La escuela pública, como el elemento más importante dentro del sistema educativo, posibilita una oferta de puesto escolar gratuito para todas las personas, superando formas de acceso o selección encubiertas. Un acceso al aprendizaje común, y no discriminatorio, para todos los y las estudiantes, integrando por igual a todas las personas independientemente del estatus socioeconómico de su familia. Y una igualdad de resultado, al posibilitar rendimientos similares entre el alumnado de distinto género y procedentes de clases sociales y culturas diferentes.
La educación pública es el motor más importante para el desarrollo social, económico y cultural de la sociedad española. Debe tener una atención prioritaria en los programas de todos los partidos políticos (tanto de izquierda como de derecha) y en la política educativa del Estado. Y debe vertebrar social, cultural y territorialmente a nuestro país, afrontando los nuevos retos del siglo XXI desde un nuevo paradigma que debe combinar de manera equilibrada:
- La función de integración social. La escuela pública permite la convivencia de diferentes clases y grupos sociales, desempeñando un importante papel de integración e inclusión.
- La función de interacción e inclusión intercultural. Dando respuesta a los retos que representa una inmigración de dentro y de fuera de las fronteras europeas.
- La función interterritorial y europea. Respondiendo a la necesidad de cohesión social, solidaridad y nuevos espacios de colaboración. La función interterritorial facilita la vertebración efectiva del sistema educativo.
- La función de laicidad. Convierte a la escuela pública en la casa común, el lugar donde se construye lo que nos une, convirtiendo en riqueza aquello que nos hace diferentes, respetando la libertad de conciencia, creencias o no creencia. Y satisface las necesidades educativas de todo el alumnado independientemente de su creencia religiosa, cultura, lengua o etnia. Que acepta el pluralismo religioso, filosófico, ideológico, político y moral de la sociedad.
- La participación. Por una parte, la escuela pública posibilita la participación del alumnado, las familias y el profesorado en un proyecto común. Por otra, el objetivo de una sociedad de ciudadanos y de ciudadanas empieza en la escuela pública, educando en la participación y facilitando vivir y experimentar la democracia.
- Democrática. La educación pública debe tener como uno de sus principales objetivos el que los y las estudiantes vivan y compartan los valores democráticos en los que se asienta la convivencia pacífica de todos los ciudadanos y ciudadanas. Una escuela pública participativa y democrática es la mejor garantía de una educación para la ciudadanía.
Esta combinación de funciones sobre la que se fundamenta el presente y el futuro de la solidaridad y la convivencia democrática de la ciudadanía, no puede ser satisfecha por la iniciativa privada, ni por la definición de sus objetivos ni por su propia razón de ser: sus propios intereses.
La educación obligatoria es el campo más importante en la política educativa del Estado para garantizar el derecho a la educación y la cohesión social. En ese contexto, en el caso de las escuelas privadas concertadas y no concertadas, su ánimo de lucro les impide ser interclasistas, ya que prima el estatus socioeconómico. En cuanto a la mayoría de las escuelas privadas concertadas, tendrían que prescindir de cualquier tipo de ideario confesional para poder acoger a un alumnado cada vez más diverso, que impida la exclusión o discriminación de derecho y también de hecho.
No obstante, reconocemos la contribución de la escuela concertada más comprometida socialmente que, en el marco de determinadas garantías, ha resuelto necesidades de escolarización y debe seguir cumpliendo determinadas condiciones, como escolarizar a todo tipo de alumnado, o estar sujeta a un estricto control del régimen de conciertos para tener el reconocimiento educativo necesario por parte de la sociedad[1]. Entendemos, por tanto, que el resto de centros que quieran ser sostenidos con fondos públicos tienen que responder a los postulados aquí enunciados, garantizando la gratuidad de las enseñanzas y respetando el derecho a una educación de calidad para todos y todas. Sin exclusiones.
“Defender hoy la escuela pública significa apostar por ella en la escolarización de nuestros hijos e hijas, colaborar con los centros escolares, ejercer control social sobre ellos, exigir a los gobiernos el apoyo al sistema público y la rendición de cuentas de su gestión.
Todo ello exige anteponer el bien común a los intereses individuales por el convencimiento de que es la única forma de garantizar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas desde la búsqueda de la equidad”[2].
