Murcia es el territorio donde la intolerancia y los ataques a las políticas de fomento de la igualdad y del respeto a la diversidad sexual han sido más feroces, fruto de un trabajo sin descanso por parte del Gobierno regional, y finalmente catapultado por el socio político responsable de la exigencia de medidas de odio para la aprobación de los presupuestos regionales de 2020.
El acoso es grave y continuo, y daría para la elaboración de un detallado informe en el que se podrían incluir medidas, propuestas normativas y discursos que destilan odio hacia las mujeres, las personas inmigrantes y la diversidad sexual.
Algunos ejemplos
La vigencia del Plan de Igualdad de la Consejería de Educación finalizó en diciembre de 2017. Desde entonces, solo se citó a una reunión el 8 de marzo de 2018, en plena convocatoria de huelga (a petición de CCOO la fecha se cambió), que se celebró para explicar que la mayor parte de los departamentos implicados se habían negado a implementar las medidas alegando que no eran de su competencia. Hoy, el plan de igualdad caducado sigue sin renovación y no se ha convocado siquiera a las organizaciones sindicales, por mucho que CCOO lo haya solicitado públicamente en varias ocasiones.
En octubre de 2018, el PP presentó su anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Familia (aún no aprobado por el Consejo de Gobierno) en el que proponía medidas en materia de educación por las cuales se garantizaría que “[…] en los centros docentes se informe sobre temas de salud, sobre la sexualidad de los adolescentes y sobre las sustancias y hábitos que pueden generar adicción, previa autorización, en su caso, de los padres o tutores de los menores”. El colmo de la desfachatez ocurre cuando en el capítulo Medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, el Gobierno Regional asegura que hará efectivo “[…] el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos conforme a sus convicciones o preferencias morales, religiosas, filosóficas y pedagógicas […]”. En ese mismo documento se define la violencia de género como aquella que es ejercida “en el ámbito del seno familiar” y se cuestiona el derecho al aborto, que se especifica como el fracaso de la maternidad. El documento contiene otras medidas que reflejan una misoginia y una violencia institucional inusitadas.
En solitario
El 25 de noviembre de 2018, el Partido Popular y Ciudadanos aprobaron en solitario el Pacto Regional contra la Violencia de Género (2018-2022). Entre otras medidas, se garantiza específicamente la impartición de la educación afectivo-sexual en los centros escolares. También se destinan 393.000 euros para 2019 (con un coste total estimado de 1.110.000 euros) para liberar a un/a docente por centro escolar, que coordine medidas de igualdad y contra la violencia de género por medio de un Plan Educativo de Centro. Se debía haber realizado formación específica sobre perspectiva de género, igualdad y sexualidad positiva para el profesorado, el personal de Orientación y el de Inspección Educativa. Los incumplimientos de estas y otras medidas han sido denunciados desde la Secretaría de Mujeres e Igualdad de CCOO de múltiples formas: en el Consejo Asesor contra la Violencia sobre la Mujer, en el Consejo Asesor de la Mujer, por medio de notas y ruedas de prensa, de alegaciones, de presentación y defensa de enmiendas en el Pleno del Consejo Escolar, pero la Consejería de Educación jamás ha contestado y la de Igualdad se lava las manos.
Línea prioritaria
En el Pleno del Consejo Escolar de la Región de Murcia se vota de forma mayoritaria y reiterada en contra de propuestas por el fomento de la igualdad, del respeto hacia la diversidad sexual y por la prevención contra la violencia de género. Un ejemplo es el rechazo mayoritario a la propuesta de que estas políticas educativas hubieran constituido una línea prioritaria en el actual plan trienal de formación del profesorado, al igual que el fomento de las lenguas extranjeras o el uso de las TIC.
Las alegaciones presentadas por CCOO en el Consejo Económico y Social (CES) fueron tomadas en cuenta e incorporadas de forma positiva en el dictamen
Los dos proyectos de decreto del Observatorio de Igualdad y del Observatorio contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género fueron objeto de manipulación durante su tramitación. Tanto la anterior Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (PP) y ahora la actual Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social (Cs), intentaron reducir la presencia de las organizaciones sindicales y también la de colectivos feministas y LGTBI en el pleno de ambos observatorios. Las alegaciones presentadas por CCOO en el Consejo Económico y Social (CES) fueron tomadas en cuenta e incorporadas de forma positiva en el dictamen. En sus respectivas memorias de análisis de impacto normativo ninguno de estos dos organismos tiene adjudicado presupuesto para su funcionamiento, muestra del desprecio institucional por las tareas a desarrollar por ambos.
Persecución ideológica
En mayo de 2018, la actual consejera de Educación y Cultura (PP), entonces directora general de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, arremetió contra las personas formadoras en educación afectivo-sexual del colectivo No te prives, suspendiendo su actividad formativa en los centros escolares. La directora y actual consejera de Educación declaró públicamente en los medios que, para poder seguir impartiendo las charlas de educación afectivo-sexual en los centros escolares, tanto las personas formadoras como las propuestas formativas tendrían que ser autorizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos o de Médicos, para avalar que son “objetivas y que no hay ningún tipo de sesgo o tendencia”. De paso, se anunció la intención de solicitar en el futuro la autorización expresa de las familias para la asistencia del alumnado a estos talleres. Hace muchos años que las charlas de educación afectivo-sexual y contra la homofobia se imparten en esta región y han sido siempre valoradas de forma muy positiva por parte de las comunidades escolares de los centros públicos, por lo que la medida de suspensión evidencia una ideología reaccionaria, perversa y fóbica.
La persecución ideológica del PP prosiguió con la resolución de 29 de agosto de 2019, de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se dictaron instrucciones de comienzo del curso escolar 2019-2020. En relación con las actividades complementarias ofertadas en los centros docentes (de carácter obligatorio y evaluables), desde la etapa de Infantil a la de Bachillerato, se autoriza a que padres y madres: “[…] puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la de sus hijos menores” en ellas. La Federación de Enseñanza de CCOO exigió la retirada inmediata de las instrucciones y, ante la negativa de la Administración educativa regional, interpuso recursos de alzada por contravenir los decretos curriculares e infringir normas de rango superior, que han sido desestimados por la Consejería de Educación, por lo que CCOO ha presentado recientemente una demanda por la vía contencioso-administrativa.
Ahora llega una tercera formación política que legitima todas las políticas emprendidas por el Partido Popular y sostenidas por Ciudadanos, y que exige que se legalice normativamente lo que ya estaba haciendo el PP. Las tres formaciones políticas tienen en común que son de ultraderecha, por lo tanto reaccionarias y peligrosas para el mantenimiento de valores democráticos. Ni la Consejería de Educación y Cultura ni la de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social trabajan por fomentar valores de respeto, igualdad, solidaridad, democracia o transparencia.
El Veto Parental atenta contra los valores de igualdad entre mujeres y hombres, y el respeto por la diversidad sexual, pero también contra los relacionados con la memoria y la verdad histórica, entre otros. Vulnera la libertad de cátedra, la autonomía pedagógica de los centros escolares, el derecho fundamental de los niños y las niñas a recibir una educación libre de adoctrinamiento, integral, formativa, crítica y de calidad, y legitima la discriminación en el aula.
Ejercicio de la discriminación
Esta sucinta cronología muestra que en la Región de Murcia el partido recién llegado compite con Ciudadanos y PP en el ejercicio de la discriminación y en el intento de vulnerar derechos fundamentales. 25 años de política reaccionaria en la región han dado sus frutos, por eso no son de extrañar nuestros últimos resultados electorales y los ataques a los cuales nuestra ciudadanía está siendo expuesta.
Desde CCOO tenemos claro que denunciaremos de todas las formas posibles las reiteradas expresiones de misoginia y de fobias hacia la diversidad sexual. Defenderemos el derecho de las y los estudiantes de todos los niveles a una educación integral y de calidad, donde los contenidos en materia afectivo-sexual no pueden faltar. Defenderemos la libertad de cátedra y la autonomía pedagógica de los centros escolares.
Seguimos siendo el sindicato de la resistencia y la dignidad. Por ello también continuamos defendiendo la reversión de los recortes, la recuperación de las condiciones laborales del personal docente y una mayor inversión en los centros escolares públicos. Seguiremos luchando para que la escuela no llegue a ser un espacio donde se instalen las discriminaciones, las fobias y la vulneración de derechos. No lo permitiremos.
