El nuevo Gobierno debe acometer estos retos con una aritmética parlamentaria complicada, que exigirá pactos con otras fuerzas políticas para aquellas cuestiones que deban ser sustanciadas en el parlamento.
Hay que destacar que la estructura del Gobierno presenta novedades en lo que atañe al ámbito educativo. La educación superior sale del Ministerio de Educación y pasa a estar encuadrada en un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuestión con la que hemos sido críticos, ya que el nuevo ministerio parece estar más orientado a considerar al sistema universitario en relación con el sistema productivo, descuidando el papel de las universidades en el ámbito educativo, en la creación de conocimiento y minusvalorando su función social. Ha habido experiencias anteriores que avalan nuestra preocupación.
Desde CCOO hemos situado ante el MECD retos a corto plazo y otros a más largo plazo. Entre los primeros, destaca la exigencia de derogar los RD 14/2012 y 20/2012 (donde se concretaban los recortes tanto para el sector educativo como para el conjunto del sector público), negociar un sistema transitorio de acceso a la función pública docente y proceder al desmontaje de las reformas educativas del PP (tanto la LOMCE como las medidas que han afectado a la educación superior). Para el medio plazo hemos situado la necesidad de abordar la elaboración de una nueva ley educativa que derogue la LOMCE y la negociación de un Estatuto Docente y de un Estatuto para el PDI.
Las primeras iniciativas del Gobierno evidencian una respuesta diferente de los ministerios en los que se encuadra la educación. Mientras el MECD ha puesto en marcha una iniciativa legislativa encaminada a derogar el RD 14/2012, el de Ciencia no ha tomado ninguna decisión en esa dirección, a pesar de las reiteradas demandas de CCOO.
Es evidente que hay un cambio de clima respecto a la interlocución con el Gobierno. Se han reunido las diferentes mesas, hemos mantenido encuentros con los principales responsables educativos de ambos ministerios y, en el ámbito de la Función Pública, se nos traslada el compromiso del actual Gobierno con los acuerdos suscritos para los empleados públicos. Pero no es menos cierto que el sindicato tendrá que emplearse con firmeza y rigor para avanzar en los objetivos propuestos: cambiar las políticas educativas, revertir los recortes y recuperar derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Hay que destacar que la estructura del Gobierno presenta novedades en lo que atañe al ámbito educativo
El planteamiento del MECD para derogar el RD 14/2012 manifiesta la voluntad política de revertir en parte los recortes del PP, que tanto daño han hecho a la educación y a las condiciones laborales de los/as trabajadores/as
del sector, pero presenta algunas insuficiencias que no podemos soslayar. Por un lado, llega tarde, ya que el formato decidido requiere tramitación parlamentaria, lo que implica que cuando esté aprobada la ley será de difícil implementación para este curso, con excepción de la cobertura de sustituciones que sí podrá tener efecto desde el momento de su aprobación. Consideramos que un RD hubiera tenido rango jurídico suficiente y hubiera podido ser aprobado por el nuevo Gobierno de forma urgente, de manera que sus efectos hubieran podido notarse desde este inicio de curso, también en lo que se refiere al horario lectivo del profesorado y a la reducción de las ratios.
Por otro lado, el RD 14/2012 tenía carácter básico, es decir, obligaba a todas las administraciones educativas sin excepción, con independencia de su situación respecto al objetivo de déficit. El texto legal preparado por el Ministerio no tiene carácter básico (salvo para la cobertura de sustituciones), sino que deja al albur de las comunidades autónomas la recuperación del horario lectivo del profesorado y la reducción de las ratios. No es de recibo que se reduzcan los derechos con carácter básico y se devuelvan con carácter disponible, lo que puede acabar redundando en mayores diferencias entre las CCAA. Así pues, una buena noticia que queda algo desdibujada en su concreción práctica.
Por lo que se refiere al sistema de acceso, hemos emplazado al MECD a abrir un proceso de negociación para definir un sistema transitorio. Algo a lo que el Ministerio no se ha negado, a diferencia del equipo anterior que había cerrado totalmente la puerta a esta posibilidad. Esta negociación debería enmarcarse en otra más amplia sobre el Estatuto Docente en la que abordáramos la formación inicial, el sistema de acceso a la función docente, el modelo de desarrollo profesional…
Las grandes cuestiones no tienen agenda aún. El Gobierno ha manifestado su voluntad de revertir los aspectos más regresivos de la LOMCE, pero no ha habido avances concretos en esta dirección, algo que para CCOO es imprescindible.
La negociación colectiva es un instrumento de primer orden en la recuperación de los derechos y del poder adquisitivo de los salarios. El acuerdo de los empleados públicos y el ANC son pasos en esa dirección. En la lógica de la lucha contra la precariedad, vamos a impulsar a nivel confederal una campaña, en todos los convenios, en favor del salario mínimo de 14.000 euros/año.
Desde la negociación y desde la presión, CCOO seguirá trabajando para cambiar las políticas educativas, revertir los recortes y recuperar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación.
