Las cifras provienen de un estudio realizado en 2023 por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE en 30 países. El dato crece notoriamente desde el 49% que arrojó un estudio similar en 2019 (a la vez, la media de Europa pasa del 46% al 67%).
Por su parte, una investigación presentada por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) al inicio de este curso, afirma que “un 23% de la población LGTBI+ ha sufrido actos de odio en su etapa escolar, cifra que se eleva a una de cada 4 personas (25%) en la franja de edad de entre 18 y 24 años (Generación Z). En casi 7 de cada 10 casos (64%) el centro educativo en el que estudiaban no hizo nada” (https://felgtbi.org/).
A eso se suma la situación del profesorado, que tampoco está exento de sufrir acoso en su entorno laboral, tal como arrojó un estudio presentado en junio por la FELGTBI+ y la Federación de Enseñanza de CCOO. “Casi 4 de cada 10 docentes (36,5%) han sido víctimas o testigos de algún acto de odio por LGTBIQ+fobia en el centro en el que trabajan. Según los datos, un 12% de las personas que trabajan en enseñanzas regladas no universitarias han sido víctimas, de las cuales, el 89% son docentes LGTBI+ y el resto, personas aliadas”.
Hay dos formas de hacer frente a esta situación. La primera es cumpliendo la ley vigente. Si seguimos la Ley Estatal LGTBI+, su desarrollo e implantación, “las administraciones educativas, tanto a nivel estatal como autonómico, deberían estar impulsando la formación en materia de diversidad afectivo-sexual, de género y familiar entre el profesorado, como puntales de la labor educativa en los centros”, cosa que no está ocurriendo, según la FELGTBI+.
Y la segunda es que los propios centros educativos deberían desarrollar acciones dirigidas al fomento del respeto por la diversidad LGTBI+. Pero las cifras presentadas por CCOO y la FELGTBI+ mostraban que “solo un 18,8% de las personas entrevistadas afirma que en su centro existe un protocolo específico para la protección de profesionales del colectivo”.
Por ello, es urgente que las administraciones pertinentes dejen de hacer la vista gorda y se pongan manos a la obra para frenar esta situación que perjudica el adecuado desarrollo de menores de edad en su ámbito escolar y enfrenta a parte del colectivo docente a graves problemas profesionales, mentales y de salud en el entorno laboral. Un lujo que no nos podemos permitir.
