La educación ha avanzado mucho y en la buena dirección durante los años de la democracia. Pero la última década ha sido de estancamiento, cuando no de retroceso, especialmente promovido por la LOMCE. Ahora necesitamos un salto cualitativo hacia el futuro que ponga al día el sistema educativo, ataje en sus orígenes el abandono y fracaso escolar, y garantice el éxito educativo para todas las personas. Para acometer esta tarea, el nuevo Gobierno deberá abordar una reforma con decisión y valentía política. Con ideas, propuestas y cuentas claras.
Una nueva ley que movilice las mejores ideas y los recursos necesarios, que flexibilice el sistema y proporcione espacios para crecer, y que permita construir entornos donde docentes, estudiantes y familias puedan tener unas expectativas de futuro.
¿Qué acciones necesitaríamos desarrollar?
- La derogación inmediata de la LOMCE.
- Mejorar y ampliar la inversión en educación: 5% del PIB. Desde 2007 hasta 2017, últimos datos consolidados, el montante que todo el Estado dedica a la Educación ha subido un 4,6%, según datos del Ministerio de Educación publicados en el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE). Desglosado, la escuela concertada ganó un 25% de financiación y la pública quedó casi como estaba: aumentó apenas un 1,4%, tras decrecer entre 2011 y 2014. Las familias aumentaron su gasto para compensar el estancamiento en la financiación pública: invierten hoy un 41% más que en 2007.
- El reconocimiento como una etapa única desde 0 a 6 años, con un 0 a 3 fortalecido, universal y público, que no abra la puerta ni a la privatización ni a los conciertos.
- Acometer un cambio radical del currículo y de la estructura de la enseñanza obligatoria.
- Convertir la FP de Grado Medio y Superior en un referente social y profesional, eliminando la actual política de salida para “malos estudiantes”.
- Fortalecer la oferta de becas y ayudas, activando otras políticas sociales complementarias y los programas de cooperación territorial.
- Activar un estatuto para el profesorado, con la necesaria y tantas veces reivindicada carrera profesional, que debe ser atractiva a nivel salarial e intelectual, fortalecer la autonomía profesional y una cultura colaborativa y cooperativa. Además, se hace necesario recuperar salarios y derechos, así como el diálogo social y la negociación colectiva.
- Desarrollar políticas de coordinación y cooperación territorial que permitan afrontar los retos comunes desde objetivos compartidos. Aquí está una de las claves del futuro al derecho a una educación pública con equidad y calidad.
