La interseccionalidad no es un concepto abstracto: se materializa en peores salarios, menos oportunidades, mayor exposición al acoso y una inserción laboral profundamente desigual. Los datos lo evidencian año tras año: las mujeres con discapacidad tienen las tasas de actividad más bajas, ocupan los puestos más precarios y sufren una brecha salarial triple –respecto a los hombres y mujeres sin discapacidad, y también respecto a los hombres con discapacidad–.
Un mercado laboral hostil
Las barreras no son solo arquitectónicas, tecnológicas, educativas, institucionales, etc.; son, estructurales, culturales y profundamente arraigadas. A la discapacidad se le suma la expectativa de género lo que se presupone menor autonomía, menor capacidad y menor proyección profesional. Muchas mujeres con discapacidad denuncian que la sociedad oscila entre encasillarlas en la dependencia o responsabilizarlas de cuidados sin recibir apoyos reales.
El resultado es un mercado laboral que la empuja a una desigualdad de oportunidades que cada vez, lejos de reducirse, aumenta considerablemente:
dificultad para acceder a un empleo por prejuicios o estereotipos, procesos de selección no accesibles (entrevistas, pruebas, plataformas digitales), contratos más precarios y mayor temporalidad o tiempo parcial no deseado, menor posibilidad de ascensos y promociones internas, asignación a tareas poco cualificadas aunque escasa representación en puestos de liderazgo o toma de decisiones, y una larguísima lista de injusticias estructurales.
¿Inclusión o precariedad maquillada?
Una de las herramientas con las que cuenta nuestra sociedad actualmente para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad son los centros especiales de empleo (CEE), pero, en la actualidad, muchos funcionan como empresas perversas que se esconden bajo el amparo de ser centros sin ánimo de lucro y a disposición de las personas con discapacidad, cuyo objetivo es conseguir cada vez mayores beneficios económicos y lucrativos, obviando las necesidades y discriminaciones de las personas con discapacidad.
Para CCOO, los centros especiales de empleo no pueden convertirse en un espacio paralelo y precario que sustituya al empleo ordinario. El sindicato defiende que los CEE deben cumplir su función, que es ofrecer oportunidades laborales dignas con derechos equiparables al resto del mercado y actuar como puentes reales hacia el empleo ordinario, cosa que nunca sucede. Cuando una persona empieza en un CEE, rara vez pasa a formar parte de la plantilla de la empresa ordinaria, eliminando así la función principal de estos centros
La situación se agrava especialmente para las mujeres, que representan un porcentaje elevado de las plantillas de los CEE, especialmente en sectores feminizados y precarizados como cuidados y limpieza.
Es importante recordar que los CEE están, financiados con fondos públicos para promover la inclusión, pero paradójicamente la desigualdad de género se perpetúa con mayor intensidad en estos centros.
Ante esto, desde FECCOO exigimos mayor supervisión pública y transparencia en el uso de subvenciones. Para ello debe existir un trabajo conjunto entre administraciones y organizaciones sindicales donde se garanticen cosas como:
- Adaptación de puestos con enfoque de género, superando la estandarización masculina en la prevención de riesgos laborales.
- Conversión de contratos hacia el empleo ordinario, para que los CEE vuelvan a ser un puente y no un destino final.
- Vigilancia sobre las subvenciones públicas, garantizando que se traduzcan en empleo digno y no en mayor margen empresarial.
También es imprescindible el fortalecimiento de la negociación colectiva para garantizar salarios dignos, formación continua y oportunidades reales de ascenso, promoción o pasar a la empresa ordinaria. Asimismo, reclama la implantación de planes de igualdad y protocolos reforzados de prevención y actuación contra el acoso sexual o por razón de sexo.
En definitiva, CCOO considera que los CEE solo serán útiles si garantizan empleo digno, inclusivo y sin brechas, especialmente para las mujeres con discapacidad y para ello es necesario mirar con “gafas violetas” para ver lo que siempre estuvo ahí.
El mercado laboral no será inclusivo si no reconoce que la desigualdad tiene múltiples capas. La discapacidad no tiene género, pero la discriminación sí. Por ello, la lucha por los derechos laborales de las mujeres con discapacidad debe situarse en el centro de las políticas públicas, de los planes de igualdad y de la acción sindical. La construcción de un empleo digno, feminista e inclusivo no es una aspiración: es una obligación democrática.
