Hacernos oír

La campaña tiene como objetivo implantar la “solicitud de información previa y consentimiento expreso”, que los organizadores denominan “PIN parental”, para evitar a sus hijos la asistencia a aquellas actividades que a ellos les parezca que están orientadas al adoctrinamiento afectivo-sexual; es decir, para que sus hijos no se eduquen en valores de convivencia y de respeto a las diversas realidades del alumnado.

Merece la pena poner de manifiesto que VOX, que parece el brazo político de HazteOir, está impulsando la presentación de mociones en los plenos de los ayuntamientos en demanda justamente de ese “PIN parental”.

Los organizadores de la campaña se permiten dirigirse a Pablo Casado, Santiago Abascal y Albert Rivera (“el trío de Colón”) para que se sumen a la petición del susodicho PIN. Algo habrán hecho mal los líderes del PP y de Cs para que los impulsores de la iniciativa les consideren posibles cómplices en el empeño de deseducar a nuestros jóvenes.

VOX está en su salsa. Se vio hace unos días a la puerta del Ayuntamiento de Madrid en la concentración en repulsa por uno de los últimos asesinatos de mujeres, víctimas de la violencia de género. Tuvieron la desvergüenza de acudir con una pancarta que negaba la violencia machista y aprovechar el pequeño homenaje a la víctima para (insultándola a ella, a todas las mujeres y a todos los ciudadanos de bien) hacer ostentación de su posición. Las imágenes, entre grotescas, patéticas e inquietantes, de Ortega Smith ladrando (cual sargento chusquero) al alcalde de Madrid, mientras le encimaba, son un símbolo de lo que puede estar pasando en el debate político de la derecha de este país. Mientras Ortega, con el desparpajo que siempre han tenido los autoritarios, parecía agrandarse a ojos vista, el alcalde de Madrid se encogía cada vez más balbuceando: si en el fondo estoy de acuerdo contigo… Si a la derecha le salen las cuentas después del 10-N, correrán malos tiempos para los derechos y las libertades.

Campañas como las de HazteOir, impensables hasta hace tan poco tiempo, socavan la esencia del estado democrático de derecho, contribuyen a corroer la convivencia y el respeto a las diferentes realidades e identidades, y alientan el discurso del odio y la discriminación.

La Constitución otorga al Estado un papel esencial en la enseñanza, y la legislación vigente regula y promueve la educación en valores. Valores, por supuesto, compatibles con una ética democrática, entre los cuales los que tienen que ver con la igualdad y la identidad de género ocupan un lugar destacado

La Constitución otorga al Estado un papel esencial en la enseñanza, y la legislación vigente regula y promueve la educación en valores. Valores, por supuesto, compatibles con una ética democrática, entre los cuales los que tienen que ver con la igualdad y la identidad de género ocupan un lugar destacado. Y eso, lejos del pretendido adoctrinamiento ideológico, es el resultado de un consenso básico expresado en la Constitución y en el ordenamiento jurídico.

Por otro lado, trece autonomías se han dotado de leyes LGTBI, que consideran que el sistema educativo juega un papel clave en la extensión y promoción de las políticas de igualdad e identidad de género, y, desde esta consideración, regulan los objetivos y las actividades que se recogen en los currículos y que los centros educativos deben desarrollar.

Y las administraciones educativas supervisan tanto las programaciones didácticas del profesorado como la Programación General Anual (PGA), en las que constan las actividades lectivas y las complementarias que se van a llevar a cabo en el centro para conseguir los objetivos previstos. La PGA es conocida por el Consejo Escolar en el que están los representantes de las familias y, en su caso, del alumnado.

Por lo tanto, las actividades cuestionadas tienen todo el marchamo de legalidad y se anclan en consensos básicos del Estado de Derecho, soporte de nuestro sistema democrático. Lo que CCOO considera que puede ser ilegal es quebrar esos consensos, negar una educación integral a una parte del alumnado por razones, ahora sí, ideológicas, fomentar el discurso del odio…, y que el resultado de todo ello acabe siendo que se victimicen las diversidades, que se cuestione la igualdad de género y que se acaben recrudeciendo las actitudes violentas o de acoso hacia determinados colectivos.

Y ya puestos, ¿se imaginan teniendo que pedir permiso en el PIN parental para hablar de evolucionismo en la clase de ciencias o de que la tierra es redonda en geografía? Pues hay quienes niegan firmemente ambas cosas…

Desde CCOO también queremos hacernos oír. Por eso, hemos denunciado ante la Fiscalía del Estado y ante la Comisión Europea para la Convivencia esta campaña. También vamos a requerir al Ministerio de Educación y a las comunidades autónomas que dicten las instrucciones oportunas para que los materiales no sean admitidos en los centros educativos. Para que estos, y las y los profesionales que en ellos trabajan, puedan seguir desempeñando sus tareas en condiciones de seguridad jurídica y libertad, sin ser coaccionados por campañas de este tipo. Y, además, para que todo el alumnado tenga derecho a acceder a una educación integral.