Las jornadas se han llevado a cabo en un momento crucial, en el que el Ministerio abre un debate en torno a una nueva Ley Orgánica de Universidades, en el que CCOO, primer sindicato en el ámbito de la educación superior, vamos a comparecer con nuestras valoraciones y propuestas como siempre: con rigor en los análisis y los planteamientos, con voluntad negociadora y con firmeza.
Hasta el momento, la legislatura no ha arrojado resultados concretos que podamos valorar positivamente. Mientras podemos identificar una agenda reformista con un hilo conductor claro en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, no sucede lo mismo en el de Universidades, que, en nuestra opinión, no debió separarse de Educación y menos aún de Ciencia.
En Educación se sigue una línea de trabajo que ha dado sus primeros resultados: revertir las reformas educativas del PP, apostando por una educación inclusiva que garantice la calidad con equidad. Se derogó el RD 14/2012 en al ámbito de la educación no universitaria, se aprobó la LOMLOE, se prepara una nueva Ley de Formación Profesional y una norma que regule la profesión docente, entre otras cuestiones. Según CCOO, algunas de estas reformas podrían haber ido más lejos.
No obstante, no hay una agenda de trabajo ni un hilo conductor en el ámbito universitario. La recuperación del statu quo anterior a las reformas regresivas de Wert y el PP no se puede identificar con claridad. No se ha derogado el RD 14/2012 en el ámbito de la educación superior, como se ha hecho en la enseñanza no universitaria, y de los tres decretos promovidos por Wert, solo se ha tocado el de Creación, Reconocimiento, Autorización y Acreditación de Universidades y Centros Universitarios. Se ha hecho de forma insuficiente y parcial para reducir su impacto privatizador, liberalizador y de merma de la calidad. En tanto, se anuncia un decreto que eliminará los grados de 3 años, volviendo a la fórmula de 4 años de duración, lo que CCOO ha venido planteando desde que el PP tomó la medida, que tenía un claro sesgo privatizador.
Las propuestas del Ministerio enfatizan el carácter utilitarista de la Universidad al servicio de los intereses de las empresas, postergando el conocimiento, la reflexión o el pensamiento crítico, y debilitando, por tanto, la dimensión de servicio público de nuestro sistema de educación superior
La propuesta de modificación de la LOU, finalmente aparcada entre el rechazo de las organizaciones sindicales y el desinterés y la falta de apoyo de las propias instituciones de educación superior, no resolvía ninguno de los problemas que sufren las universidades públicas: quedaba sin respuesta la precariedad que aqueja al personal docente e investigador (especialmente de las profesoras y los profesores contratados doctores, ayudantes doctores y asociados/as); apostaba por profundizar en la laboralización, definiendo una carrera paralela a la funcionarial para el PDI universitario; no se hablaba de financiación, cuando este indicador cayó un 21% entre 2008 y 2018 y nuestro porcentaje de inversión en relación al PIB está por debajo de los países de nuestro entorno…
Consideramos que el RD de Creación de Universidades no sirve para limitar la proliferación de instituciones privadas y fomenta la docencia “bimodal” y a distancia, mientras mantiene las limitaciones en la tasa de reposición y los recortes contenidos en el RD 14/2012 y en la financiación de las universidades públicas. El texto elude cuestiones medulares como la estructura de la plantilla docente e investigadora; la oferta académica de títulos de grado, máster y doctorado; la existencia de planes y líneas de investigación; las infraestructuras científico- técnicas necesarias para la docencia y la investigación, o las condiciones de creación de centros adscritos y de expedición de títulos por universidades extranjeras.
Las propuestas del Ministerio enfatizan el carácter utilitarista de la Universidad al servicio de los intereses de las empresas, postergando el conocimiento, la reflexión o el pensamiento crítico, y debilitando, por tanto, la dimensión de servicio público de nuestro sistema de educación superior.
Ahora el Ministerio promueve una consulta sobre una Ley Orgánica de Universidades en la que se plantea recabar la opinión de diferentes agentes en torno a cinco puntos: gobernanza y estructura universitaria; financiación; docencia, investigación y transferencia; estudiantes, y personal docente e investigador. Este errático proceso no se ha caracterizado por el respeto al diálogo social en el ámbito de la educación superior. El Ministerio se ha negado a convocar la Mesa de Universidades y la interlocución ha sido poco fluida y discontinua, planteándose contactos con carácter meramente informativo, sin reconocer la capacidad de representación y negociación de las organizaciones sindicales.
Es el momento de exigir una agenda concreta de negociación, que nos dote de un horizonte de reformas que nos permitan revertir las políticas liberalizadoras, privatizadoras y de abandono de la Universidad pública, abordar de forma integral su modernización, con la suficiente financiación, que ponga énfasis en su carácter de servicio público esencial, que contribuya a cerrar la brecha de la desigualdad social, favorezca la cohesión territorial, incida profundamente en el cambio de modelo productivo y ponga en valor a sus trabajadores y trabajadoras como un elemento estratégico para llevar a efecto tales cambios.
En CCOO estamos dispuestos a poner nuestras propuestas sobre la mesa para abordar los retos pendientes, con ánimo negociador, con lealtad y con firmeza. Pero la Universidad española no puede esperar más. No podemos permitirnos el lujo de dilapidar una legislatura que reclama políticas claras y decididas que, de momento, no se vislumbran.
