Cuando la Primavera Árabe azotó Bahréin, la población volvió a exigir derechos básicos, como ya había hecho década tras década durante 60 años. En 2011 Bahréin vivió la mayor revolución de su historia en cuanto a recuperación de derechos. El 14 de febrero fue la fecha elegida por quienes luchaban por la libertad para empezar a reunirse y manifestarse en defensa de sus derechos fundamentales. Entre ellos había tanto docentes como estudiantes, pues se trataba del periodo de vacaciones académicas de mitad de año (dos semanas de descanso entre los dos semestres), y los centros académicos estaban vacíos. La movilización fue impresionante a pesar de los cierres vacacionales.
Cuando empezaron las reuniones, las y los docentes participaron de forma individual y no como organización pero, al tensarse la situación, pidieron a sus representantes que hablaran en su nombre, especialmente después de que el ejército tomara Pearl Square. Las tropas asaltaron la plaza a las 3:00 de la madrugada, mataron a varios manifestantes, hirieron a otros y arrestaron a bastantes más. La BTA invitó a sus miembros a participar en una sentada de dos horas a las puertas de una escuela para protestar contra el uso arbitrario y excesivo de la fuerza ante los manifestantes pacíficos de Bahréin reunidos en dicha plaza.
Huelga de tres días
Anteriormente, el presidente de la BTA había pedido al ministro de Educación, sin éxito, que pospusiera la vuelta a las aulas hasta que todo se calmara. Como la situación empeoraba, la BTA continuó con la sentada y envió un fax, aún sin respuesta, para informar al ministro de Educación. Esta sentada demostró por primera vez la influencia de la BTA. El poder del movimiento docente pilló por sorpresa al Ministerio de Educación. Así, el 20 de febrero de 2011, el presidente de la BTA anunció una huelga de tres días para protestar por las amenazas proferidas por las autoridades contra docentes y estudiantes. Miles de profesores y estudiantes se concentraron en Pearl Square y se organizaron reuniones y clases en tiendas de campaña.
A modo de represalia, el ministro de Educación empezó la meticulosa destrucción del sistema educativo de Bahréin. Desde el primer día de huelga, comenzó a movilizar a los que denominaba “voluntarios” (empleados con sueldo, en realidad). El ministro también se refería a ellos como “salvadores de la educación”. Se aceptaba a cualquiera como docente voluntario, con independencia de sus cualificaciones o competencias. El caso más famoso fue el de una mujer mayor a la que aceptaron a pesar de no saber leer ni escribir. “Contaré a mis estudiantes historias que conozco”, explicó cuando la entrevistaron en la televisión nacional. Otro ejemplo conocido fue el de un director escolar acusado y despedido por los tribunales a raíz de un caso de “acoso sexual” a una alumna. La mayoría solían ser demasiado jóvenes para ejercer la docencia y no contaban con título de educación secundaria. Un porcentaje eran estudiantes universitarios; otras, amas de casa que acudían a impartir clase con sus bebés. ¡En mi escuela eligieron a una chica que no había conseguido terminar el 6º curso para impartir inglés en 4º curso! El número de voluntarios es muy alto y ya alcanza las 6.000 personas. El ministro de Educación anunció que estaban listos para reemplazar a los docentes en huelga en cualquier momento. La Administración parecía no estar preocupada por lo que implicaría todo esto para la calidad de la enseñanza. El deterioro de la educación se reflejaba en los resultados y el nivel de los estudiantes.
Represalias
El 24 de febrero de 2011 la huelga terminó y todos los docentes volvieron a las aulas. Las escuelas no eran iguales que antes. Estaban repletas de gente sin relación alguna con la docencia. Los docentes cualificados se vieron obligados a formar a estos denominados voluntarios para que les reemplazaran en caso de futuras huelgas, hecho al que la mayoría se negó. Así empezó el hostigamiento. Se organizaron ilegalmente comités disciplinarios que cuestionaban la participación de los docentes en la huelga de tres días. Las sanciones eran estrictas. Hubo más de 120 despedidos, docenas de personas suspendidas durante tres meses y miles con suspensiones de 10 días y recorte salarial. A otros se les envió a comisarías de policía tras las quejas firmadas por el ministro. Muchos descubrieron por la prensa que los tribunales les habían absuelto, sin notificación formal alguna.
En tanto, los miembros del consejo de la BTA fueron perseguidos y arrestados. Lanzaron al presidente de la BTA desde el segundo piso de un edificio y después le dieron una paliza. Como vicepresidenta de la asociación de docentes, me arrestaron al amanecer, cuando 50 agentes de seguridad irrumpieron en mi casa y me sacaron de la cama con un arma apuntándome a la cabeza. La última frase que escuché fue: “No te preocupes, somos de la policía”. Los medios de comunicación iniciaron su campaña de propaganda en la que describían a la BTA y sus líderes con los peores adjetivos posibles. Emitieron varios programas en televisión para lavar el cerebro a la gente con respecto a la labor de la BTA. El subsecretario de Educación llegó a afirmar en televisión: “Nos ha invadido la plaga de la llamada Asociación de Docentes”. La BTA quedó ilegalizada y sigue inactiva como organización profesional desde entonces, a pesar de las intervenciones de la Organización Internacional del Trabajo.
La Internacional de la Educación ha denunciado hace poco el uso de material pedagógico sesgado que desacredita a los activistas que luchan por los derechos humanos. El currículo que se emplea en todas las escuelas de Bahréin pide a las y los estudiantes de entre 15 y 18 años que expresen su opinión sobre “los actos de sabotaje y las actividades criminales contra el reino perpetrados en 2011”. Este intento evidente de politización de la educación pública implica grandes riesgos de una futura victimización y represalias contra estudiantes y docentes, en función de la naturaleza de las respuestas proporcionadas ante estas preguntas. Es probable que esto estigmatice, aísle y excluya aún más al profesorado, a quien se priva de su derecho a volver a trabajar como lo que es.
En 2011, con su primera huelga, las y los docentes se enfrentaron a los peores días de su historia. El presidente y la vicepresidenta de la BTA fueron torturados, arrastrados ante un tribunal militar y enviados a la cárcel con penas de diez y tres años, respectivamente. La sentencia de un tribunal de apelación redujo las penas a cinco años y seis meses. Ambos fuimos despedidos y seguimos luchando por los derechos de las y los docentes y para recuperar la BTA. Cientos de estudiantes y numerosos docentes continúan en prisión. El 15 de enero de 2017 un docente y un estudiante fueron ejecutados a pesar de la existencia de un certificado que indicaba su presencia en la escuela cuando se cometió el acto en el que se acusaba al profesor de haber participado.
(*) Jalila Al-Salman es fundadora y vicepresidenta de la Asociación de Docentes de Bahréin. También ocupa el cargo de Coordinadora general del Observatorio para los Derechos Humanos de Bahréin y lucha activamente por defender los derechos humanos de docentes y estudiantes, sobre todo de los encarcelados por motivos políticos. Ha pasado tres veces por la cárcel por su trabajo como sindicalista, y ha ganado varios premios nacionales e internacionales que reconocen su compromiso por fomentar los derechos humanos y sindicales.
