CCOO lleva un año exigiendo a las administraciones que se tomen las medidas para garantizar la celebración de unas oposiciones que sean seguras para las personas aspirantes y para las que forman parte de los tribunales.
Y es que esto de las oposiciones no es un tema menor, porque afecta a unas 300.000 personas cada año. Por un lado, y en virtud de la calidad de sistema educativo, porque hay una imperiosa necesidad de avanzar en la estabilidad de los y las profesionales; por otro, porque tenemos que ser capaces de hacerlo con la debida seguridad.
Desde CCOO defendemos que resolver esta diatriba requiere de medidas serias y coordinadas, y por ello hemos solicitado reiteradamente al Ministerio y a las administraciones autonómicas que nos convoquen urgentemente para abordar este espinoso asunto.
Nuestras demandas
En plena pandemia sería bueno que, en la medida de lo posible, las personas no tuvieran que viajar de una provincia o una isla a otra e incluso de una comunidad a otra para opositar, y, por ello, sería positivo multiplicar el número de tribunales y su localización y coordinar las fechas de las pruebas entre las CC. AA.
Proponemos también establecer una exención voluntaria para las personas evaluadoras que presentan especial vulnerabilidad al virus y tener en cuenta la dificultad de compaginar esa labor con el cuidado de personas sin establecer medidas de racionalización de las tareas de los tribunales o el establecimiento de permisos para la conciliación. En plena pandemia no parece buena idea dejar a nuestros menores al cargo de sus abuelos y abuelas mientras sus madres y padres hacen jornadas maratonianas.
Debemos recordar a las administraciones educativas que, en las fechas de celebración de las pruebas, habrá personas aspirantes en cuarentena y hospitalizadas, y que es imprescindible establecer una segunda fecha, de modo que ninguna persona vea vulnerados sus derechos por mantener cuarentena o tener el virus.
Vamos a negociar conjuntamente sobre la necesidad de reducir aglomeraciones, y, por tanto, sobre la exigencia de establecer una ratio máxima de personas por tribunal, y a incidir sobre el hecho de que no excluir a quienes no se presentan a este proceso de la lista de interinidad reduciría la concurrencia. Y también prever la posibilidad de que alguna persona presente síntomas durante la realización de la prueba y anticipar posibles soluciones.
Exigimos a las administraciones que garanticen la seguridad de los y las personas, que somos y seremos uno de sus más importantes activos.
