EL MUNDO SE ENFRENTA A LA MAYOR CRISIS ECONÓMICA DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. La pandemia del Covid-19 precipitó y profundizó un proceso de desestabilización de la economía mundial, cuya principal consecuencia será ampliar los ya altos niveles de desigualdad, pobreza y precariedad en que vive gran parte de la humanidad. Se trata de una crisis global sin precedentes: el 90% de los países sufrirá una caída de su producto interno bruto (PIB). En 2020, este se reducirá un 5,2% en el mundo.
Sin embargo, aunque la crisis es global, impacta de forma diferente en cada país, especialmente, en aquellas regiones cuyas condiciones económicas, políticas y sociales ya eran críticas. La pandemia crea nuevos y complejos problemas, pero profundiza los que ya existían, una cuestión fundamental cuando se trata de entender sus efectos en la producción y penetración de la desigualdad en América Latina.
La crisis se está viviendo y se vivirá con muchísimo dramatismo, en un contexto de la mayor disminución del crecimiento en décadas. En América Latina, no hay mayor desafío que la lucha contra la desigualdad frente a los efectos que la pandemia del neoliberalismo produce y que el coronavirus vino a profundizar.
Se trata de actuar contra todas y cada una de las dimensiones en las que la desigualdad actúa, desestabilizando derechos, oportunidades y condiciones de bienestar en los sectores populares: el aumento estructural de la pobreza, el impacto que esta y la desigualdad tienen en la vida de las mujeres; el incremento de la violencia, especialmente la que repercute en niños, niñas y jóvenes; la exclusión y la discriminación de los pueblos indígenas, el racismo institucional, los efectos sociales de la crisis medioambiental, el déficit habitacional, los privilegios de las oligarquías que han gobernado históricamente nuestros países y que tienden a ampliarse en contextos de crisis; y, por supuesto, la desigualdad educativa.
Eje transversal
Precisamente, el combate contra la desigualdad educativa es el eje transversal sobre el que se estructura la acción del Ministerio de Educación de Argentina, coordinado por Nicolás Trotta, ya que la afirmación del derecho a la educación es la garantía imprescindible a partir de la cual construir un sistema de derechos republicanos que nuestras leyes consagran, pero que pocas veces se garantizan de forma efectiva a los sectores más pobres.
La desigualdad educativa no es un problema de América Latina, sino global, que tenderá a incrementarse si no actuamos de manera urgente y decidida, a partir de las condiciones impuestas por el virus y este estado de pandemización que viviremos durante muchos años.
Desde el gobierno argentino hemos intentado realizar algunas acciones:
- Garantizar la continuidad pedagógica de todos los niños, niñas y jóvenes, no solo de quienes tienen acceso a la conectividad, sino también, y especialmente, de quienes pertenecen a las familias más pobres y no tienen acceso a Internet o comparten un único dispositivo digital con una conectividad muy Argentina ha garantizado la disponibilidad gratuita de datos para todas las plataformas educativas. Sin embargo, esto no deja de plantear un enorme desafío: asegurar la continuidad pedagógica por medios no digitales a quienes no tienen conectividad. Este es el sentido de nuestro programa Seguimos Educando.
- Definir estrategias y protocolos de reapertura de las escuelas que no agudicen las desigualdades existentes.
- Actuar de forma decidida para defender la educación pública, reconociendo que la privatización siempre ha profundizado las desigualdades, cristalizado mecanismos de privilegio y de discriminación que hacen que el derecho a una educación de calidad continúe preservado para los niños y niñas de familias con mayores
- No debemos postergar el desafío de desarrollar plataformas públicas de acceso a contenidos educativos y pedagógicos. No puede desconocerse el enorme grado de concentración que existe en el mundo de las empresas que controlan los negocios EdTech. Un muy reducido grupo de corporaciones son las proveedoras de este tipo de servicios y las que controlan los flujos de innovación e inversión. Nuestros Estados deben intervenir en este campo, garantizando el control público de las plataformas. Se trata, en definitiva, de un problema de soberanía pedagógica que no podemos postergar ni silenciar.
- Actuamos de forma decidida en la defensa de la inversión pública en educación. En este contexto de crisis, no podemos disminuir la inversión pública en educación en ninguno de nuestros países. En Argentina estamos haciendo un esfuerzo para aumentarla, porque sin ello no vamos a revertir los niveles de desigualdad que heredamos y que enfrentaremos en el futuro.
- Trabajamos para garantizar los derechos más plenos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que han dado, mediante un esfuerzo titánico, continuidad y garantía al derecho a la educación en este contexto de excepcionalidad.
- Tres cuestiones fundamentales. La “ciencia abierta” y el acceso público a los datos científicos, buscando fortalecer todas las estrategias que UNESCO desarrolla en este campo. Del mismo modo, la necesidad de diseñar estrategias que permitan poner en debate e intervenir en los aspectos éticos de la Inteligencia Artificial y las consecuencias que pueden tener para los derechos humanos, para las desigualdades de género, para la discriminación de grupos vulnerables. Finalmente, ampliar y fortalecer la cooperación educativa internacional. Lo podemos hacer.
- No hace falta ser un país rico para cooperar. Cuba ha conseguido desarrollar estrategias de cooperación sanitarias y educativas en el mundo de forma extraordinaria. En América Latina, no debemos solo plantearnos hoy la cooperación educativa internacional como la llegada de recursos del Norte hacia el Sur, sino ser nosotros mismos quienes diseñemos las estrategias creativas y viables que nos permitan estar cada vez más unidos, compartiendo y aprendiendo de nuestras experiencias educativas innovadoras y democráticas.
El gran desafío que hoy se plantea es quién va a pagar esta crisis. Desde Argentina tenemos muy claro que nuestro Gobierno va a trabajar para que no sean los pobres, los trabajadores y las trabajadoras, para que no sean nuestros pueblos los que carguen con costes que no han generado y que tienen como principal origen un modelo de desarrollo antidemocrático, desigual y excluyente que debemos transformar de manera urgente.
