JOSÉ CARLOS GÓMEZ VILLAMANDOS (Córdoba, 1963) acaba de revalidar su mandato como presidente de CRUE Universidades Españolas. Es doctor en Veterinaria y catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y presidente del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación de Andalucía, cargos que compagina también con el de rector de la Universidad de Córdoba.
¿Cuáles son los desafíos inmediatos de la Universidad española en general?
Que la nueva ley de universidades que el Ministerio está elaborando, y que prevé tener aprobada a finales de este año, nos dote de los recursos y herramientas que llevamos años reclamando para competir en igualdad de condiciones con otros sistemas universitarios europeos, de manera que la Universidad ocupe el lugar que le corresponde como principal vector de cambio hacia una economía basada en el conocimiento.
Acaba de ser reelegido presidente de CRUE Universidades Españolas. ¿Cuáles son sus prioridades para este nuevo mandato?
Nos encontramos en un momento clave para la reforma en profundidad del sistema universitario español. Es crucial que el Gobierno escuche las peticiones que le estamos haciendo desde la comunidad universitaria y que presentamos en octubre del año pasado en el documento Universidad 2030, con propuestas que recogen las necesidades y retos para la próxima década y son un excelente punto de partida para elaborar una nueva ley que concite el máximo consenso. Han sido elaboradas por la comunidad universitaria desde una perspectiva puramente académica y sin vinculaciones políticas. Queremos que el Gobierno presente una ley pensada para que la Universidad vuelva a ser un espacio de oportunidades para todos los ciudadanos y las ciudadanas, y que se aproveche todo su potencial para impulsar el progreso de la sociedad.
¿Ocupa la Universidad española el lugar que le corresponde en las clasificaciones internacionales?
El sistema universitario español está entre los más equitativos del mundo y el conjunto se encuentra entre las 1.000 mejores. El papel de cohesión social que juega la Universidad española es también muy importante. Cualquier estudiante tiene un centro de educación superior de calidad en un radio de 50 kilómetros de su hogar, con las implicaciones socioeconómicas que eso supone. En cuanto a la excelencia, nuestras universidades han contribuido a colocar a España como la décima potencia en cuanto a producción científica, pese a tener una financiación y unos recursos muy por debajo de otros sistemas europeos que disfrutan de hasta cuatro veces más presupuesto que nosotros. El esfuerzo de la comunidad universitaria ha sido enorme, pero tiene un límite. Por eso pedimos una nueva Ley que nos dote de una financiación y de una normativa que nos permita competir de igual a igual en Europa.
¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades ante el escenario de pandemia actual?
Nuestra fortaleza ha sido una sorprendente capacidad de adaptación que demostramos en el final del curso pasado para implementar –en apenas 24 horas– un escenario de docencia de emergencia en remoto y una docencia semipresencial en este curso. Nuestra debilidad es la falta endémica de recursos que venimos padeciendo. En cada crisis tenemos que rompernos la garganta para explicarles a nuestros gobernantes que la educación universitaria es una inversión para salir adelante y no un gasto que recortar. En la pasada crisis económica fuimos de los poquísimos países europeos que redujeron la financiación de las universidades y en la pandemia hemos tenido que pelear hasta la extenuación cada céntimo de los 400 millones que asignó el Fondo Covid-19 del Gobierno para la educación superior y que las comunidades autónomas no terminaban de entregar a las universidades, pese a los muchos gastos extraordinarios e imprevistos que tuvimos que afrontar para evitar el colapso del sistema.
¿Ha sabido responder la Universidad española de manera adecuada a la «normalidad» vigente en este último año de distancia social y no presencialidad?
Sí. Hemos establecido planes de contingencia, adaptado espacios, organizado turnos y reforzado infraestructuras y servicios para que el impacto sobre el estudiantado fuese mínimo. Desde el primer momento aseguramos que nadie se quedaría fuera por culpa de la pandemia y seguimos trabajando cada día para que así sea.
“La eficacia administrativa y de gestión no puede ir en contra de la optimización económica”
¿Cómo es la relación actual de CRUE Universidades Españolas con el Ministerio de Universidades?
De colaboración fluida. Mantenemos reuniones periódicas con el equipo de Castells, y con el propio Castells, para abordar los temas más urgentes de la Universidad. Unas veces coincidimos en nuestros puntos de vista y otras, discrepamos. Y no hay que olvidar que una parte fundamental de nuestra actividad está asociada al Ministerio de Ciencia e Innovación (las universidades aportamos el 72% de la investigación de calidad del país) con el que mantenemos una relación similar. Ya saben que siempre hemos defendido que ambas competencias deben estar en un mismo Ministerio. Un claro ejemplo de esa unidad es el que se empezara a trabajar en la carrera del PDI y en la del personal investigador de forma aislada, hasta que CRUE manifestó la necesidad de coordinar ambas carreras.
Uno de los bloques estratégicos que señala el Ministerio a la hora de plantear la necesaria reforma del sistema universitario es el de la gobernanza y la estructura organizativa. ¿Es realmente una prioridad? ¿Por qué?
La gobernanza es la clave de bóveda de toda la reforma universitaria. Pero lo primero que hay que hacer es levantar los pilares del nuevo sistema universitario español y abordar las reformas urgentes que necesita y, luego, coronar toda esa reforma con la gobernanza. Lo contrario sería empezar la casa por el tejado. Y eso no funciona nunca.
¿Es factible estandarizar de alguna manera el funcionamiento interno de realidades universitarias tan diversas en tamaño (alumnado, cuerpos docentes, personal educativo…) e influencia territorial?
El sistema universitario es muy homogéneo en cuanto a calidad y no hay diferencias abismales entre las diferentes universidades, a pesar de ser muy heterogéneo en cuanto a características de sus centros. Por ese motivo una de las principales reclamaciones que le estamos haciendo siempre al Ministerio es que cualquier normativa que se apruebe sea muy flexible. Debe establecer un marco básico pero que permita a cada centro adaptarlo a su singularidad. No es lo mismo una universidad con 75.000 estudiantes, que otra que apenas sobrepasa los 5.000. Se les debe dejar margen de actuación, porque el objetivo es común: mejora de la actividad universitaria para contribuir mejor al desarrollo social y económico de nuestro país.
Una preocupación habitual ante una reestructuración organizativa es que se prime la optimización económica por encima de la eficacia administrativa y de gestión, lo que podría implicar la pérdida de puestos de trabajo. ¿Es un miedo racional ante la propuesta del Ministerio?
La eficacia administrativa y de gestión no puede ir en contra de la optimización económica. De hecho, siendo como son recursos públicos, una debe complementar la otra. No son antagónicas. La contabilidad analítica permite conocer costes de servicios con objeto de ser más eficaces en la prestación de servicios públicos. Y, desde luego, cualquier análisis que se haga en términos globales sobre el tamaño de nuestras plantillas, tanto en PDI como en PAS, mermadas considerablemente en los años de la crisis, lo que evidencia no es precisamente ningún exceso, sino más bien lo contrario.
Desde CRUE Universidades Españolas se sitúa la financiación pública universitaria casi un 15% por debajo de la media de la UE y de los países de la OCDE (unos 1.600 millones de euros menos cada año) y ha mostrado una tendencia de abaratamiento en las últimas dos décadas. ¿Qué implicaciones tiene esta desventaja comparativa?
Menos posibilidad de captar y retener talento en nuestros centros. Sin recursos no se pueden mantener infraestructuras y grupos de investigación potentes, y es muy difícil que nuestros investigadores rechacen las ofertas que les llegan de otros sistemas universitarios y que profesionales de fuera quieran venir a desarrollar sus proyectos aquí.
“La tasa de reposición que se impuso en 2012 ha sido uno de los peores mazazos a la Universidad”
¿Cuál es la mejor respuesta posible: más inversión de las CC. AA., aumento de las tasas universitarias o dar acceso a alternativas privadas, como el mecenazgo o la filantropía, que permitan una mayor holgura financiera?
La mejor respuesta es una mejor financiación pública para tener servicios públicos de calidad, una política de equidad en materia de precios públicos y becas y ayudas y, también, sin ser contradictorio, una política fiscal que no penalice la colaboración e inversión privada en lo público vía mecenazgo, acotado, muchas veces en el ámbito investigador.
Se entiende el mecenazgo como «la aportación desinteresada de recursos privados a una actividad general y sin ánimo de lucro». ¿Es en la práctica así? ¿Podría poner en peligro la autonomía y la universalidad que supone el concepto de universidad? ¿Cómo se podría evitar una situación así?
Con una ley de mecenazgo adaptada a la realidad de nuestro país y de su tejido productivo, que está en un 90 por ciento formado por pymes, de las que su inmensa mayoría son microempresas, según la terminología de la propia Comisión Europea. Por otro lado, si pensamos que en estos momentos las aportaciones no finalistas, lo que podemos entender como verdadero mecenazgo por parte de empresas y otras instituciones privadas, ni siquiera alcanzan el 1% de los recursos de origen no financiero en nuestras universidades públicas, es difícil pensar que ello pueda poner en peligro su autonomía. No creo que, en ese contexto, nos debamos preocupar. Lo que desde las universidades hemos pedido respecto de una nueva ley de mecenazgo es que se simplifiquen los trámites administrativos; que quienes deciden donar dinero a las universidades, tengan la certidumbre de que la cantidad de esa donación que les corresponde deducirse pueda hacerse en el año en el que se concede y que no tengan que aplazarla al siguiente en caso de superar el tope del 10 por ciento de su base imponible, como refleja la normativa actual.
¿Cuánta inversión falta en I+D+i?
Los últimos datos consolidados disponibles nos muestran que, en 2017, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) de España seguía en niveles de hace una década, situándonos a la cola de los países desarrollados en este ámbito. En 2017, dicha inversión representó un 1,21% del producto interior bruto (PIB) cuando la media de la Unión Europea estaba en el 2,07%. Además, según datos de la European University Association, la financiación pública de las universidades ha caído en términos reales más de un 21% en el periodo de 2008 a 2019.
“El salto en la transformación digital que hemos dado nos hubiese requerido años en
condiciones normales”
Otro de los puntos clave es el personal universitario. ¿Qué se debería plantear como fundamental para acabar con la precariedad, la temporalidad, la desigualdad entre hombres y mujeres, y el envejecimiento de las plantillas?
Dotar a las universidades de los recursos suficientes para que ellas decidan qué perfiles necesitan para cumplir con su misión. La tasa de reposición que se impuso en 2012 ha sido uno de los peores mazazos que se le ha dado a la Universidad. Debe desaparecer completamente. Las universidades somos instituciones responsables, se debe confiar en nuestro criterio –con la necesaria rendición de cuentas, por supuesto– para configurar las plantillas que consideramos necesarias para cumplir nuestros objetivos. Un país que no confía en sus universidades es un país sin futuro.
¿Es coherente crear o recuperar figuras docentes (profesorado sustituto o profesorado contra- tado no doctor) para mejorar la situación de precariedad?
Esta pregunta parte de un enfoque erróneo. Los países más desarrollados (y los que antes han salido de las crisis) no son los que más invierten en sus sistemas universitarios, sino que los países que más invierten en sus universidades acaban siendo los más desarrollados. Este último es el enunciado correcto. Y esa decisión estratégica es la que ahora mismo debe tomar España si quiere caminar realmente hacia una Economía del Conocimiento.
¿Cómo se puede cambiar una realidad en que las mujeres ocupan poco más del 20% de las cátedras universitarias? ¿Hay alguna propuesta clara desde la CRUE o desde el Ministerio al respecto?
Voy a exponer brevemente varias de las que figuran en nuestro documento Universidad 2030: establecer la obligatoriedad de que los procesos, tanto de selección de personal como de evaluación (sexenios, acreditaciones) y promoción dentro de las diferentes figuras de PDI, o de PAS, se efectúen mediante evaluaciones a ciegas para evitar los sesgos de género; evitar que el ejercicio de los derechos de conciliación por cuidado penalicen en la evaluación de la actividad docente e investigadora, en el baremo de méritos, en cualquier otro tipo de evaluación al PDI y al PAS o en el acceso a los programas de formación; poner en marcha programas formativos para el liderazgo de las mujeres en el ámbito de la gestión de la investigación y procurar que los órganos generales de gobierno y representación tengan una composición equilibrada que se ajuste al principio de paridad acorde a la normativa establecida.
“En cada crisis tenemos que explicarles a nuestros gobernantes que la educación universitaria es una inversión”
¿Cree que falta mejorar la vinculación social con la labor universitaria, es decir, que la sociedad entienda y asuma el importante papel que desempeña la Universidad en el presente y en el futuro de un país?
Sí, necesitamos que la Universidad sea reconocida como marca España, al igual que hacen los países más desarrollados con sus sistemas universitarios. Pero, sobre todo, necesitamos que, como sociedad, tomemos una decisión estratégica para cambiar el rumbo hacia una economía basada en el conocimiento, que es la que brinda a sus ciudadanos y ciudadanas oportunidades de desarrollo estable y de calidad. Las universidades no reclamamos recursos para mayor gloria nuestra, los pedimos para poder cumplir con nuestra misión, que no es otra que impulsar el progreso social.
Otro tema fundamental es el alumnado y el acceso a la Universidad. ¿Es necesario cambiar la forma de acceso?
La forma de acceso que actualmente tenemos está consensuada y es razonablemente buena. Se puede mejorar para que garantice todavía más la igualdad de oportunidades y estamos trabajando en la elaboración de unos criterios de evaluación aún más homogéneos y equitativos.
¿Es suficiente y democrático el sistema actual de becas?
No, no lo es. Las últimas decisiones del Ministerio de Universidades, siguiendo nuestras recomendaciones, han mejorado la situación con la modificación del umbral 1 y la eliminación de la horquilla de precios públicos. Pero aún queda mucho por cambiar, entre otras cosas, recuperar el concepto de beca salario, para evitar que el estudiantado más vulnerable se quede fuera del sistema universitario por el coste de oportunidad que les supone a sus familias el que uno de sus miembros no se incorpore al mercado laboral, sino que continúe con su formación.
¿Cuáles son los desafíos a corto y medio plazo de la ANECA para mejorar los procedimientos de evaluación y garantizar la equidad de género, por mencionar solo algunas de sus prioridades?
La Agencia ha desarrollado, sin duda, una buena labor y ha contribuido con sus procesos de evaluación y acreditación de nuestra oferta académica y de nuestro profesorado a la mejora del sistema universitario. Pero es evidente que necesita agilizar y mejorar sus capacidades de respuesta en los distintos procesos de evaluación que desarrolla de forma continua y, para ello, hay que dotarla también de mayores recursos. La acreditación institucional debería ser una vía que facilite y simplifique realmente los procedimientos de verificación, modificación y renovación de acreditación de los títulos oficiales.
¿Cambiará de alguna manera el horizonte y la realidad cotidiana de la Universidad española en la era post Covid?
Sí, hay cambios que han venido para quedarse. El salto en la transformación digital que hemos dado en estos meses nos hubiese requerido años en condiciones normales. La aplicación de tecnologías digitales en el ámbito educativo, la administración electrónica, el acceso a contenidos y recursos 24×7, las certificaciones académicas a través de tecnologías como blockchain… Todo eso ha iniciado una progresión que ya no se va a parar.
¿Es una buena medida eliminar la estructura del 3+2?
Es erróneo hablar de forma genérica de 3+2 o de 4+1, un requisito exclusivo para el Doctorado. Los graduados que han cursado grados de 3 años pueden hacer másteres de 1 año, al igual que los que han cursado un grado de 4, 5 o 6 años pueden cursar un máster de 2. CRUE alcanzó en su día un amplio consenso sobre la conveniencia de que aquellas titulaciones que se correspondieran con los estudios ya existentes en España antes de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (coloquialmente conocido como Plan Bolonia) deberían mantener una duración de cuatro años y 240 créditos; y que la dotación de 180 créditos ECTS y tres años de duración debía quedar restringida a algunas titulaciones con contenidos rigurosamente nuevos. Si finalmente se confirma que la totalidad de los grados deben contener al menos 240 créditos, nuestro máximo interés se centrará en que se garantice la adecuada transición de los actuales grados de 180 créditos, poco numerosos, hacia la nueva situación.
