A través del Plan Nacional de Reformas remitido al ECOFIN del Consejo de Europa y a la Comisión Europea, el anterior Gobierno del Partido Popular (PP) ya se comprometió explícitamente en 2018 –no es, por tanto, un pronóstico de lo que podría pasar, sino un compromiso político adquirido– a reducir el porcentaje del PIB en Educación a un 3,8%, cifra que fue recogida expresamente en el Plan Presupuestario enviado por el último gobierno del PP a Bruselas. Un sistema educativo público y de calidad necesita una financiación suficiente y adecuada. Pero, tan importante como la inversión es la intencionalidad política que define los fines que pretendemos y los objetivos que le atribuimos. Un sistema, basado en la equidad y la inclusividad como principios, que desarrolle instrumentos y acciones dirigidos a compensar las desigualdades y a garantizar una educación de calidad para cualquier persona, requiere un esfuerzo económico notable, garantizando que las desigualdades de origen no impliquen nunca una desigualdad en las oportunidades educativas.
El retorno exponencial, en términos de progreso, bienestar y cohesión social, es impagable para cualquier país. Sin embargo, cada euro que se ha invertido en implantar una contrarreforma educativa, como la LOMCE, ha servido para generar exclusión, selectividad, segregación y desigualdad social, y eso es, sin duda, lo más costoso de todo cuanto podamos considerar para cualquier sociedad. El gasto público educativo, entendido como inversión, debe ser suficiente, sostenido y equitativo. Tiene un incalculable caudal de vuelta en desarrollo, también económico, convivencia pacífica, cohesión social y justicia, en sociedades modernas como la nuestra. Suficiente para alcanzar el cumplimiento de los objetivos propios de una sociedad avanzada que se reclama como sociedad de conocimiento y en la que la educación ha pasado a ser un derecho a ejercer a lo largo de la vida. Sin embargo, esta ha sido la evolución del gasto público educativo medido en porcentaje del PIB: En 2016 ya habíamos superado la cuantía del PIB de 2009 y los recortes en educación se mantienen.
La inversión no ha sido una prioridad para los gobiernos del PP. Hay que señalar que, a partir de 2000, la sociedad española ha atendido a los aproximadamente 800.000 hijos e hijas de inmigrantes que han ido llegando a nuestro país contribuyendo a nuestro crecimiento económico, y para ellos la educación ha sido un derecho efectivo, en buena medida. En esas mismas fechas, ha llegado al Bachillerato y la FP de Grado Medio y Superior el alumnado que, desde 2000, había sido escolarizado al 100% hasta los 16 años cursando la ESO, lo que ha significado incrementos en la tasa de escolarización en las edades y etapas postobligatorias. Se ha universalizado, además, la educación en el tramo de 3 a 6 años e igualmente se ha incrementado la escolarización en el tramo 0-3 de Infantil. Los años iniciales de la crisis han coincidido con un aumento significativo del alumnado escolarizado, lo que hace que los recortes se hayan incrementado aún más si se miden en términos de inversión por estudiante.
Sostenido
La garantía que los poderes públicos deben hacer del derecho a la educación, de acuerdo con nuestra Constitución, se debe llevar a cabo “mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”, según el art. 27.5 de la Constitución. Sin embargo, esta ha brillado por su ausencia, con la excepción de los programas, acordados entre el MECD y las CCAA, para la aplicación de las medidas recogidas en la LOE, cuya financiación figuraba en la memoria económica de esta ley. El anterior gobierno de la derecha, en este caso ha aludido a la “demanda social” (art. 109.2 de la LOMCE) para vaciar de contenido este instrumento fundamental de la actuación de los poderes públicos, supeditando el derecho universal a la educación a la selección que, de hecho, hacen los centros educativos concertados de un alumnado homogéneo, desde el punto de vista socioeconómico. Ello no ha impedido que, desde el último gobierno del PP, se hayan “programado” recortes en el gasto público educativo, que, en este caso, se han ido cumpliendo sin problema, en beneficio de los centros privados.
Equitativo
La evolución de las distintas partidas del gasto público educativo no ha sido la misma. Las más equitativas, como becas o la educación compensatoria, siguen sin recuperarse; pero las menos equitativas, como las destinadas a financiar los conciertos (en su inmensa mayoría en zonas de poder adquisitivo por encima de la media), apenas han sufrido recortes.
Sin embargo, el profesorado de la enseñanza concertada sí ha sufrido la política de recortes salariales del PP, equiparables a los de la pública, mientras creció globalmente el gasto público en conciertos en algunas CCAA, condicionando el resultado final. En concreto, este aumentó en Murcia, Madrid, La Rioja, Cantabria o Asturias, lo que implica que, mientras con carácter general se recortaba profesorado y unidades en la enseñanza pública, en esas comunidades concretas crecían las unidades concertadas rompiendo el equilibrio escolar entre redes. Los recortes y la inequidad en el gasto son una cara de la moneda. La otra es la cesión de bienes, como el suelo púbico, a entidades privadas; las desgravaciones fiscales importantes por gastos escolares como el uniforme escolar, casi en exclusiva a quienes van a centros privados; la asignación de “becas y ayudas” que pueden percibir familias con rentas muy elevadas, por carecer de requisito económico, etc. Y, además, la falta de transparencia para poder conocer el verdadero alcance de estas medidas. ¿Y cuál ha sido la evolución del gasto privado en educación? Según el MECD:
Estas son algunas de las valoraciones del estudio Cuentas de la educación en España, 2000-2013. Recursos, gastos y resultados, de F. Pérez García y E. Uriel Jiménez (Dir.), para la Fundación BBVA, en 2016, sobre este asunto: “El gasto privado por habitante ha crecido sobre todo en los años de crisis, logrando avances en el conjunto del período del 40% (pág. 111). En fuerte contraste con esta evolución, el gasto privado crece un 9% en estos mismos años, compensando en parte la contracción del gasto público (págs. 129-130). La distinta evolución del gasto público y privado en las actividades de educación reglada ha producido cambios en el peso de ambos sectores institucionales en el gasto total. Aunque la importancia del sector público es siempre mayoritaria, su peso en el gasto creció primero desde el 71,1% de 2000 hasta el 73,4% de 2009, para retroceder hasta el 61,8% en 2013. El peso del gasto privado, complementario de las cifras anteriores, representa pues en la actualidad el 38,2% del total, la cifra mayor de toda la serie considerada (pág.129).
La cifra de gasto privado supera a la de todos los grandes países europeos continentales considerados, mientras que la de gasto público es inferior a todos ellos, excepto Italia”. Actualizando los datos a 2014, último año con datos oficiales, y tomando el gasto privado de 2008 como 100, en 2014 estábamos en el 142,3, es decir, un incremento del 42,3%. De toda la UE, solo Reino Unido está levemente por encima en el porcentaje que supone el gasto privado en los niveles no universitarios; y solo Reino Unido, Italia y Portugal, en el nivel universitario. En los países desarrollados, el gasto privado en educación no es importante: se asume que es en los centros públicos en donde se hace país, se comparten los valores sociales y se incorporan críticamente a la sociedad, en un contexto que busca la igualdad de oportunidades.
España necesita situarse en la media de los países más avanzados de la Unión Europea invirtiendo en educación un 5% en una legislatura, con el compromiso a medio plazo del 7%, trasladando ese incremento al gasto por estudiante en todos los territorios. El Ministerio de Educación cumpliría así una de sus obligaciones fundamentales: ser el elemento básico de compensación de las desigualdades territoriales, para lo cual ha de vincular esa subida a programas y proyectos socialmente debatidos, con objetivos y prioridades, que respondan a las necesidades educativas compartidas por toda la sociedad.
