En 2017, la Federación de Enseñanza de CCOO celebró su 12º Congreso, iniciando un nuevo mandato que coincidió con un Gobierno del PP que había impulsado políticas de corte neoliberal. En nuestro sector, estas se concretaron en duros recortes que afectaron especialmente a la escuela pública y al alumnado más vulnerable. Los recortes impactaron igualmente en el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de los sectores públicos y privados, deteriorando nuestras condiciones laborales y retributivas, y empeorando la cantidad y la calidad del empleo en el sector.
Esta era la situación que nos encontramos hace cuatro años. En este escenario de prevalencia de los recortes y de las políticas privatizadoras y segregadoras de la LOMCE, el PP propuso un Pacto de Estado en la Subcomisión de Educación del Congreso.
Recuperar los 9.000 millones recortados
Desde CCOO exigimos la recuperación de los 9.000 millones de euros perdidos como consecuencia de los recortes como condición para abordar cualquier pacto. Reunimos nuestras propuestas en “El libro verde por la Educación” y “La Educación que Queremos”, entre otros documentos. Las presentamos públicamente y las hicimos llegar a las fuerzas políticas y a las organizaciones educativas para generar complicidades y extender nuestras posiciones.
El escenario solo era proclive a un pacto a la baja que habría pesado sobre la educación de nuestro país por un largo periodo de tiempo.
Desde la Plataforma por la Escuela Pública consensuamos un decálogo para el pacto con el objetivo de poner en valor a las organizaciones de la comunidad educativa, señalando condiciones y cautelas a los partidos políticos y al Gobierno. El documento, más allá de su sencillez, obró un efecto político potente que terminó generando la salida del PSOE y de Unidas Podemos de la Subcomisión en un primer momento y posteriormente de ERC y PDCAT.
La quiebra del pacto nos devolvió a la casilla de partida en lo tocante a nuestras reivindicaciones: derogación de la LOMCE y de las reformas educativas del PP, y reversión de los recortes, por lo que decidimos desplegar nuestro trabajo en el terreno de la propuesta, a través de nuestros documentos de posición sobre las principales reivindicaciones, y de la respuesta, convocando movilizaciones desde la Plataforma por la Escuela Pública.
Este es el contexto en el que se produce el triunfo de la moción de censura. El 1 de junio de 2018, el PSOE, con un amplio apoyo de los grupos parlamentarios, ganó la moción, aunque para la constitución del nuevo Gobierno tuvimos que esperar a noviembre, tras un nuevo paso por las urnas.
El decreto de estructura gubernamental deparaba la primera novedad respecto al ámbito educativo al situar las competencias sobre educación superior en un nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología y Universidades, decisión con la que desde CCOO nos mostramos críticos.
Un Ejecutivo sin ambición
Este breve Ejecutivo (el 28 de abril de 2019 se celebraron nuevas elecciones generales) no abordó los debates educativos pendientes y su impacto en la reversión de las políticas del PP fue muy escaso. La derogación del RD 14/2012 se llevó a cabo mediante la tramitación de una ley (en lugar de un Real Decreto Ley) que posponía al curso siguiente a su aprobación la entrada en vigor de la recuperación de las 18 horas lectivas y la reducción de las ratios. En el ámbito universitario no se llevó a cabo ninguna iniciativa para derogar el RD.
Sabiendo que la aritmética parlamentaria y la previsible duración de la legislatura no daban para la tramitación y aprobación de una nueva ley de educación, pusimos énfasis en la exigencia al Ministerio de desmontar con urgencia la LOMCE a través de la derogación de sus aspectos más regresivos, lo que finalmente no se llevó a cabo. Desde CCOO presentamos un informe jurídico incluyendo los aspectos que podían ser modificados por real decreto o real decreto ley, que habrían permitido aliviar en parte el peso de las reformas regresivas del PP.
Con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Universidades iniciamos tres líneas de trabajo que no arrojaron resultados concretos: estatuto del PDI, ordenación de las enseñanzas oficiales e internacionalización. En el ámbito de la investigación, valoramos de modo positivo las modificaciones realizadas en el Estatuto del Personal Investigador en Formación.
El 28 de abril de 2019 se consolidó el cambio de ciclo político, posibilitando la conformación de un Gobierno de progreso y, por primera vez en la historia de nuestra democracia, de coalición. El Ministerio de Educación y FP aceleró la tramitación parlamentaria de la LOMLOE, comprometió una Ley de Formación Profesional, corrigió el rumbo en materia de becas y recogió en la nueva ley educativa la elaboración de una norma sobre el profesorado para introducir los cambios necesarios en la profesión docente. El Ministerio de Universidades, desgajado ahora del de Ciencia y Tecnología en una decisión absurda, ha tenido un impulso reformista menos claro.
La pandemia ha reforzado la evidencia de la necesidad de tener unos servicios públicos potentes. El problema es que la mayor exigencia a la que nos somete tropieza con unos servicios públicos duramente golpeados por los recortes
Diálogo discontinuo y poco contenido de negociación
Aunque parecía razonable pensar que el nuevo Ejecutivo iba a impulsar el diálogo, la interlocución en ámbitos formales de negociación es, en ambos ministerios, discontinua y con contenidos de negociación escasos.
El acuerdo programático entre el PSOE y UP contemplaba 11 medidas en materia de educación no universitaria. La más destacada era la derogación de la LOMCE. Se apostaba también por la coeducación, el control social y la gratuidad de los centros concertados, abordar el debate sobre la profesión docente, reducir la temporalidad en el sector educativo, promover la reducción de las ratios y universalizar el ciclo 0-3 de la Educación Infantil a través de la extensión de la red pública, entre otras cuestiones.
En el ámbito de la educación superior se comprometían a poner en marcha un pacto por la universidad consensuado para garantizar una financiación suficiente para modernizarla, garantizar los derechos y estabilizar el empleo a través de una nueva Ley Orgánica de Universidades e impulsar una nueva política de becas y tasas para asegurar la consideración de las becas como derecho subjetivo, reforzando su carácter compensador y dando certidumbre sobre su cuantía durante la matriculación.
Constituido el Gobierno, exigimos la apertura inmediata de todas las mesas de negociación. Recogimos nuestra agenda reivindicativa en el documento Propuestas en Materia Educativa de la Federación de Enseñanza de CCOO para las elecciones generales de 2019. Y abordamos la tramitación parlamentaria de la LOMLOE trabajando desde la propuesta para condicionar el contenido de la Ley.
La derecha política, las patronales de la enseñanza privada y sus sindicatos satélites, las organizaciones sociales de la derecha educativa, el amplio poder mediático de la derecha y la Iglesia católica sacaron toda su artillería contra una ley que podría tildarse de moderada y que hubiera sido la base sobre la que articular un pacto social y político en cualquier país de nuestro entorno.
En nuestro sector hemos vivido la irrupción de VOX. La campaña para la puesta en marcha del veto parental, que fue recurrida por FECCOO ante la Fiscalía General del Estado y ante la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, es el mejor ejemplo.
El profesorado frente al ataque de la ultraderecha
Señalamos que la iniciativa tenía implicaciones educativas, jurídicas y políticas. Pero dijimos que tenía también una clara dimensión sindical en la medida en que afectaba a las condiciones de desempeño profesional del personal del sistema educativo, ya que se llegó a denunciar a docentes, equipos directivos y responsables políticos por llevar a cabo o promover actividades complementarias relacionadas con la igualdad o la diversidad afectivo-sexual.
Destacamos los aspectos en que esta iniciativa vulneraba el ordenamiento jurídico, elaboramos informes y argumentarios que pusimos a disposición del profesorado y de los centros educativos, y ofrecimos nuestros servicios jurídicos para quienes pudieran verse afectados.
Por otro lado, la irrupción de la pandemia en 2020 ha tenido un impacto demoledor sobre la actividad económica, sobre el empleo, sobre los servicios públicos, sobre la educación… En definitiva, sobre la vida de las personas.
El confinamiento puso a prueba la capacidad del sistema educativo para adaptarse a unas circunstancias excepcionales con unos resultados satisfactorios, gracias al esfuerzo de todos los actores. El profesorado se reinventó en el escenario en línea en 24 horas, garantizando la continuidad de la educación. Sin embargo, el virus ha contribuido a resaltar las desigualdades sociales.
Menos ratios para una presencialidad segura
Situamos que la clave para garantizar una presencialidad segura son las ratios. Las recomendaciones de las autoridades educativas y sanitarias lo apuntaban con claridad. El Ministerio de Educación y Formación Profesional renunció a su función de liderazgo dejando la decisión final sobre aspectos sustantivos como ratios y espacios en manos de las CC. AA.
Tuvimos que convocar movilizaciones descentralizadas para torcer la voluntad de las consejerías de Educación y conseguir incrementos de plantilla que permitieran reducir las ratios. Finalmente, en el curso 2020-2021 se incorporaron en torno a 37.000 nuevos docentes.
Este comienzo de curso, sin embargo, se han rebajado los requisitos de seguridad en la vuelta a clase, se han subido las ratios y se han reducido los refuerzos educativos. Esta decisión ha sido duramente contestada por CCOO.
Reducción de la temporalidad y consolidación del empleo
La pandemia ha reforzado la evidencia de la necesidad de tener unos servicios públicos potentes. El problema es que la mayor exigencia a la que nos somete tropieza con unos servicios públicos duramente golpeados por los recortes.
Los acuerdos de la Mesa General de Empleados/as Públicos/as nos han permitido iniciar la senda de la recuperación del poder adquisitivo perdido, pero han sido menos eficaces en garantizar la consolidación del empleo. La dejadez de muchas administraciones a la hora de sacar las plazas a oferta pública de empleo, junto con las restricciones de la pandemia, arrojan finalmente un saldo muy negativo: la tasa de temporalidad en los sectores públicos se sitúa por encima del 25% y supera ya la de los sectores privados. En FECCOO hemos cerrado una propuesta en torno a un sistema transitorio de acceso que permita reconocer suficientemente los méritos del personal eventual e interino de cara al acceso a la condición de indefinido o de funcionario de carrera.
Un sinfín de frentes abiertos
En la educación no universitaria, tras la aprobación de la LOMLOE nos enfrentamos a los desarrollos normativos de la Ley, al debate sobre una Ley de Formación Profesional, a la regulación de las Enseñanzas Artísticas Superiores y Profesionales, a la negociación de una norma que regule la profesión docente…
En la Educación Superior, sin embargo, las acciones del Ministerio de Universidades no han tenido un hilo conductor. Este ha puesto sobre la mesa una propuesta de borrador de Estatuto de PDI que perpetúa la precariedad, apuesta por la laboralización del PDI y genera nuevas figuras contractuales que podrían agravar los problemas. Un intento condenado al fracaso tras el que el Ministerio plantea la discusión en torno a una nueva Ley Orgánica de Universidades.
