Nos referimos no solo a la provisión privada, sino también a la transferencia de diferentes aspectos de la educación pública (activos, gestión, financiación, funciones o responsabilidades) a agentes privados, así como a la aplicación de normas, valores y lógicas del sector privado (como la libertad de elección y la competición) a los procesos educativos y pedagógicos. Las tendencias privatizadoras son múltiples y están interconectadas.
En general, la privatización se suele presentar como una solución técnica para gestionar los recursos de manera más eficiente, cuando en realidad forma parte integral de una ideología con consecuencias claras en la gobernanza económica y social, que incluyen la eliminación sistemática de mecanismos de protección de los derechos humanos y una mayor exclusión de las personas más marginalizadas1.
En el caso de la educación, la evidencia demuestra que la privatización crea y exacerba las desigualdades. También empeora las condiciones de trabajo del personal docente contribuyendo a su desprofesionalización y erosiona la toma de decisiones democrática, con la participación creciente de actores privados en el diseño de políticas educativas. Además, los supuestos beneficios en términos de eficiencia y mejora en la calidad de la educación no han sido aún demostrados2.
El negocio de la educación
El mercado de la educación está valorado en unos cinco billones de dólares anuales y es considerado “el último panal de miel de Wall Street”. No es de extrañar que un número cada vez mayor de actores privados quieran acceder a este lucrativo mercado y obtener unos beneficios sobre los que no existe control. En concreto, la educación digital presenta una de las mayores oportunidades de negocio –difícil de fiscalizar y regular por su constante cambio– y se presenta, a su vez, como la panacea para cerrar las brechas de acceso a la educación.
Pero, además de los actores no estatales, importantes organismos internacionales promueven actualmente políticas privatizadoras que cuestionan el concepto mismo de lo público. Las agencias de Naciones Unidas perciben ahora la educación como un bien común (en oposición a un bien público) cuya privatización y comercialización se presenta como la alternativa necesaria para alcanzar su acceso universal3. Así, el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 4 de la ONU: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, está siendo reinterpretado a través del ODS17 (Alianzas para lograr los objetivos) para legitimar y expandir las alianzas público-privadas y los modelos educativos de bajo coste4.
La privatización está siendo promovida también a través de la ayuda al desarrollo por organizaciones transnacionales como la Alianza Mundial para la Educación (AME) y las agencias de cooperación de los países desarrollados, como DFID en Reino Unido. Dinero público es transferido a actores privados e incluso a fondos bursátiles de capital riesgo. Un ejemplo reciente, y alarmante, es el Fondo de Resultados de la Educación (EOF por sus siglas en inglés)5. Esta ayuda al desarrollo se supedita al llamado “enfoque basado en los resultados», un principio mercantil de por sí antitético a la consecución de una educación de calidad.
Necesidad de una respuesta mundial
Consciente de la dimensión de este fenómeno y de la amenaza que representa, la Internacional de la Educación (IE)6 decidió en 2015 implementar, a escala mundial, una estrategia político-organizativa de respuesta frente a la rápida expansión del sector privado con fines de lucro en la educación. Durante este tiempo, la campaña mundial ha dejado su impronta en 17 países de los cinco continentes. Se han realizado 19 proyectos de investigación7. Se ha movilizado a miles de miembros y se ha llegado a millones en medios sociales. Una presencia directa de la campaña resulta ahora patente en Uganda, Kenia, Nigeria, Liberia, Costa de Marfil, Filipinas, India, Nepal, Fiji, Australia, Brasil, Uruguay, Perú, Argentina, Honduras, Marruecos y Grecia.
La recolección y difusión de información a través de investigaciones independientes, la implementación de estrategias de comunicación basadas en la evidencia producida y, sobre todo, la solidaridad internacional y la unidad de acción sindical, han sido claves para el éxito de la campaña hasta el momento. Como docentes, como sindicatos de la educación, nuestra aportación es clave en el marco de esta disputa ideológica. Teniendo en cuenta lo que está en juego, la lucha contra la privatización es una de las causas más nobles de las que podemos formar parte. En ocasiones, esta lucha puede ser desalentadora considerando la magnitud de las fuerzas a las que nos enfrentamos, pero siempre es posible encontrar inspiración en cada una de nuestras victorias, grandes o pequeñas.
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OCDE, 2014. Waslander et al., 2010.
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Si bien no existe una definición unívoca del modelo educación de bajo coste (más conocido como LFPS por sus siglas en inglés), se suele considerar que la categoría comprende cualquier escuela establecida y controlada por un individuo o un grupo de individuos, con fines de lucro, y que resulta asequible para familias de bajos ingresos (Phillipson, 2008).
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La IE es la federación sindical educativa mundial que representa a más de 30 millones de educadores y educadoras en todo el mundo. Tiene 398 afiliadas en 173 países.
