No hubo pacto educativo en la Transición. El artículo 27 de la Constitución no ayudaba, ni ayuda, a este propósito. El punto primero (27.1) yuxtapone el derecho a la educación a la libertad de enseñanza, que los sectores más conservadores de la política y la Iglesia equipararon rápidamente a la libertad de creación de centros y al concierto educativo. Esto ha permitido casi todo, incluso forzando los márgenes del artículo 27, y explica la distancia entre la LOMCE del Partido Popular, que vino a romper el precario equilibrio educativo apostando con fervor católico y ultraconservador por la escuela concertada, la religión católica, la españolidad, la selección y segregación del alumnado, y eliminando la convergencia de nuestro sistema educativo con los más avanzados de Europa; y la LOMLOE, del actual gobierno de coalición de izquierda, que es una ley moderada, nada rupturista, ajustada a las recomendaciones internacionales sobre derechos de la infancia, sostenibilidad, género, etc., orientada por las conclusiones que se derivan de diferentes estudios en el campo de la educación para fortalecer el sistema y darle proyección de futuro, que limita los privilegios a la concertada y que vuelve a situar la enseñanza pública en el eje del sistema. Además, nos devuelve a la vía de la convergencia con los sistemas educativos más avanzados de Europa.
Inmadurez
El PP ya ha manifestado su intención de derogar la nueva ley cuando gobierne, unas declaraciones propias de la inmadurez política de su presidente, Pablo Casado. Un partido tan poco dado al acuerdo y al consenso que solo podrá llevar a cabo esta amenaza con una mayoría absoluta o con el apoyo abierto de Ciudadanos y de Vox, y el encubierto de la antigua Convergencia i Unió, si les llegan los votos, claro. De momento, el PP dará la consigna a los gobiernos autonómicos de su partido para que no la apliquen –entiendo que asumiendo los riesgos sociales, educativos y legales que correrán el alumnado, el profesorado y las familias de estos territorios– y recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional. La Conferencia Episcopal, tan dada al ruido y a la algarabía, ya ha manifestado su apoyo a este recurso por boca de su portavoz Luis Argüello, después de los argumentos esgrimidos por el presidente de la institución, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella: una mezcla inflamable de credo, control moral e ideológico de la sociedad, y negocio.
Contrariamente a lo que predican desde la Plataforma Más Plural, espacio donde convergen empresarios del sector privado, con sindicatos y asociaciones afines bendecidos por la jerarquía católica española y apoyada por el PP, Vox y Ciudadanos, se hace más urgente que nunca un cambio en la legislación. La LOMCE es un corsé asfixiante para el sistema educativo, no permite avanzar y es la aliada perfecta para que la pandemia provoque un cataclismo de desigualdad en la enseñanza y un importante retraso social y cultural en la sociedad. Es una ley de agenda ideológica, ejecutada contra la comunidad educativa por un personaje tan esperpéntico como el exministro Wert.
La LOMCE ha supuesto un estigma para el PP en el sector de la educación. Aprobada con los únicos votos de la mayoría absoluta de dicho partido, fue rechazada por el conjunto de los grupos políticos con representación en el Congreso y la totalidad de la comunidad educativa: asociaciones de padres y madres, de estudiantes, sindicatos, movimientos pedagógicos, etc. Concitó tres huelgas generales, cientos de paros parciales y movilizaciones, y una marcha multitudinaria sobre Madrid, una marea verde en España y granate de los españoles y las españolas residentes fuera del país. Su implantación ha sido un quebradero de cabeza, para todas las consejerías de Educación, incluidas las gobernadas por el propio partido. Una ley técnicamente mal hecha, con grandes dificultades para su desarrollo, y una memoria económica que convirtió en estructurales los más de 10.000 millones de euros de recortes que el Gobierno popular ejecutó contra la enseñanza pública.
La LOMCE es la malquerida de las leyes educativas españolas. En 2013, diez grupos parlamentarios, algo inédito en cuarenta años de democracia, se comprometieron con su derogación. Y, en 2016, ya con el PP fuera del Gobierno, la paralización del calendario de la implantación fue aprobada en el Congreso con 186 votos a favor y la abstención de Ciudadanos.
Confianza y compromiso
Ahora, se abre un nuevo camino. La LOMLOE no es “otra oportunidad perdida”, como manifiestan una y otra vez los sectores más conservadores de la política y de la sociedad. La situación que ha generado en la educación la pandemia del Covid-19 urge al Gobierno a adoptar medidas de emergencia en las políticas sociales. Medidas que deben implementarse a corto, medio y largo plazo y que, en educación, deben tener carácter de ley. Lo hemos dicho anteriormente, la LOMLOE es una ley moderada cuyo texto ha tenido importantes cambios desde su aprobación por el Consejo de ministros y ministras hasta llegar al Pleno del Congreso el jueves 19 de noviembre de 2020. Una ley que deja razonablemente insatisfechas a todas las personas, instituciones, asociaciones y sindicatos que, de una manera u otra, han participado en su contenido. Resuelve algunos temas urgentes, mientras, para otros, abre la puerta hacia un escenario deseado, pero no cercano; y recoge algunos compromisos de futuro, que quedan pendientes para una posterior negociación con los actores principales, como la ley para la profesión docente y el estatuto. Sin embargo, crea los espacios necesarios para que el sistema educativo pueda crecer y avanzar.
La nueva ley empieza ahora el camino más complicado, que es su desarrollo y aplicación. Tiene por delante retos importantes, como realizar de forma equilibrada esa posible transición del currículo actual a otro más flexible, racional, con más colorido y menos densidad; avanzar hacia la digitalización al servicio de los derechos de la infancia e integrada en el proyecto educativo, aterrizar los distintos enfoques que sustentan la ley en el día a día, afrontar la negociación de una ley de la profesión docente, mantener la inversión en la educación pública como una prioridad en la agenda política, y hacer partícipe y cómplice a la comunidad educativa en la superación de estos y otros retos.
La confianza y el compromiso son los cimientos donde se ha de construir el cambio en educación. Cambiar la perspectiva ante la necesidad de avanzar hacia sistemas resilientes y flexibles, en los que el conocimiento se pueda crear y tocar. Modelos públicos, inclusivos donde la participación y los valores democráticos tengan peso específico.
La pandemia nos ha demostrado que el actual sistema educativo es rígido y despiadado, poco creativo y resistente a cualquier reforma, pero nos da una oportunidad de cambio, si somos capaces de pensar distinto y entender que vivimos una situación inédita que hay que afrontar con una visión inédita.
