Estos centros nacieron como un puente de apoyo para la adquisición de las competencias necesarias para desempeñar un puesto de trabajo con total autonomía y productividad en la empresa de referencia.
Pero aquí llega el problema. Una gran mayoría de los CEE se han convertido en empresas que ven en esto “el negocio del siglo”, ya que emplean a trabajadores y trabajadoras con salarios inferiores a los del convenio colectivo del sector, percibiendo además subvenciones, bonificaciones y exenciones que les confieren un atractivo especial. No es casual que se hayan multiplicado por dos y que empleen a más del doble de personas de lo que lo hacían en 2000.
Se entiende, y así debería ser, que una vez que son capaces de realizar el trabajo de forma totalmente autónoma y sin adaptaciones, estas y es tos trabajadores tendrían que pasar a la empresa ordinaria, con el convenio del sector, cosa que no sucede prácticamente nunca. Total, para qué, si pueden seguir manteniéndolos en precario y recibiendo dinero público…
Eso sí, luego esas empresas venden a bombo y platillo la “gran labor social que realizan”.
Lo que sucede en muchas ocasiones es que esas empresas contratan personas con un determinado tipo de discapacidad que les permite realizar el trabajo sin ningún tipo de adaptación y con un 100% de productividad.
Un ejemplo real que muestra la utilización de su discapacidad para convertirlas en personas trabajadoras en precario es el de sus pagas mensuales:
- Persona CON discapacidad que trabaja en industrias del metal a través de un CEE (sola y sin adaptación): 930 € de salario
- Persona SIN discapacidad que trabaja en industrias del metal (sola y sin adaptación): 1.206 € de salario
Es decir, una diferencia de 270 €, más de un 20%, por realizar las mismas tareas. Y me pregunto, ¿dónde están las administraciones públicas? No olvidemos que estas empresas se están beneficiando de dinero público…
Algo que nos preocupa, y mucho, es qué sucede con las personas con discapacidad que sí precisan de una adaptación del puesto de trabajo. La realidad es que están en su casa, no tienen oportunidades… chicos y chicas de 20, 21, 22 años que, pudiendo trabajar, no pueden cumplir sus sueños porque nadie les da la oportunidad de hacerlo.
La perversión es infinita. Por un lado, se aprovechan de la discapacidad de las personas para hacer su negocio y lucrarse, a pesar de que muchas de ellas presumen de ser empresas sin ánimo de lucro; y por otro lado, se jactan de conseguir la inclusión laboral, quedando totalmente cubierta por esta perversión. En definitiva, que obtienen beneficios rompiendo los sueños de las personas a las que supuestamente deberían apoyar.
