Sin embargo, ahora toca analizar en qué condiciones de trato –o maltrato– se encontraban los servicios públicos, en particular el sistema educativo, cuando tuvimos que enfrentarnos a la pandemia. Porque, claro, tendremos que exigir la misma responsabilidad a quien pueda evitar que esto ocurra otra vez.
Es cierto que el Gobierno progresista heredó un sistema educativo marcado por los recortes, la precariedad y la privatización, con elevadísimas ratios; con un profesorado sobrecargado con horas lectivas, unas tasas de interinidad que ronda el 30% y una privatización cabalgante que, en pleno debate social sobre la universalización de la educación y durante la vigencia de la LOMCE, supuso un crecimiento del 67% de la FP de Grado Superior privada y un 26% de la de Grado Medio, por poner algunos ejemplos.
Ante esto, no podemos más que exigir responsabilidad al Gobierno. Los retos son enormes. Y si bien ha conseguido sustituir la LOMCE –no sin dificultades y concesiones–, le queda mucha tarea por hacer. Es imprescindible reforzar el sistema, sus recursos y sus plantillas. No solo por la experiencia de la pandemia, sino porque se ha demostrado que la reducción de ratios es extremadamente positiva para la calidad educativa, especialmente en la atención al alumnado más vulnerable.
Es imprescindible reforzar el sistema, sus recursos y sus plantillas. No solo por la pandemia en la que seguimos inmersos, sino porque se ha demostrado que la reducción de ratios es extremadamente positiva para la calidad educativa, especialmente en la atención al alumnado más vulnerable.
Es fundamental también abordar las condiciones laborales del profesorado y su reconocimiento. Deben retomarse debates como el de la reducción de la carga lectiva con carácter normativo básico a un máximo de 18 horas en Secundaria, FP y Régimen Especial y 23 en Infantil y Primaria. Y deben abordarse otros temas, como la carrera profesional o las cuestiones retributivas, con el objetivo de avanzar hacia el cuerpo único docente.
La precariedad y la temporalidad en la función pública docente deben tener ya una solución definitiva y aplicarse las medidas para que no se vuelvan a generar. Los diferentes acuerdos y reformas legislativas promovidas gracias a CCOO han sido de gran ayuda en esta cuestión, pero ahora debemos velar por su cumplimiento efectivo.
La cuestión de la reversión de las políticas privatizadoras debe acometerse de una forma clara y valiente, con una inequívoca voluntad política de reforzar y convertir en principal, en todo el territorio y en todas las enseñanzas, el sistema educativo público de gestión directa. En este sentido, un elemento principal es que etapas y enseñanzas que deben experimentar un especial crecimiento, como Infantil o FP, tengan asegurado que se va a realizar con plazas de gestión directa pública.
