Si bien se han observado algunos avances en cuanto al número de menores que asisten a la escuela, la disminución de algunas enfermedades o la presencia pública de la mujer, al mismo tiempo ha aumentado el número de personas con poco o ningún acceso a una alimentación básica, el deterioro alarmante del medio ambiente natural y el incremento de las desigualdades sociales en la gran mayoría de los países. Según el documento, “el cambio no se producía al ritmo o escala necesarios”. Es decir, los esfuerzos mundiales realizados hasta la fecha no han sido suficientes para lograr los importantes cambios que necesitamos.
El virus de la Covid-19 no es democrático; más bien, está subrayando las desigualdades sociales. Las personas vulnerables ahora lo son más. Además, hemos descubierto que el conocimiento no es intrínsecamente liberador y que el avance de la tecnología no significa progreso social.
Los retos son de un enorme calado, dice el informe presentado por Naciones Unidas. La Agenda 2030 arrancó en 2015 con el objetivo de terminar con la pobreza, promover una cultura de paz, fortalecer y extender la equidad y priorizar los cuidados de un planeta cada vez más esquilmado por un sistema económico despiadado. ¿Qué exige el cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 ODS, con sus correspondientes 169 metas? “Nada menos que una transformación de los sistemas financieros, económicos y políticos que rigen hoy en nuestras sociedades para garantizar los derecho de todos”, sostiene el documento.
¿Y el ODS número 4 referido a la educación? Según Naciones Unidas, más de 1.600 millones de menores no asisten a la escuela, siendo empujados al analfabetismo extremo, una puerta de entrada a la pobreza y la marginalidad, enfrentándose en esta situación de pandemia mundial a nuevas barreas y amenazas que recaen sobre las ya existentes, convirtiendo la dura carga en insostenible.
El ODS 4 tiene como tarea garantizar una enseñanza inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas. En este objetivo, como en los otros que repasa el informe, se informa sobre un antes y un después de la pandemia. Si bien se avanzaba lentamente hacia una enseñanza más inclusiva, equitativa y de calidad en no pocos países del mundo –aun cuando algo más de 200 millones de menores no irán a la escuela en 2030–, el cierre de las escuela por la pandemia ha dejado sin escolarizar durante meses a más del 90% del alumnado, revirtiendo años de lento progreso.
La enseñanza a distancia está fuera del alcance de, al menos, 500 millones de alumnos y alumnas, y solo el 65% de las escuelas de Primaria cuenta con instalaciones básicas para lavarse las manos, algo esencial para la prevención de contagios. ¿Qué nos indican estos datos? Que las desigualdades ya existentes en educación se están viendo fortalecidas y se han expandido por la pandemia. Y que sin las medidas correctivas necesarias y la solidaridad y la cooperación internacional, sus efectos supondrán un obstáculo formidable, diría que insalvable, para que los millones de niños y de niñas en situación de pobreza puedan completar, al menos, una educación básica.
España
Bajo el peso de los datos que han ido publicando distintas organizaciones públicas y privadas de reconocido prestigio, no menos del 25% de las niñas y los niños se encuentran en situación de riesgo de pobreza, con el impacto que tiene en su educación, situación que se ha ido enquistando en nuestra sociedad, y que las medidas acordadas por el gobierno de coalición de izquierda aún no han podido revertir.
La LOMCE ha venido a ahondar por la vía educativa la desigualdad y la exclusión social y cultural existentes. Con la pandemia llueve sobre mojado. Según se detalla en diferentes informes, entre ellos el elaborado por Cotec-Atlántida, durante el segundo semestre del curso 2019-2020 al menos un 30% del alumnado se ha visto afectado por la brecha digital y, en consecuencia, con una pérdida de aprendizaje que exigirá medidas urgentes para su solución, prioridad que debe ser explicitada en los Presupuestos Generales del Estado para el 2021.
A pesar de la situación descrita, y con un marco legal vigente nada favorable, hay que reconocer los esfuerzos normativos y de inversión del Gobierno de coalición de izquierda en aquellos aspectos sociales y educativos que han tenido como objetivo aminorar, aunque de manera desigual, el impacto de la Covid-19.
La futura ley de educación, LOMLOE, ya recoge en el Preámbulo que los ODS, la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030 son los cimientos sobre los que se construirá la nueva ley educativa y su posterior desarrollo normativo, con una importante inversión en educación y en políticas sociales complementarias, según anticipa el proyecto de PGE para 2021. Sin duda, una noticia de alcance que facilitará el progreso hacia el cumplimiento de los ODS. Y hará posible el sistema de cuidados que nos define como sociedad.
