será necesario que presionemos a los equipos de gobierno de las universidades para que exijan al Ejecutivo que permita a las universidades negociar y acordar la reducción de la temporalidad, superando en sus ofertas públicas de empleo el 100% de la tasa de reposición tanto para el PDI como para el PAS.
