TODO APUNTA A QUE LA PANDEMIA, BAJO CONTROL TRAS UNA LARGA ETAPA DE CONFINAMIENTO, pueda tener nuevos picos cuya intensidad desconocemos. El estudio epidemiológico llevado a cabo por el Gobierno pone de manifiesto que solo el 5% de la población ha pasado el Covid-19 y, por lo tanto, solo este porcentaje habría generado una inmunidad sobre cuya duración y protección todavía no existen grandes certezas. La inmunidad de grupo queda muy lejos, lo que quiere decir que tendremos que convivir con el virus en lo que se ha dado en llamar la “nueva normalidad”.
No se puede diseñar el escenario de desescalada en educación sin abrir un proceso de negociación con las organizaciones sindicales representativas. Desde CCOO hemos sostenido que la seguridad y la salud tanto de las y los trabajadores, como del alumnado y sus familias, exigían que los centros educativos no abrieran sus puertas hasta septiembre. Hemos puesto especial énfasis en exigir que las etapas de Infantil y de Educación Especial no podían volver a las aulas en lo que queda de curso, dadas las dificultades de garantizar con este alumnado las medidas de protección de la salud dictadas por las autoridades sanitarias.
Saludamos, en consecuencia, el anuncio de que la inmensa mayoría de las CC. AA. no regresarán a las aulas hasta después del verano. Y hemos manifestado que, en el caso de que en alguna autonomía se permita que el alumnado de los niveles que conducen a título de Secundaria o Formación Profesional vuelva a los centros en la Fase II de la desescalada, desde CCOO vamos a ser rigurosos en la exigencia del cumplimiento de las medidas contempladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en interés de toda la comunidad educativa.
Es evidente que el próximo curso se presenta lleno de retos e incertidumbres. Parece claro que no se va a poder abordar la actividad lectiva presencial en la forma en que veníamos haciéndolo. El Ministerio de Educación y FP y las autoridades sanitarias han adelantado que no podrá haber más de 15 alumnos/as por aula, lo que exigirá desdoblar la práctica totalidad de los grupos existentes. Habrá que tomar decisiones respecto a cómo organizar los horarios resultantes, sobre qué alternativas de las existentes pueden ser más manejables para los centros y el profesorado, y cuáles garantizan mejor el derecho a la educación. Todo ello presidido siempre por la idea de preservar la salud de profesionales, alumnado y familias.
El Ministerio ha hecho pública su intención de poner en marcha un grupo de trabajo para la preparación del nuevo curso. CCOO va a demandar su presencia en cuantos espacios se debatan estas cuestiones. Y creemos que la Mesa Sectorial Docente, junto con la de Concertada y los diferentes ámbitos de negociación colectiva, deben jugar un papel fundamental en la estrategia que finalmente se lleve a cabo para garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado, sin exclusiones, y los derechos sociales y laborales de los y las trabajadoras del sector, en un escenario tan complejo e incierto como el que está provocando la pandemia.
Es precisamente en el sector de educación, junto con el de comercio, donde más empleo se pierde si tomamos en consideración los datos oficiales sobre afiliación media a la Seguridad Social de abril.
Para CCOO se hace imprescindible la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Inversión Educativa que dote al sistema de medios y recursos suficientes para hacer frente a los retos que nos plantea el Covid-19. Hará falta una cuantiosa cantidad de recursos para la contratación de profesorado y personal de servicios educativos complementarios, para dotar de material tecnológico y de conexión a la red para el alumnado que está sufriendo los efectos de la brecha digital, para reforzar las plataformas tecnológicas que han mostrado su debilidad en esta crisis, para acometer las mejoras necesarias en las infraestructuras de los centros, para atender a las necesidades de la escuela rural y hacer frente a sus múltiples carencias, para acometer un plan de choque de formación de las y los profesionales, y para garantizar la recuperación del empleo en el sector educativo…
Es precisamente en el sector de educación, junto con el de comercio, donde más empleo se está perdiendo si tomamos en consideración los datos oficiales sobre afiliación media a la Seguridad Social de abril. La pérdida de empleo se cifra en 38.340 personas, lo que supone una disminución del 3,89%, que se suman a los 15.255 empleos perdidos en marzo, que supusieron una disminución del 1,52%. Para remarcar la gravedad de la situación, constatamos que en los últimos 10 años solo se había perdido empleo entre los meses de marzo y abril en 2012 y en una cuantía muy reducida (0,12%, frente al 3,89% actual). De nuevo son los sectores socioeducativos y el de Infantil los que más empleo pierden en nuestro ámbito. Unos datos que tienen sesgo de género, ya que el 66% de los contratos celebrados en los últimos meses en el ámbito educativo se realizaron a mujeres. Los datos ponen igualmente de manifiesto la alta precariedad laboral existente con un porcentaje de contratos temporales firmados cercano al 90%.
Todo ello remite a que los poderes públicos deben considerar la educación una prioridad, lo que exigirá el correspondiente reflejo en las políticas presupuestarias
