Es constitucionalmente imprescindible, por tanto, que exista una normativa legal que especifique lo más concretamente posible cómo interpretar y evitar lo que es una desigualdad y unas diferencias de oportunidades inaceptables.
Una Ley de Igualdad de Trato es fundamental para evitar las situaciones de discriminación que viven cotidianamente las personas que viven con una discapacidad, que son racializadas, que pertenecen a minorías, culturales o religiosas, etc.
La discriminación por orientación sexual, de género o familiar, además, se encuentra profundamente enraizada en nuestro sistema social, económico, religioso, cultural, lingüístico, emocional. El estigma que acarrean las minorías sexuales es más que milenario. Removerlo no solo implica establecer una igualdad teórica, sino que hay que acabar con siglos y siglos de prejuicios y con barreras calificadas de morales que justifican situaciones que no se tolerarían con otras causas de discriminación.
La LGTBIfobia tiene algunas características que la hacen muy difícil no solo de combatir, sino incluso de identificar o de sacar a la luz: las personas LGTBI en principio son invisibles, no siempre cuentan con el apoyo familiar, la discriminación pueden sufrirla en todos los ámbitos de su vida, su estigma es contagioso (es decir, puede sufrirlo cualquiera que se aproxime a estas personas) y se encuentra normalizado (se asume la responsabilidad de las agresiones por ser así), y, por último, la LGTBIfobia social inhibe al colectivo LGTBI de manifestarse libremente.
Por todo ello, necesitamos una serie de medidas que contemplen las especificidades de ese colectivo y de las discriminaciones que viven (los delitos de odio que más crecen, el principal motivo de acoso escolar, niveles elevadísimos de paro entre las personas trans…). Esas medidas han sido recogidas en una proposición de Ley que redactó la FELGTB con el apoyo de numerosas organizaciones. En ese proyecto, por ejemplo, se contemplan medidas imprescindibles que protegen derechos fundamentales como:
- Autodeterminación del género.
- Despatologización de las identidades trans.
- Prohibición de terapias de reconversión.
- Prohibición de intervenciones quirúrgicas no imprescindibles en bebés intersexuales.
- Igualdad de derechos de filiación para la descendencia de parejas de mujeres.
- Formación en diversidad sexual y de género para docentes, personal sanitario, judicial, cuerpos y fuerzas de seguridad, ejército, etc.
Un proyecto de ley que ha sido apoyado por las principales organizaciones sociales de nuestro país. Por supuesto CCOO, pero también UGT, AI, Fundación ONCE, Cermi, CNSE, CJE, etc. Que también fue apoyado sobre el papel por todos los grupos políticos, que firmaron un compromiso para poder participar en la manifestación del World Pride, pero que ahora permanece incomprensiblemente ralentizado en su proceso de tramitación en la Comisión de Igualdad del Congreso. Se trata de una oportunidad histórica que podría poner a España en la cabeza de los derechos LGTBI en el mundo, y los partidos deberían dejar de lado cualquier consideración de índole partidista o electoral. Porque de lo que hablamos es, ni más ni menos, que de Derechos Humanos.
