El derecho a la educación inclusiva está en peligro

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, RECONOCIDO EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL, enfrenta un grave riesgo en el sistema educativo español.

El informe de inicio de curso de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO analiza la evolución de las necesidades educativas entre los cursos 2017-2018 y 2023-2024, centrándose en cómo estas se han incrementado sin un refuerzo proporcional de recursos e inversión. El estudio demuestra que este desajuste amenaza la equidad y la calidad de la enseñanza, sobrecarga al personal docente y de apoyo, y genera una brecha entre las necesidades del alumnado y las respuestas institucionales.

Evolución del alumnado y del contexto

En el periodo estudiado, el alumnado total en enseñanzas de régimen general creció en 139.878 estudiantes, gracias, principalmente, a la incorporación de 353.192 estudiantes extranjeros. Sin esta aportación, el sistema habría experimentado una disminución significativa, especialmente en etapas de Infantil y Primaria.

El foco del informe está en el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), que abarca necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, situaciones de vulnerabilidad social y altas capacidades. El análisis incluye también el impacto de la pandemia de la COVID-19, que evidenció desigualdades y supuso un aumento coyuntural del gasto educativo, pasando del 3,01% del PIB en 2019 al 3,53% en 2020, pero que descendió al 3,23% en 2023, reflejando la ausencia de un refuerzo estructural.

Incremento de las necesidades específicas

Los datos oficiales muestran un crecimiento sostenido y muy significativo:

  • Necesidades educativas especiales: incremento superior al 36%.
  • Dificultades específicas de aprendizaje: aumento del 66%.
  • Situaciones de vulnerabilidad social: crecimiento del 128%.
  • Altas capacidades: incremento del 71%.

En conjunto, el alumnado con algún tipo de necesidad aumentó más de un 75%, pasando del 7,6% al 13,1% del total. Este incremento, sin embargo, no ha venido acompañado de una ampliación suficiente de recursos, lo que genera sobrecarga en centros y profesionales.

Infradetección y desigualdades

El informe subraya la escasa detección del alumnado con dificultades de aprendizaje. Según estudios de prevalencia, al menos el 15% del alumnado debería estar identificado, pero los registros oficiales reconocen solo a un tercio. Esto significa que un 69% no es contabilizado ni atendido adecuadamente.

Lo mismo ocurre con la desventaja socioeducativa: algunas comunidades autónomas como Andalucía y Euskadi ni siquiera registran a este alumnado, a pesar de que las estadísticas del INE revelan que un 29,2% de menores en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale a 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes.

En cuanto a la distribución, la educación pública asume la gran mayoría de alumnado con dificultades de aprendizaje (72,5%) y vulnerabilidad social (79,5%), mientras que en la red privada-concertada se equipara a su peso en el sistema únicamente en la categoría de altas capacidades.

Insuficiencia de recursos e inversión

La inversión específica en programas de atención a la diversidad ha disminuido proporcionalmente:

  • Educación Especial: -10,8%.
  • Educación Compensatoria: -98,1%.
  • Total de necesidades educativas: -49%.

Según los cálculos de CCOO, serían necesarios más de 3.564 millones de euros adicionales para garantizar una atención adecuada al alumnado con necesidades específicas. Solo para reforzar la detección y atención a las dificultades de aprendizaje se requieren al menos 10.000 profesionales de orientación y apoyo.

Conclusiones

El informe concluye que el derecho a la educación inclusiva se encuentra en peligro en España. El aumento del alumnado con necesidades específicas contrasta con una inversión insuficiente y en retroceso, lo que compromete el éxito escolar y social de las y los estudiantes más vulnerables.

Esta situación supone también una carga insostenible para el profesorado y el personal de apoyo que, aunque mantiene su compromiso y vocación, afrontan condiciones de trabajo más difíciles, niveles más altos de estrés y un desgaste progresivo. En consecuencia, el sistema educativo depende del esfuerzo individual de sus profesionales, lo que no es sostenible a largo plazo.

Propuestas de CCOO

Para revertir esta situación, CCOO plantea un conjunto de medidas que persiguen garantizar equidad, calidad y sostenibilidad en el sistema educativo:

  1. Reducción de ratios: que el alumnado con necesidades específicas cuente doble a efectos de conformación de grupos.
  2. Refuerzo de personal especializado: más orientadores/as, docentes de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, además de perfiles de apoyo como fisioterapeutas, logopedas, personal de enfermería y auxiliares.
  3. Incremento de recursos materiales y humanos para alumnado con necesidades especiales y dificultades específicas de aprendizaje, con una ratio máxima de 12 estudiantes por especialista.
  4. Ampliación de refuerzos educativos y creación de 20.000 nuevos grupos con una dotación de al menos 35.000 docentes.
  5. Acceso universal y gratuito a comedores escolares y actividades de ocio educativo.
  6. Aumento de becas y ayudas al estudio, especialmente en Formación Profesional y universidad.
  7. Más plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil, fundamental para combatir desigualdades tempranas.
  8. Expansión de la oferta pública de FP en modalidades presencial y a distancia.
  9. Fomento de la educación de personas adultas para favorecer la integración y el aprendizaje a lo largo de la vida.
  10. Mejora de Enseñanzas de Régimen Especial (idiomas, música, danza, deportes, artes).

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Autoría

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Diego Rodríguez Villegas

Secretario de Acción Sindical y Coordinación Sectorial y Sociopolítica en la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO