En las naciones más pobres del mundo, la conocida como educación de «bajo coste» es un gasto excesivo para la mayoría de su población. Según el estudio, las declaraciones de las autoridades filipinas de que las arcas del estado no disponen de fondos para apoyar un sistema de educación secundaria de calidad gratuito no están fundamentadas.
En Filipinas, el 40% de escuelas secundarias -en torno a 5.130- son privadas. Estas escuelas cobran cuotas de matriculación. Estas cuotas, que en algunos casos se dan a conocer como «de bajo coste», no están al alcance de la mayoría de hogares con bajos ingresos. Las cuotas anuales suelen superar los 500 dólares, por lo que la escuela acaba siendo inaccesible para la mayoría de estas familias, muchas de las cuales se ven obligadas a vivir con un dólar al día.
En su estudio, Curtis Riep deja claro que la decisión del Gobierno de subcontratar la educación secundaria al mejor postor es una elección estratégica más que una decisión adoptada debido a limitaciones financieras. El paso hacia el «bajo coste», o cuotas bajas, de las escuelas privadas parece ser un plan económico para formar consumidores en lugar de ciudadanos, y asegurar una futura mano de obra lo suficientemente flexible como para satisfacer las necesidades del mercado.
Desde 2009, los fondos públicos asignados a las cadenas de escuelas privadas han aumentado a más de 31.000 millones de pesos filipinos-alrededor de 700 millones de dólares con los que se podrían haber construido 60.000 clases más y acogido a alrededor de tres millones de estudiantes, según Riep.
Que todas las niñas y niños completen una educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad
Entre los beneficiarios de las subvenciones públicas incluidos en el estudio se encuentran Pearson Plc y el Grupo Ayala, que apuestan por los Centros Privados de Educación Asequible, conocidos como APEC. Ayala, que supervisa una enorme cantidad de empresas en Filipinas y en todo el mundo, controla el plan de estudios de sus escuelas privadas de bajo coste para producir empleados con las capacidades adecuadas para sus necesidades laborales, en concreto teleoperadores para sus centralitas.
Mediante el conocido como diseño inverso del plan de estudios en sus escuelas, los centros APEC pretenden crear una generación programada con “capacidades, valores y conocimientos específicos que se puedan emplear en el mercado laboral global». Los librepensadores no tienen cabida en el mundo de APEC.
Para finales de 2016 los centros APEC se fijarán el objetivo de acoger a 4.000 estudiantes, o clientes, como ellos los denominan, en al menos 50 escuelas en los próximos tres años. Sólo en Manila, el número de centros privados de bajo coste se duplicará, llegando a 24 centros para finales de este año.
El gobierno filipino ha anunciado recientemente que tiene la intención de implantar los llamados niveles 11 y 12 (aumentando en dos años la escuela secundaria obligatoria). Se trata de un paso importante para el país y sus estudiantes. Sin embargo, para que estos dos años ofrezcan los beneficios oportunos, el ejecutivo filipino debe asignar más recursos financieros al sistema educativo. A nivel mundial, se recomienda que los gobiernos inviertan en educación un 6 % de su PIB y un 20 % del presupuesto nacional. Filipinas sigue muy por detrás de estos objetivos, con una inversión de menos del 3%.
Si el gobierno ya ha declarado que no tiene la capacidad financiera suficiente como para sufragar la educación secundaria, ¿cómo piensa costear otros dos años de educación obligatoria? El trabajo de Riep muestra exactamente cómo pueden conseguirlo a través del sector privado.
Existe un consenso internacional respecto al hecho de que la educación privada no es la vía adecuada. «Que todas las niñas y niños completen una educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad» es uno de los principales Objetivos de Desarrollo Sostenibles establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre. Pero en lugar de una educación gratuita de calidad, la juventud filipina se ve obligada a pagar la versión barata. La educación privada de bajo coste tiene un precio que Filipinas, sus jóvenes y su futuro no se pueden permitir. Ya es hora de que el gobierno filipino entre en razón.
