Nadie se atreve, sin embargo, a desarrollarlas poniendo los recursos necesarios para llevar a cabo las palabras tan bonitas que, a veces, sostienen. Tomemos de ejemplo el Preámbulo de la LOMCE que empieza diciendo: “El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación”. Lo triste es que se quedan simplemente en eso, en palabras.
Con las mismas leyes estatales, hay comunidades autónomas que han regulado ratios, horas de coordinación del profesorado, espacios, currículo y medidas de atención a la diversidad, de forma que contribuyan a la mejora de la atención y educación de las nuevas generaciones. Todavía quedan muchas reformas pendientes ante las necesidades que surgen y no todos los dirigentes políticos tienen la misma disposición para solventarlas.
Tradiciones de la Consejería de Educación
El Gobierno de la Comunidad de Madrid se ampara en normativa de los años 90, en que la masificación, el “sálvese quien pueda” y la no personalización educadora son protagonistas. Se siente orgulloso invirtiendo en medidas segregadoras, como sus programas de “excelencia” del bachillerato –olvidando a los demás– o en su programa estrella del falso bilingüismo, con el que no va a conseguir que los muchachos/as hablen inglés como si fueran nativos y sí que muchos alumnos/as fracasen, escolar y emocionalmente, por no tener recursos externos que complementen esa formación. Por no hablar de la incultura que les está generando en castellano.
Invierte, asimismo, en pautar cansancio inútil. Cada vez atiborra más a los docentes con informes, actas, y papeles que conllevan una burocracia infinita, a sumar a la que ya teníamos –que no era poca–, y en realizar planes de mejora de estándares académicos y pruebas externas. Todo muy útil para restar tiempo de coordinación y planificación y, sobre todo, para desgastar energías al profesorado entreteniéndole en acciones que poco o nada aportan, de verdad, a una mejor atención y educación del alumnado.
Sucede así que todas las horas regladas para los refuerzos educativos se ven anuladas cuando hay que sustituir a un docente. Están muy bien diseñados en el papel: parece que todo cuadra, pero todos saben que no se cumplen. A la inspección se le notifica este desajuste, todos los años, en la memoria de final de curso y en numerosas reuniones, pero no importa. En el papel seguirá estando bonito, sin que importe su eficiencia. Es una forma de recorte institucional.
Ni que decir tiene que, en los centros de línea 1, las plantillas son tan ajustadas que casi todo el profesorado especialista tiene que ser tutor/a, por lo que han de atender a su grupo en casi todas las materias y a otros grupos en la especialidad. Esto implica estar programando, preparando materiales y corrigiendo sin descanso. Se carga así sobre el profesorado lo que debería proveer la Administración. Otra forma de recorte.
“Calidad” y “necesidades”
Formalmente, todo está vigente en las actuales normas. Según ellas, la orientadora solo tiene que venir al centro un día a la semana; la ratio de la profesora de Pedagogía Terapéutica (PT) es de 12 alumnos/as; el de la profesora de Audición y Lenguaje (AL), 25; y la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad (PTSC) puede atender a 15 colegios o más, porque no hay limitación. Hay muchas formas de fingir seriedad cuando solo hay hipocresía, ¿Es esta la calidad a la que se aspira desde la Consejería de Educación madrileña? ¿Es esta la mejora educativa que ha querido generalizar la LOMCE a todos/as los/las estudiantes?
Según las directrices que siguen desde 2003, tampoco les importan mucho los derechos y obligaciones del profesorado. Si todo hubiera de estar supeditado a las “necesidades del servicio”, siempre tendrían motivo para seguir reduciendo plantilla. Pero con ese pretexto, en centros como el CEIP Montelindo, para garantizar las horas regladas de clase y el cuidado de recreos, las profesoras mayores de 58 años no puedan reducir su horario lectivo en tres horas semanales; y las coordinadoras de ciclo, biblioteca y TIC no puedan disponer de las horas establecidas para estas funciones cuando tienen sustituciones. El profesorado de este centro no puede solicitar los días de libre disposición, porque no se cubrirían “las necesidades del centro”; la directora no puede estar exenta de horas lectivas, por no contar con auxiliar administrativo; el equipo directivo no puede estar liberado de cuidar los patios, porque no hay profesorado suficiente para hacerlo; y el máximo de horas de la secretaria y la jefa de estudios sobrepasan la norma. Otra forma de recorte sistémico.
Y ahora hablemos de ruralidad, ese “vacío” del que tanto se habla últimamente. En Bustarviejo, a su población natural se le ha añadido otra abrumada por los elevadísimos precios de alquiler de vivienda de la capital, a la que se suma la que secunda la puesta en marcha, por parte de entidades financieras, de planes de alquiler solidario. Con todo, la Comunidad de Madrid no tiene a bien proporcionar más recursos educativos públicos que los que había establecidos anteriormente. Como consecuencia, el CEIP Montelindo se queda pequeño, las plantillas son insuficientes, la atención a la diversidad se multiplica y –con matrícula abierta todo el año, por ser centro único en la localidad– se ve obligado a reducir la calidad educativa que debe proporcionar.
Ha venido a ser una escuela escrita a lápiz, como las agendas de los niños/as, con horarios que se puedan borrar porque en cualquier momento del curso pueden cambiar. El designio de la Consejería de la que depende es que, en vez de cuidar a los niños/as y darles un entorno estable y amable –que a veces la sociedad y las familias no puede darles–, se propicie lo contrario. La desatención de los espacios, de los tiempos y de las personas encargadas de la tarea educativa hará que todo se venga abajo. No es difícil. Por grandes profesionales que estas sean y muy vocacionales para poner lo mejor de sí mismas, no son máquinas. El estrés y el agotamiento, físico y emocional, merman su ilusión y su trabajo.
Artículo 27CE
A esta Consejería madrileña no le parece concernir mucho la obligación que marca la Constitución Española del 78 para que vele en igualdad por la calidad educativa de todos los niños y niñas, y que, en su Art. 27, hable de la educación como un derecho fundamental con el objetivo puesto en el pleno desarrollo de la personalidad humana. Por muchas vendas con que tapen los ojos para no ver lo que están haciendo, saben que no están poniendo los recursos necesarios para atender las necesidades educativas, académicas y emocionales del alumnado.
No somos una fábrica de formar personas en serie, dentro de un único molde, sino una escuela que debe educar en su integridad personas libres y conscientes, no meros repetidores de lecciones no entendidas y contenidos anticuados. No podemos permitir, por tanto, que estos niños y niñas sean víctimas de políticas que propician su segregación educativa y no respetan ni atienden su diversidad. La sociedad tiene derecho a exigir normas que contemplen a toda la ciudadanía y debemos defender medidas que contribuyan a que los niños y niñas se formen para ser personas responsables, valiosas, cultas y transformadoras.
En este inicio de curso, la comunidad educativa del CEIP Montelindo ha decidido reivindicar este derecho. Desde hace años venimos sufriendo las limitaciones que impone la Comunidad de Madrid a sus centros públicos y no es la primera vez que nos afectan. Esperamos que las acciones que hemos emprendido reviertan en una reacción conjunta que garantice a todos y todas las medidas y recursos requeridos para una educación de calidad.
¡Escribamos con buena tinta la nueva escuela!
