A pesar de que la preocupación por la baja densidad –y, por tanto, el avance de la despoblación en grandes territorios de nuestro país y en otras muchas regiones europeas– se ha situado como prioritaria en la agenda política, es evidente que, hasta el momento, el problema no se está solucionando de manera satisfactoria.
El concepto de ruralidad
Para centrar el tema en el ámbito educativo rural de nuestra comunidad autónoma, referiré algunas de las consideraciones recogidas en el último informe disponible del Consejo Escolar de Castilla y León, que, bajo el epígrafe de “Aspectos demográficos y factores de especial incidencia”, señala la importancia de las singularidades del contexto para analizar la relación entre el sistema educativo, sus procesos y los resultados obtenidos. Así pues, afirma que “factores relevantes como la población, su evolución y distribución geográfica, así como su grado de dispersión, las migraciones y desplazamiento de la población, condicionan las políticas educativas, afectan a las necesidades de escolarización y repercuten en numerosos aspectos educativos de nuestra Comunidad Autónoma”.
La población total en Castilla y León, con 2.454.870 habitantes a 1 de enero de 2016, ha experimentado una disminución de 23.209 personas respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata de una bajada que ratifica una tendencia iniciada a comienzos de esta década. En 2016, se situaba como la comunidad autónoma con los mayores descensos relativos con respecto al año anterior. Hay que señalar que la pirámide de población de Castilla y León muestra una estructura envejecida. Las previsiones de crecimiento de la población en nuestra comunidad, según los datos proyectados por el INE para el periodo 2014-2029, estiman una disminución de la población del 9%, lo que nos situará como la comunidad de menor crecimiento del panorama nacional. Además de esta situación, y en lo que se refiere a aspectos económicos, la crisis provocó una caída en picado de las cuantías de los presupuestos de educación que afectó a todo el sistema educativo. Así visto, el Consejo Escolar de Castilla y León consideró necesario que, dada la preocupante realidad demográfica, tanto las instituciones y las administraciones, como el conjunto de la sociedad de la región, deberían abordar con urgencia y profundidad el análisis y el debate del papel que la educación debe y puede jugar en el desarrollo sostenible, para transformar la actual tendencia de despoblación y abandono del medio rural.
CCOO defiende el concepto de “ruralidad” para atender de forma singular la idiosincrasia del ámbito educativo rural: formación inicial y permanente específica para el profesorado de este contexto educativo, así como incentivos para permanecer en los puestos de centros rurales. Hemos propuesto también la creación de observatorios de la escuela rural en las distintas comunidades autónomas, que podrían adscribirse a los consejos escolares regionales.
Solicitamos ser informados por la Administración sobre las políticas de asentamiento, agenda de población, programas de desarrollo rural, ordenación del territorio y de los servicios públicos como el de la educación, para contribuir mejor a la solución de problemas y los retos del futuro.
Fórmulas y medidas
En las zonas rurales de Castilla y León, atendiendo a la demanda social, se han desarrollado fórmulas de escolarización y estrategias educativas específicas, como son los centros rurales agrupados (CRA), los centros de innovación educativa (CRIE), los centros de Educación Obligatoria (CEO), los institutos de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) y la continuidad de centros de Educación Infantil y Primaria (escuelas unitarias) en este curso con un mínimo de tres estudiantes. Se han modificado los servicios de comedor, de transporte escolar (compartido para transporte ordinario) y de residencia, así como los distintos programas de enseñanza a distancia.
Vemos, por tanto, la fortaleza del vínculo con un modelo socioeducativo que implica a la vez la defensa de un modo de vida a punto de extinguirse. Nunca se definieron, entre otras cuestiones, zonas escolares en Castilla y León, con lo que las rutas de transporte han sido siempre algo problemático y coyuntural. Asimismo, se precisaría de una dotación de plantillas suficiente y la atención a la diversidad.
Las 73 medidas iniciales se redujeron a 55, y siguieron sin contemplar acciones significativas para el ámbito educativo
La Comunidad de Castilla y León aprobó en 2010 la llamada “Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020”, según acuerdo 44/2010, de 14 de mayo, en la pretensión, entiendo yo –después de leer con detenimiento el documento y los informes de seguimiento–, de “alterar” el curso de las predicciones nefastas del INE para el crecimiento vegetativo de Castilla y León en los próximos años… Las medidas propuestas y las medidas “compuestas” no eran significativamente relevantes en el sector educativo del ámbito rural más allá de “desiderátum”. El citado acuerdo fue modificado por el acuerdo 44/2017, de 31 de agosto.
En esta modificación se reducen las medidas a adoptar para adaptarse “a la vigente situación económica y social”. Las 73 medidas iniciales se redujeron a 55, y siguieron sin contemplar acciones significativas para el ámbito educativo, además de ser un cajón de sastre en el resto de sus planteamientos y resultados recogidos en el último informe de seguimiento.
CCOO Enseñanza está comprometida con el sostenimiento de los centros educativos públicos del ámbito rural, que precisan de una consideración específica por parte de la Administración para ser debidamente atendidos. Esperamos que el nuevo Gobierno autonómico tenga en consideración las propuestas que ya presentamos en el documento La educación que queremos en Castilla y León y que invitamos a consultar en la página www.feccoocyl.es.
