El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha presentado el informe Stepping Up. Refugee Education in Crisis, en el cual muestra el desolador panorama –a pesar de que se han incrementado las cifras respecto de la última medición entre uno y dos puntos porcentuales en cada ítem–, a la vez que hace un llamado a gobiernos, organizaciones públicas y del ámbito privado a mejorar el acceso a la educación para las personas refugiadas, pudiendo alcanzar así el objetivo de igualar los datos en primaria y secundaria, y aumentar al 15%, al menos, el acceso a la enseñanza superior.
“Este fallo en mejorar la provisión de educación secundaria para menores refugiados no solo impide su acceso a la educación y capacitación superior, técnica y vocacional. Además de sus innumerables beneficios, la educación es fundamentalmente protectora. Los niños y las niñas en la escuela tienen menos probabilidades de estar involucrados en trabajo infantil o actividades delictivas, o ser vulnerables ante pandillas y milicias. Además, es menos probable que las niñas sean obligadas a contraer matrimonio o a tener embarazos precoces, pudiendo así estudiar y socializar en espacios seguros”, sostiene Filippo Grandi de ACNUR.
Así mismo, si la situación no cambia, la comunidad internacional tendrá serios problemas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS4, pero afectando a todos aquellos que tengan que ver con la erradicación de la pobreza, la promoción del trabajo decente y la reducción de la inequidad y la desigualdad. “Invertir en la educación de las personas refugiadas es un esfuerzo colectivo que tendrá recompensas para todos y todas, pero que requiere de la participación de todos los niveles de la sociedad para obtener las mayores ganancias”, añadió Grandi.
Propuestas y acción
Una de las iniciativas que plantea el informe para mejorar las oportunidades de acceso a la educación secundaria para personas refugiadas, que ya ha tenido pruebas piloto en Kenia, Ruanda, Uganda y Pakistán, propone la inversión en profesorado y en centros educativos, además de buscar la forma de fomentar la continuidad del estudiantado y la ayuda económica para sus familias, lo que no solo va en beneficio de las comunidades migrantes, sino de toda la sociedad.
El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2019 de UNESCO afirmaba que “En muchos países, el temor a una urbanización insostenible y al desequilibrio entre zonas urbanas y rurales ha suscitado políticas encaminadas a reducir la migración, lo que puede menoscabar en ciertos casos el acceso de los migrantes a la educación”, explicando, además, que uno de los principales obstáculos vigentes para el acceso a la educación de las personas migrantes, pese a los esfuerzos internacionales, es el que tiene relación con la solicitud de documentación u otros requerimientos burocráticos.
Por ello, último documento presentado por ACNUR concluye con una serie de llamadas a la acción. A los gobiernos pide que incluyan a las personas refugiadas en el sistema, facilitando el acceso y destinando recursos y políticas para que eso ocurra, sin dejar de lado a las comunidades de acogida. A los centros educativos, para que habiliten programas lingüísticos de integración para el alumnado inmigrante, abrir las vías de comunicación con las familias y preparar al profesorado. A las universidades, para que ofrezcan becas y programas específicos. También pide a las empresas y donantes para que instauren vías de financiamiento y abran posibilidades formativas para alumnado y profesorado.
