A la pregunta sobre qué contenidos debería tener un pacto educativo, hay necesariamente que enlazar la respuesta a otros dos interrogantes: ¿qué educación queremos? y ¿qué valores sociales queremos transmitir? Es crucial saber de lo que estamos hablando y conocer las diferencias existentes para poder establecer un diálogo abierto y sincero. Las palabras terminan petrificándose con un uso indefinido, porque lejos de la etimología y de la experiencia que les dio origen, terminan adquiriendo un significado genérico que sirve para referirse a cualquier situación, elementos o propuesta. Cuando escribo la palabra “perro” me estoy refiriendo a todos los perros. ¿Y cuándo escribo la palabra “pacto”?
Un pacto es necesario porque daría estabilidad legislativa y financiera al sistema educativo, protegiendo a la educación de los vaivenes electorales. “En materia de educación hay que pensar en términos de generaciones y no de elecciones”, ha afirmado el ex ministro de Educación Ángel Gabilondo. Es imprescindible encontrar las coordenadas adecuadas para situarnos en los contenidos de un pacto de Estado que libere a la educación del azar electoral y de los intereses partidistas, económicos y religiosos. Es muy importante la voluntad política. Que las organizaciones implicadas no se desdibujen por intereses espurios y reconozcan que han de encontrar a través del diálogo las respuestas adecuadas que deben tejer el consenso imprescindible para un pacto de Estado por la educación.
La situación actual es compleja, por no decir que imposibilita un acercamiento entre posiciones antagónicas. Las reuniones que CCOO ha mantenido con el grupo parlamentario popular en el Congreso no han arrojado luz sobre las intenciones del Gobierno respecto a pactos o acuerdos. El Gobierno del PP lo fía todo a la subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados, que ya tiene su réplica en el Senado. Una estratagema para distraer a la comunidad educativa en caminos que no llevan a ninguna parte. Mientras, el Gobierno del PP sigue aplicando su modelo educativo a través de la Lomce, de los reales decretos que recortan la inversión en el sistema público y precarizan la profesión docente y con la Propuesta No de Ley para blindar la elección de centros, y con ello, los intereses empresariales y religiosos de la enseñanza privada.
La Proposición no de Ley relativa a “garantizar una oferta educativa plural”, presentada por el PP para su debate en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados, es una muestra más de que el Gobierno no tiene intención alguna de abandonar los principios rectores de su modelo educativo, que , como decíamos, se recogen en la Lomce, en los reales decretos que han esquilmado la educación pública española y en la defensa de la elección de centros por encima del derecho a la educación. Una vez, más el PP se alinea con la defensa de los intereses de la Iglesia Católica y de aquellos grupos económicos que ven en la educación un importante negocio para sus cuentas de resultados.
Si el Gobierno del PP no ceja en su empeño de confrontar modelos educativos, el desencuentro con la comunidad educativa va a marcar el próximo curso. La movilización y la presión sustituirán al diálogo y la búsqueda de consenso.
La exposición de motivos de la Proposición no de Ley es el relato histórico de una posición que los sectores más conservadores de la política española vienen sosteniendo desde hace más de un siglo y que la Constitución Española de 1978 no consiguió conjugar. La presión ejercida por el PP contra la escuela pública desde el gobierno de comunidades autónomas como Madrid y Valencia; y las decisiones de los gobiernos del PNV, en Euskadi, y de CIU en Cataluña de reconocer los conciertos educativos, blindando el procedimiento, incluidos los de aquellos centros que segregan por sexo al alumnado, han pervertido el concierto educativo, convirtiéndolo en una exigencia política e ideológica más allá de su papel originario: la subsidiaridad de la escuela pública.
Para el PP, el derecho a la libertad de enseñanza significa, ni más ni menos, el derecho a la elección de centros. La supuesta defensa de este principio lleva precisamente a la negación del mismo: frente a la libertad de elección de las familias, está primando la arbitrariedad de la elección del alumnado por parte de los centros. La familia elige al centro, pero el centro elige o no a la familia.
Por otra parte, el Gobierno del PP mantiene intacto el aparato legal que ha desestabilizado y carcomido el sistema educativo público, añadiendo dificultades ya denunciadas desde CCOO. Ni la Lomce y los decretos de Universidad, ni los reales decretos que han recortado la inversión pública, dejando a su suerte a cientos de miles de menores y que han precarizado la función docente deben, ni pueden, ser los cimientos sobre los que edificar el consenso educativo.
Es importante recordar que no se puede construir un pacto si antes no se atienden las reivindicaciones que ha venido demandando la comunidad educativa en estos años:
- Reversión de los recortes. Se han perdido más de 9.000 millones de euros en inversión educativa. Entre 2008 y 2014 los recortes en la inversión pública del Gobierno en educación le han costado a las familias casi 3.000 millones de euros.
- Recuperación del empleo. Se han perdido más de 30.000 docentes en la pública; 4.500 en la universidad; casi 10.000 entre el PAS de los centros educativos y el de universidad.
- Recuperación del poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores, que se ha visto mermado entre un 18% y un 21%. Recuperación de los derechos sociales y profesionales.
- Plan de choque para hacer frente a la pobreza educativa, que afecta a algo más de 2.700.000 niños y niñas. El 30% de los menores, según entidades como Save the Children, Unicef, Cáritas o Intermón-Oxfam.
Harán falta unas altas dosis de valentía y de voluntad política por parte del Gobierno para enderezar la situación del sistema educativo público que en este momento se dirige al conflicto.
¿Qué contenidos no deberían faltar en un hipotético pacto?
- Un sistema educativo vertebrado por el derecho a la educación, la equidad y la laicidad.
- La financiación. Recuperar en una legislatura el 5% de la inversión del PIB en educación y situar el objetivo alcanzar el 7%.
- Los derechos sociales, laborales y profesionales de los/as profesionales del sector. Revalorizar la profesión docente, elemento fundamental de una educación de calidad.
- Las políticas educativas que contemplen medias de inclusión y atención de los más desfavorecidos.
- La prevención del fracaso escolar y del abandono educativo temprano (AET).
- Un escenario nuevo de participación de la comunidad educativa, que incluya una revisión de la organización escolar (autonomía de centros; organización del tiempo, etc.)
- Una revisión rigurosa de la política curricular: objetivos, contenidos, metodología. Y de la actual jerarquía curricular.
- El respeto a la identidad de género y la orientación sexual del alumnado y el profesorado.
