Con la reforma del PP se cimentó un modelo precario para las personas jóvenes. Sus salarios, expresados en términos de poder de compra, son más bajos que hace unas décadas y la duración de sus contratos de trabajo suelen estar marcados por la parcialidad no voluntaria y la temporalidad, si bien, en este último caso, la Reforma Laboral de 2022 ha supuesto un cambio del que se benefician colectivos en situación de vulnerabilidad.
Además, la tasa de paro entre la población menor de 25 años fue de un 28,36% (según el dato del último trimestre de 2023 de la Encuesta de Población Activa), más del doble que la tasa de desempleo absoluta, que cerró el año en un 11,8%.
En este contexto, la situación en los sectores socioeducativos y de la enseñanza privada, que históricamente han empleado personas jóvenes, no es muy diferente, con el agravante de ser sectores muy feminizados en los que la brecha por cuestión de género sigue siendo una realidad alarmante. Las trabajadoras de Ocio Educativo o del primer ciclo de Infantil no solo se enfrentan a la precariedad de sus condiciones laborales, sino que también han de luchar contra la invisibilización y la falta de reconocimiento de la labor educativa que realizan, lo que juega en contra de la dignificación de sus condiciones.
Todo ello con la complicidad de las administraciones públicas que, por un lado, externalizan esos servicios educativos con dotaciones económicas insuficientes y premiando a aquellas empresas que presentan la oferta económica más baja en los procesos de licitación; y, por otro, permitiendo el incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de esas empresas, que en algunas ocasiones ha supuesto la no aplicación del convenio colectivo de referencia y el impago reiterado de las nóminas.
Ante esta compleja situación, CCOO ya dio los primeros pasos al avalar la última reforma, que ha traído un nuevo marco de relaciones laborales en el que se ha dado prioridad a la estabilidad en el empleo a través de la reducción de la contratación temporal o acordando progresivas subidas del SMI. Pero tenemos que ir más allá, defendiendo la necesidad de que las políticas de juventud ocupen un lugar central en el conjunto de las políticas públicas que apuntalen de manera incuestionable el Estado del bienestar.
