En esta Mesa se han tratado, en los últimos años, medidas muy importantes, como la recuperación de poder adquisitivo en el acuerdo 2018-2020, así como los diversos acuerdos para la eliminación de la abusiva temporalidad en las AA. PP. Hace unas semanas también se acaban de acordar las medidas retributivas para evitar la pérdida de poder adquisitivo que está comportando el incremento de precios.
Pero no solo eso. En estos momentos estamos avanzando en otra serie de importantes medidas laborales, complicadas de articular, ya que la organización de las distintas administraciones es muy diferente. Intentar negociar en una misma Mesa tanto para la administrativa de un centro educativo como para la de un ministerio o un ayuntamiento, junto con el profesorado, el personal de atención educativa o el de extinción de incendios, es complejo. Por ello, el equipo de personas que conformamos el Área Pública Confederal de CCOO debemos trabajar de una forma muy coordinada.
Excepto en algunas materias concretas, como los incrementos retributivos, nuestro objetivo en esta mesa es conseguir herramientas para que otras compañeras y compañeros sean capaces de negociar de la mejor manera posible en los ámbitos sectoriales correspondientes. Tenemos que conseguir acuerdos que permitan mejorar al conjunto, pero de forma diferenciada en cada caso. Forzar a que las administraciones implementen medidas, respetando su capacidad de autoorganización. Evitar redactados que permitan a las administraciones obviar las mejoras, pero sin eliminar la posibilidad de negociación de nuestra gente en sus ámbitos. Algo parecido a encontrar la cuadratura del círculo.
Pero incluso en estas condiciones complejas, hemos conseguido avances. Ahora estamos enfrascados en cosas tan importantes como extender la reducción del tiempo de trabajo a las 35 horas semanales; establecer el grupo B, con la consiguiente mejora para quienes cuenten con Grado Superior; acabar con el RDL 20/2012 que sigue impidiendo la jubilación anticipada parcial o limitando la capacidad de negociación colectiva; extender la lucha por la igualdad de la mujer en las administraciones públicas; garantizar nuestra intervención en los procesos de digitalización; y acabar con la infausta tasa de reposición, que han llevado al límite muchísimos servicios públicos. Un conjunto de medidas que deben mejorar nuestras condiciones laborales a la vez que mejoran los derechos de ciudadanía que prestamos desde los servicios públicos. Una tarea complicada, pero apasionante.
