La equidad y la igualdad como prioridades

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO ya presentamos las propuestas oportunas de inicio de curso, así como la propuestas elaboradas desde la secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente, cuantificando las medidas necesarias en más de 7.300 millones, con un importante capítulo presupuestario dedicado al alumnado en desventaja social. Pero, además, insistimos en que la financiación extraordinaria que ha puesto en marcha el Gobierno, casi 3.000 millones de euros, debe priorizar la atención al alumnado en situación de desventaja social y a los centros educativos que escolarizan un mayor porcentaje de alumnado con necesidades de compensación educativa, porque la pandemia ha agudizado la brecha de la desigualdad, y la vuelta a la nueva normalidad debe contribuir a reforzar la equidad y la igualdad.

Estos fondos extraordinarios previstos por el Gobierno del Estado, aunque son una cantidad importante, resultan insuficientes para atender a los retos que plantea la crisis. CCOO ya ha hecho pública la necesidad de un plan de financiación educativa de 7.385 millones de euros, una cantidad menor que los más de 9.000 millones de euros que el PP recortó en educación. Además, la mayor parte de estos fondos, algo más de 2.000 millones, no se han vinculado a ningún programa concreto para la vuelta segura a los centros educativos, por lo que, sin carácter finalista, podrán ser gastados en ámbitos distintos a la educación o en favorecer la privatización a través de la mejora de la financiación del cheque Bachillerato, como ha asegurado alguna comunidad autónoma.

Para CCOO la inversión se hace necesaria y urgente, pero también lo es la necesidad de implementar mecanismos de ámbito estatal, que incidan en el control de los fondos transferidos a las CC. AA., para que estos vayan realmente a educación. El Gobierno tiene mecanismos de control que no afectan a la estructura de las transferencias, sobre esos fondos como la condicionalidad a la hora de recibir nuevos ingresos. Así mismo reivindicamos que en el reparto de los fondos europeos la educación no quede relegada, recibiendo al menos un 10% de ellos.

Precisamente la inversión de los fondos destinados a educación, y su finalidad, ha hecho encallar el capítulo social del Plan de Reconstrucción Nacional, que recordemos es como una Proposición No de Ley (PNL), la ausencia de dinero público para los centros privados concertados. Llama la atención, por cierto, que en una nota de prensa, inapropiada para una organización que se supone representa a centros de iniciativa social, e inoportuna por el momento social y la situación vital de millones de personas, Escuelas Católicas haya manifestado su alivio porque, con mayoría, el Congreso de los Diputados y las Diputadas votase en contra del Capítulo Social que no recoge, explícitamente, fondos públicos adicionales para la escuela privada. Un momento estelar que pasará a la historia del Congreso por la falta de conciencia social, la ausencia de memoria histórica y la poca altura moral de la mayoría parlamentaria española en esta cuestión.

El desajuste entre el mapa político del Congreso, la realidad social y las preocupaciones, los deseos, los objetivos de la comunidad educativa, así como las inversiones que reclama, tiene los efectos más negativos y perversos sobre los miles de familias y los millones de menores que se están descolgando de una educación digna. Según un estudio realizado por el proyecto Atlántida, coordinado por Florencio Luengo y Jesús Manso, el 30% del alumnado no ha seguido el semestre último de curso, cuyo motor ha sido la enseñanza a distancia. Según este estudio, en torno a 2.400.000 alumnos y alumnas han tenido una pérdida importante de aprendizaje durante la crisis sanitaria. Esta cifra supera en mucho a la que ha barajado la Administración educativa, pero si nos atenemos a otros estudios realizados por importantes organizaciones no gubernamentales y por el sindicato CCOO, y recordamos las cifras sobre pobreza infantil que vienen manejando desde hace algunos años diferentes informes tanto de instituciones privadas como públicas, llegaremos a la conclusión de que la estimación del proyecto Atlántida se acerca a la realidad social que viven millones de menores en España.

En el ya de por sí complejo panorama educativo, nos enfrentamos al curso 2020-2021 con muchas e importantes decisiones a tomar: sobre las medidas sanitarias, en primer lugar, sobre la reorganización del currículo, sobre los cambios necesarios en la organización escolar para hacer frente a la “nueva normalidad”, sobre la necesidad y urgencia de nuevos recursos humanos y materiales, sobre la formación del profesorado, o sobre cómo organizar el comedor escolar y los transportes, entre otras, pero no cabe duda que la decisión más importante es aquella que haga posible la educación en igualdad para las personas que menos tienen y para quienes nada tienen.

La educación debe ser una prioridad en la agenda política y económica. La efectividad de los planes de acción y de los recursos se hará visible si inciden en la construcción de escenarios alternativos que rompan con la rigidez y la dureza actuales del sistema educativo. No aprovechar la oportunidad que ofrece la crisis para acometer las reformas necesarias que durante años viene exigiendo nuestro sistema, nos puede llevar a que la exclusión educativa y la desigualdad social se conviertan en problemas de difícil solución.