FRANCISCO GARCÍA SUÁREZ (Cabañaquinta, Asturias, 1958) es licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia Contemporánea, por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Primaria, fue elegido secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en el 11º Congreso de la FECCOO en enero 2013, y ratificado en su cargo en el 12º Congreso de FECCOO celebrado el pasado mes de mayo. Con anterioridad, fue secretario general de la Federación Regional de Enseñanza de CCOO de Madrid en el período de 2000 a 2012.
En el acto de clausura del 12º Congreso afirmó que “las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza son clave para convertir la educación en una herramienta de transformación social”. ¿En qué sentido?
Los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza son la clave de bóveda del sistema educativo. Solo con profesionales con condiciones labores dignas y horarios razonables, en aulas con ratios razonables, es posible garantizar el derecho a la educación de calidad. Para convertir la educación en una herramienta de transformación social hace falta hablar del papel del profesorado y del resto de personal del sector educativo. En concreto, en lo referente a profesores y profesoras, es preciso definir el modelo de profesión, lo que nos remitiría a un estatuto docente, que es la eterna asignatura pendiente de nuestro sistema.
El estatuto docente debe ser mucho más que un convenio colectivo, debe abordar la formación inicial del profesorado, que ha de cambiar ante los nuevos requerimientos de la docencia en una sociedad más diversa; ha de establecer el modelo de ingreso y un itinerario de desarrollo profesional que no sea jerarquizador ni vertical; ha de hablar de los derechos y deberes del profesorado… Urge definir la profesión docente del siglo XXI. El estatuto tiene que recoger las señas de identidad de la profesión docente del siglo XXI y plasmar el compromiso del profesorado con la sociedad y el compromiso de la sociedad con su profesorado.
Su primer mandato coincidió con el momento más duro de los recortes educativos, entre 2010 y 2014. ¿Ve diferencias entre la etapa que inicia y la anterior?
Hay una diferencia sustantiva, y es que asistimos al fracaso de las políticas del Partido Popular, que han sido rechazadas por el conjunto de la comunidad educativa y la sociedad. El PP, en una situación de debilidad parlamentaria, empieza a retractarse en determinados aspectos, como las reválidas. Las políticas de recorte, la LOMCE, los decretos de universidad… Todo ha sido un fracaso. Ahora bien, aunque estemos ante un nuevo escenario en el que el PP se muestra dispuesto a “pactar”, hay que tener en cuenta que es el mismo partido que impulsó la LOMCE y las reformas de universidad a golpe de mayoría absoluta, que despreció el consenso con los grupos políticos y la comunidad educativa como nunca había sucedido y que puede intentar aprovechar su oferta de diálogo para blindar los aspectos sustantivos de sus reformas. Por nuestra parte, vamos a aprovechar cualquier oportunidad para revertir los recortes, recuperar los derechos y derogar las reformas educativas.
¿Es posible?
La parte de revertir los recortes en las comunidades autónomas, sí. Hay muchas donde ya estamos firmando acuerdos que suponen la reversión del incremento del horario lectivo del profesorado, la recuperación de algunos permisos laborales que tienen que ver con licencias, incapacidad temporal… También se plantean retos relacionados con convenios importantes, como el de Atención a Personas con Discapacidad, que tocaría la parte socioeducativa y colegios privados. Durante la etapa de la crisis y los recortes hemos acumulado fuerzas que tenemos que transformar en negociación para revertir los recortes. También las reformas educativas. Es difícil, pero es posible.
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Los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza son la clave de bóveda del sistema educativo
Pero los recortes no han parado todavía. ¿Dónde están haciendo más mella?
No. Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 mandan un mensaje de continuidad en educación. Durante los últimos años hemos perdido uno de cada cuatro euros, casi el 24% de este capítulo en presupuestos. En los PGE hay un ligero incremento del 1,4% que en ningún caso recupera los 9.000 millones perdidos. Si profundizamos un poco más veremos que la partida destinada a educación compensatoria, que ha sido prácticamente arrasada por los recortes, sigue disminuyendo. También lo hace el capítulo de formación del profesorado. Tampoco se ha modificado el decreto de becas que ha expulsado a miles de estudiantes de la educación superior y que ha hecho que la cuantía media de la beca universitaria caiga en 600 euros. Eso no cambia.
Además, los compromisos suscritos por el Gobierno de España en el Plan de Estabilidad con Bruselas pueden suponer nuevos recortes en la inversión educativa en porcentaje del PIB. De cumplirse, perderíamos 2.000 millones más.
Los recortes han afectado principalmente a la enseñanza pública, tanto en inversión como en empleo, y casi no han afectado a la privada. Eso es muy grave, porque la enseñanza pública es la que garantiza la universalización del derecho a la educación y asegura la movilidad social.
Parece difícil acercar posturas y lograr un pacto educativo
En nuestra comparecencia en la Subcomisión del Congreso de los Diputados creada para tal fin advertimos, y lo hemos hecho muchas más veces, de que parece haberse instalado una pulsión hacia el pacto que lo sitúa como algo en sí mismo más allá de sus objetivos. Para la FECCOO, un pacto educativo no puede estar por encima de sus contenidos. Un futuro pacto solo será posible si sirve para revertir los recortes, derogar la LOMCE y los decretos universitarios y garantizar una educación de calidad con equidad, recuperar la igualdad de oportunidades y situar al profesorado en el centro de todas las políticas. El pacto educativo debe contemplar una financiación suficiente porque, más allá de lo que se diga, sin financiación no hay resultados. Para nosotros sería imprescindible recuperar el 5% del PIB en esta legislatura. Y tener un horizonte del 7% del PIB en inversión educativa en otra legislatura más.
En un informe reciente, la CEOE dice que el gasto educativo es ineficiente. Es falso. Es difícil encontrar muchos países en el mundo donde el gasto educativo sea más eficiente que en el nuestro. España invierte bastante menos que la media de la UE y la OCDE en educación; sin embargo, las evaluaciones internacionales nos colocan prácticamente en la media. Sin recursos no hay resultados, se diga lo que se diga y lo diga quien lo diga de forma interesada.
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En la universidad existe un número de figuras contractuales que habría que racionalizar
En 2010, con el ministro Ángel Gabilondo al frente de Educación, las fuerzas sociales y políticas estuvieron a punto de cerrar un pacto de estado. ¿La situación es muy distinta a la de entonces?
Gabilondo trabajó por un pacto social y político. Ahora no hay una hoja de ruta para un pacto social. Solo hay una hoja de ruta definida para un pacto político, que es la subcomisión parlamentaria, en la que se van a producir un total de 82 comparecencias. No queda claro qué peso tiene cada una de las personas que participan. ¿Tiene la misma importancia la opinión de un experto que la de la Federación de Enseñanza de CCOO, que es el sindicato más representativo de la educación en este país, o que la Ceapa, que es la organización de madres y padres más numerosa? No lo sabemos.
Nosotros no queremos que se nos escuche: queremos negociar, queremos que se creen escenarios de negociación en los que podamos ir con nuestras propuestas y confrontarlas con las de otros.
¿Qué lugar debería ocupar la universidad en el pacto educativo?
Uno primordial. Es preciso hablar de recursos y de un estatuto del personal docente e investigador de las universidades en el mismo sentido que el estatuto docente no universitario. Nuestro gasto en educación superior está por debajo del de la UE y la OCDE, y en I+D+i es raquítico en comparación con los países de nuestro entorno. En los últimos años hemos perdido 1.400 millones de euros de inversión y miles de puestos de trabajo.
Es importante destacar la función social de la universidad. Esto significa, por ejemplo, que no se han de primar únicamente los estudios con mayor empleabilidad, porque llevaría a la desaparición de muchos que tienen interés social. Y que se han de frenar iniciativas que propugnan fijar las tasas en función de la renta familiar, porque esto pondría en riesgo el acceso a la educación universitaria de grupos sociales que antes no podían acceder.
¿Cómo afecta a la universidad la actual tendencia privatizadora?
Las universidades privadas han ido aumentando su presencia en la escolarización del alumnado. Lo hacen de forma lenta pero segura en los títulos de grado, y de manera exponencial en los de máster, que ya superan el 30% del total de alumnado. El Decreto del 3+2 facilita objetivamente la implantación de las universidades privadas en nuestro sistema de educación superior. Si a eso unimos el aumento de las tasas y la disminución de las becas, se acentúa la lógica privatizadora de todas las medidas que se han tomado en la universidad.
Hoy, uno de cada cuatro profesores de la enseñanza pública está en situación de temporalidad y precariedad
¿Se acaban ahí sus problemas?
Ya hemos hablado de algunos, como la falta de recursos, la pérdida de puestos de trabajo, el aumento de las tasas y la disminución de las becas… En cuanto al personal docente, en la universidad existe un número de figuras contractuales que habría que racionalizar siempre desde una perspectiva que facilitara la recuperación del empleo. Es necesario quitar el tapón de las acreditaciones con ofertas de empleo público.
La LOMCE sigue siendo uno de los caballos de batalla de CCOO. La contestación social logró parar algunas de sus iniciativas más espinosas, como que las reválidas tuvieran efectos académicos, pero otras han seguido adelante. El propio PP quiere ahora asegurar la Filosofía en la ESO tras arrinconarla en la LOMCE. ¿Qué otros aspectos urge modificar?
La presión social ha conseguido que el PP dé marcha atrás en algunas cuestiones. Pero, por mucho que se modifique, la LOMCE no tiene nada aprovechable, porque impone currículos más propios del siglo XIX que del XX, propugna un modelo selectivo y segregador, promueve el darwinismo educativo… Necesitamos una nueva ley que derogue la LOMCE. Mientras esto sucede, es necesario ir modificando otros aspectos, como se puede y debe hacer con la Filosofía y la Religión. La Religión tiene que estar fuera del currículo y del horario lectivo para dejar de ser evaluable.
Recientemente, algunas comunidades han tomado medidas para equilibrar la presencia de centros públicos y concertados. ¿Qué opina de estas iniciativas?
La libertad de elección de centros no aparece en la Constitución, es una construcción jurídica posterior que no está incluida en el artículo 27. Lo que sí se incluye en este artículo, y el PP ha despreciado en aras de la libertad de elección, es la programación general de la enseñanza. El artículo 27 de la Constitución dice que la programación general de la enseñanza es competencia de los poderes públicos, que, gestionando de forma eficaz los fondos públicos, han de establecer dónde hay que abrir aulas y dónde no. Junto a la programación de la enseñanza, deben garantizar que todos los centros sostenidos con fondos públicos cumplan las mismas condiciones, que estén sometidos a control social, que escolaricen a todo tipo de alumnado sin ningún tipo de exclusión. Por ejemplo, los centros que segregan por sexos no deberían estar sostenidos con fondos públicos, más allá de lo que diga una sentencia en mi opinión discutible. En cualquier caso, las administraciones públicas deben comprometerse a extender la red pública.
En la actualidad, además de la enseñanza privada y concertada católica, que utiliza la educación como un instrumento de reproducción ideológica, ha aparecido una nueva privada, también concertada, que concibe la educación como negocio. Me refiero a muchos de los colegios que han proliferado en parcelas de suelo público cedidas por los ayuntamientos de muchas comunidades y que están impulsados por empresarios provenientes del sector de la construcción y de servicios, ajenos al sector. Esta nueva concertada mira la educación como oportunidad de negocio.
Pese a las dificultades, Gobierno y sindicatos han alcanzado un acuerdo que, en educación, supondrá una oferta pública de empleo de carácter extraordinario de más 130.000 plazas docentes. ¿Es suficiente para recuperar el profesorado perdido durante los últimos años?
Para nada. Esta oferta obedece a otra demanda que es la de consolidar el empleo temporal. Durante los años de la crisis, la tasa de interinidad ha aumentado escandalosamente hasta llegar al 23,4%. Hoy, uno de cada cuatro profesores de la enseñanza pública está en situación de temporalidad y precariedad como consecuencia de la limitación de la tasa de reposición. Este acuerdo consolidará el empleo temporal y reducirá la tasa de interinidad al 8%, pero no recuperará el empleo perdido, que hemos cifrado en más de 30.000 docentes. Junto a la recuperación del empleo, un tercer reto sería la definición de plantillas de profesorado adecuadas a las necesidades del sistema. La ampliación de las plantillas es imprescindible para garantizar la atención a la diversidad del alumnado.
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Estamos trabajando para que el PAS y el PSEC se incorporen al acuerdo de consolidación de empleo
¿Qué modelo de consolidación docente defiende CCOO?
Uno que garantice que de verdad se lleva a cabo la consolidación. Para ello, se debe valorar la experiencia del profesorado hasta el máximo previsto en la jurisprudencia y modificar algunos aspectos del formato de la oposición, como reducir el temario y que los diferentes exámenes no sean eliminatorios. También pueden ser más prácticos. Lógicamente este modelo sería extraordinario y acotado en el tiempo. Además, habría que garantizar que los profesores y profesoras mayores de 55 años con una determinada experiencia, que no aprueben la oposición no se quedan fuera de las listas de interinos.
¿Cómo afecta a la universidad y al personal de servicios educativos y complementarios el acuerdo de consolidación de empleo público?
Aunque inicialmente no estaba incluido, tras mantener reuniones con diversos partidos políticos, hemos conseguido que en el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado el Personal Docente e Investigador de las universidades públicas se incorpore al acuerdo. Ahora estamos presionando para que pase lo mismo con el Personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades y el Personal de Servicios Educativos y Complementarios (PSEC) de los niveles no universitarios. Todavía hay tiempo para llegar a un acuerdo. Para nosotros, estos dos colectivos son tan prioritarios como el profesorado. No se entiende que una parte de los trabajadores del sector educativo sean precarios y otros no.
En el Congreso que la Confederación Sindical de CCOO celebrará los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio, Unai Sordo, actual responsable de CCOO de Euskadi, de 44 años, accederá a la Secretaría General Confederal. ¿Cómo afectará este relevo generacional a las estrategias sindicales de cara a los próximos cuatro años?
El equipo que termina ahora su mandato, encabezado por Toxo, ha hecho un enorme esfuerzo por situar al sindicato ante los nuevos retos. Hemos discutido y debatido en el Consejo Confederal el Código de Buenas Prácticas para erradicar algunos comportamientos reprobables producidos en el sindicato y, entre otras cosas, hemos llevado a cabo el proceso de Repensar el Sindicato, en el que hemos reflexionado sobre las nuevas realidades laborales y colectivos infrarrepresentados, como los jóvenes. En la Federación de Enseñanza, hemos ido más allá y hemos creado la Secretaría de Juventud y reforzado la Secretaría de Formación para llegar a los más jóvenes en los centros donde estudian. Además, CCOO se ha abierto a nuevas formas de participación de la afiliación en las convocatorias de movilizaciones, acuerdos, etc.
El nuevo equipo que encabeza Unai Sordo y que representa el relevo generacional de CCOO tendrá que coger ese testigo y llevar a cabo la renovación poniendo en valor estas apuestas estratégicas.
