Ya han sido denunciados ante la justicia docentes de las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia y Murcia que, en el marco de las libertades de enseñanzas –término empleado por el profesor Manuel de Puelles– y asistido por la legalidad vigente, han desarrollado las actividades curriculares referidas a la igualdad entre géneros, la violencia machista o contra el discurso de odio.
¿Qué están haciendo las administraciones educativas para que esta lluvia fina no termine en una neumonía generalizada?
Hay dos pasajes del libro de Éric Vuillard, El Orden del día (Tusquets), que me gustaría compartir. El primero es que en la década de los años treinta, dirigentes del partido nacionalsocialista se reunieron con un selecto grupo de empresarios alemanes para reclamar su apoyo. “Escucharon. El meollo del asunto se resumía en lo siguiente: había que acabar con un régimen débil, alejar la amenaza comunista, suprimir los sindicatos y permitir a cada patrono ser un Führer en su empresa”. Vox, partido de extrema derecha, reclamaba para apoyar los presupuestos del Gobierno de la Región de Murcia, potenciar y extender el PIN parental, el debilitamiento de los sindicatos de clase, la práctica eliminación de los impuestos, la supresión de la normativa y ayudas para la Memoria Histórica y manos libres para los empresarios. Todo es empezar. La memoria es una parte fundamental de la educación en valores y de la formación democrática de niños, niñas y jóvenes.
En el segundo pasaje del libro cuenta el encuentro entre Hitler y Lord Halifax, político y aristócrata inglés: al comentar su entrevista con Hitler, escribía a Baldwin: “el nacionalismo y el racismo son fuerzas pujantes, ¡pero no las considero ni contra natura ni inmorales!; y casi a continuación añade: “No me cabe duda de que esas personas odian de verdad a los comunistas. Y le aseguro que nosotros, de estar en su lugar, sentiríamos lo mismo”. Tales fueron las premisas de lo que todavía hoy llamamos política de apaciguamiento.
La pasividad institucional y política y la ceguera social son los dos ingredientes perfectos para que el discurso del dio, el recurso del insulto y de la difamación y la persecución de las libertades se instalen a sus anchas en la sociedad. La pasividad la ejercen aquellos que se alían con la extrema derecha –los partidos políticos PP y Ciudadanos–, pero también los gobiernos, en funciones o no, que miran, pero no ven. En El ensayo sobre la ceguera, Saramago relata como la podredumbre material se va instalando en las calles; la social, en la colectividad, y la moral, en cada una de las personas.
Thomas Mann en la conferencia ¡Alerta Europa! (1935), discurso para el coloquio del Comité Permanente de las Artes y de la Letras sobre el tema de La formación del hombre moderno, echa en falta un humanismo militante. En una época como la que vivimos donde se ha popularizado lo irracional, en la que los trabajadores y las trabajadoras votan programas que les garantizan la jerarquía antes que la igualdad, el orden antes que las libertades y el hambre antes que el pan, y que no se diferencia la verdad y las mentiras, necesitamos –escribe Mann– “un humanismo que descubriera su fortaleza y se empapara de la convicción de que el principio de la libertad, de la tolerancia y de la duda no debe dejarse explotar y arrollar por un fanatismo sin vergüenza y sin titubeos”. Con una parte de la sociedad henchida de un entusiasmo perverso por liquidar los derechos humanos, en una espiral autodestructiva, no debemos refugiarnos en la indiferencia cívica, sino ser capaces de volver a la vida las ideas más reivindicativas del humanismo más militante. Cada día la extrema derecha y sus socios de gobierno en varias comunidades autónomas, contaminados por su discurso de odio, manosean desde un fanatismo de la más baja calaña, conceptos universales como los de libertad, justicia, verdad o identidad.
Es inaceptable la persecución a docentes, por cumplir con su deber y hacer bien su trabajo de educar. Pero aún más inaceptable es el silencio y la pasividad de las administraciones educativas, el “tonteo” de la justicia ensimismada y el peligroso papel de reclamo y difusión de algunos medios de comunicación. Ahora es necesaria y urgente la protección y el reconocimiento, legal, político y social de los y las docentes que están siendo llevados ante los tribunales por hacer efectiva su docencia en libertad y su compromiso de educar en unos valores democráticos para construir una sociedad más justa, solidaria y fraternal.
