De ahí la importancia del estudio sobre la exposición laboral al radón llevado a cabo por la Universidad de Santiago de Compostela, el Instituto de Radón de Galicia e ISTAS-CCOO.
La exposición al radón se produce debido a su presencia y acumulación en el interior de los edificios, tanto por las características geológicas del suelo del área geográfica en que se sitúan, como por las características propias que presentan y que determinarán tanto su existencia como su grado de acumulación, y, por tanto, su peligrosidad.
Según el mapa elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en nuestro país existen tres categorías en función del grado de probabilidad de verse afectados por este elemento. Determinadas zonas de Galicia, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha muestran niveles elevados de exposición. Además, hay que tener en cuenta las características propias de la edificación, puesto que en zonas aparentemente seguras también se han detectado niveles altos de concentración de radón.
En el estudio anteriormente citado comprobamos que en Galicia el 46 % de los lugares de trabajo analizados presenta un nivel alto de concentración de radón. En Madrid este porcentaje disminuye hasta el 11 %. Desde la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Enseñanza de CCOO hemos puesto el foco de atención en este asunto porque entre los resultados del estudio se desprende que el 23 % de los centros educativos estudiados presenta altos niveles de concentración de radón. Estos valores no solo se dan en sótanos, como cabría esperar, sino también en plantas superiores por la circulación del aire en el interior de los edificios. Esto supone que tanto el profesorado como el resto personal de los centros educativos, además del conjunto del alumnado, están expuestos a este agente cancerígeno, un problema que urge abordar y que está totalmente olvidado por las distintas administraciones educativas.
El 23 % de los centros educativos estudiados presenta altos niveles de concentración de radón
En este sentido, debemos señalar que en el año 2013 se aprobó la Directiva 2013/59/EURATOM, cuyo plazo de trasposición finaliza el 6 de febrero de 2018, fecha en la que nuestro país debe aprobarla, actualizando y rebajando los niveles de exposición de radón. Además, determina la exigencia de establecer un Plan Nacional de Radón. Esto se hace especialmente necesario en el caso de los centros educativos.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica la exposición al radón como cancerígeno del grupo I, el de los principales cancerígenos laborales. La Organización Mundial de la Salud señala que la exposición a Radón constituye la segunda causa de cáncer de pulmón tras el tabaco, por lo que, una vez prohibido el humo del tabaco en los centros de trabajo, representa el principal agente laboral conocido en relación a este tipo de cáncer. Por último, el Código Europeo Contra el Cáncer indica que se debe evitar la exposición a concentraciones elevadas de radón interior con el objetivo de reducir el riesgo de contraer cáncer de pulmón.
Determinadas zonas de Galicia, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha muestran niveles elevados de exposición
Desde la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de FECCOO exigimos al Gobierno que trasponga de manera inmediata la citada Directiva EURATOM, adecuando a la misma toda nuestra legislación. CCOO pondrá en marcha una campaña para informar y formar a nuestros delegados y delegadas, así como a todas las secciones sindicales, para que presionen e incluyan en las políticas de empresa la prevención a la exposición al radón como algo prioritario. Igualmente, y de la mano de los colectivos de madres y padres, nos dirigiremos a las administraciones educativas y les solicitaremos que realicen los estudios pertinentes para determinar los niveles de concentración de radón de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, y pongan en marcha planes de prevención que cumplan con la normativa vigente.
Es urgente abordar ya esta problemática y tomar las medidas necesarias para evitar que este agente cancerígeno suponga un riesgo para la salud de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, así como la de todas las alumnas y alumnos.
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