Además de los millones que viven en situaciones afectadas por desastres naturales o provocados por el hombre; que 20 millones de niñas están sin escolarizar en zonas de conflicto, y sólo las niñas representan el 30 % de los refugiados inscritos en la escuela secundaria; y que el mundo se enfrenta a un déficit de 18 millones de maestros y maestras de Primaria en la próxima década, y que las zonas más necesitadas de personal docente son precisamente los países afectados por emergencias y desastres.
Según la Organización Mundial de las Migraciones (OIM), familias sirias, afganas, kosovares, eritreas, nigerianas o somalíes escapan de situaciones de guerra, de terrorismo y represión. Suman miles las personas que han muerto ahogadas o hacinadas en barcos intentando cruzar el Mediterráneo en lo que va de año.
Las personas refugiadas y desplazadas a causa de la violencia (más de 60 millones actualmente según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR, 2016)) se encuentran entre las más vulnerables del mundo. Con frecuencia, se quedan fuera de las estadísticas sobre la consecución de los Objetivos del Milenio en cada país y, sin embargo, cada uno de esos objetivos reclama directamente una solución a las dificultades a las que se enfrentan cada día las personas refugiadas, y especialmente las mujeres y niñas, en campamentos y en zonas urbanas, de todo el planeta.
Los niños y niñas refugiadas y desplazadas enfrentan toda una serie de obstáculos para acceder a la educación. Aproximadamente, solo la mitad asiste a la escuela primaria en los 12 países del programa “Educa un Niño” (ACNUR, 2016).
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño
La educación es un derecho humano y una condición previa para la participación en una sociedad moderna, pero también es una herramienta para la supervivencia en una situación de crisis y una preparación para una posible repatriación. Desde el 2° Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, reunido en Washington D.C. en 1998, se está llamando a todas las naciones a respetar y aplicar los convenios internacionales sobre el derecho de todos los niños y las niñas a una educación; los hijos y las hijas de las personas refugiadas, solicitantes de asilo o residencia por motivos humanitarios, son más vulnerables que los demás niños y niñas.
El acceso a la educación está vinculado a la reducción de la pobreza, con promesas de estabilidad, crecimiento económico y de una vida mejor para la infancia, las familias y las comunidades. Desde 1948, la enseñanza Primaria obligatoria está reconocida como un derecho universal (Declaración Universal de Derechos Humanos). En 1979, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Naciones Unidas, 1979) hizo un llamamiento a no discriminar, al ofrecer educación a hombres y mujeres, y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 reconocía el derecho de todos los niños y las niñas, independientemente de su estado, a una educación Primaria gratuita y obligatoria, a la disponibilidad y accesibilidad de la educación Secundaria y una accesibilidad de la educación superior con base en la capacidad (Naciones Unidas, 1989, artículo 28).
El derecho a la educación de los refugiados se establece asimismo en el artículo 22 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; la resolución 64/290 (julio de 2010) del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación en situaciones de emergencia (Naciones Unidas, 2010) y en el proyecto de resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho a la educación de los refugiados, los migrantes y los solicitantes de asilo de junio de 2011 (Naciones Unidas, 2010). En todos estos tratados y resoluciones se reconoce la educación como promotora de la libertad y la autonomía personal, y como generadora de beneficios para el desarrollo. Sin embargo, millones de niños y niñas y de personas adultas siguen privadas de esas oportunidades educativas y de ese derecho fundamental.
En 1959, la ONU se refiere a los niños y niñas como sujetos de derecho, por lo que declara que la Humanidad les debe lo mejor que puede darles y, en 2011, la UNESCO hacía un llamamiento “a todos los gobiernos del mundo para que gasten menos en balas y bombas, mucho más en libros, maestros y escuelas”, lo que cobra especial sentido en un mundo donde, como señala ACNUR, la pérdida de oportunidades educativas es uno de los legados más dañinos de las guerras.
El acceso a la educación está vinculado a la reducción de la pobreza, con promesas de estabilidad, crecimiento económico y de una vida mejor
A pesar de toda la legislación de reconocimiento de derechos y amparo, recogida aquí o no, son más de 16 millones de niños, niñas y jóvenes desplazados y/o refugiados los que se enfrentan a un presente y un futuro incierto, en el que han perdido sus condiciones básicas de humanidad. Y en este contexto y frente a esos desafíos e incertidumbres, la educación, como planteaba Delors en 1996, en La Educación encierra un tesoro, sigue constituyendo el instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social.
Dentro de la acción humanitaria, una de las prioridades destacadas en la Cumbre de Estambul, mayo de 2016, fue la de hacer protagonista a la educación en situación de emergencia, desde la visión de una educación igualitaria, inclusiva y gratuita a la que se han comprometido las Metas de Desarrollo Sostenible (MDS) y el Marco para la acción Educación en la Agenda 2030. Todos los niños y niñas, jóvenes y adultos tienen los mismos derechos y estos no pueden ni deben ponerse en riesgo para aquellas personas que viven en contextos de crisis.
Ban Ki Moon, Secretario General de Naciones Unidas, ha señalado recientemente que “somos una única humanidad con una responsabilidad compartida, no solo hay que resolver cómo mantener vivas a las personas sino como darles la oportunidad de vivir con dignidad, si queremos afirmar la humanidad para millones de personas, no podemos conformarnos con un proyecto teórico, sino que la humanidad deberá reflejarse en nuestras políticas y nuestra conducta e impulsar continuamente nuestras decisiones políticas, sociales y financieras. Deberá pasar a ser inseparable de nuestra responsabilidad de actuar”.
En el ámbito del derecho a la educación de las personas desplazadas y/o refugiadas, la educación en emergencias, desde un enfoque de derechos y de desarrollo, es una necesidad tanto para mantener como para salvar las vidas, proveyendo protección psicológica, psicosocial y cognitiva. De esta manera, el derecho a la educación se convierte no solo en el derecho a frecuentar escuelas, sino también a una educación que reconstruya, articule, genere lazos y produzca intervenciones que habiliten el devenir de modos de existencia más humanizantes.
Proyecto Meta Educativa
El proyecto Meta Educativa apuesta por estas políticas desde un enfoque de derechos y desarrollo humano, y pone en marcha la solidaridad y el compromiso de diversas administraciones públicas con el asilo y derecho de acogida de las personas refugiadas/desplazadas, bajo la premisa urgente de que “Europa debe hacer algo” distinto a lo que se está haciendo, porque hay una percepción generalizada de que violar la legislación internacional sobre el derecho a la protección internacional y al refugio, así como los más elementales principios de humanidad, o la especial protección a la infancia, que se le está negando hasta ahora a millones de menores, traerá consecuencias impensables.
La educación de las personas refugiadas en zonas urbanas requiere un enfoque y unas estrategias diferentes de las que se usan en los campamentos. ACNUR señala que, en esta labor, se debe dar prioridad al trabajo con los gobiernos nacionales, para integrar a los refugiados y refugiadas en sus sistemas escolares nacionales, con base en las nuevas directrices operacionales (ACNUR, 2011). Es vital conceptualizar el trabajo en educación como el fortalecimiento de los sistemas educativos y no sólo como los logros de cada niño o niña refugiada. Para ello, es necesario contar con personal con conocimiento y experiencia en los sistemas educativos nacionales y dedicar tiempo y recursos a cultivar relaciones institucionales e interpersonales, para facilitar esa labor y asegurarse de que los ministerios de educación toman en serio las necesidades educativas particulares de los niños, las niñas y jóvenes refugiados y refugiadas.
Sin embargo, hay otro reto que debemos afrontar, y es paliar la escasez de maestros y maestras cualificadas en la materia, así como una falta de estructuras. Las Notas de Orientación de la Inter Agency Network for Education in Emergency (INEE) sobre enseñanza y aprendizaje describen a los maestros y maestras como “el elemento central de la educación”, que requiere una “inversión real” (INEE, 2010). Para la mayoría de los niños y niñas refugiadas, la educación que reciben en el exilio es su única oportunidad de educación y la calidad del profesorado es vital. Urge pensar más allá de la formación a corto plazo y la emergencia e invertir más en profesores de calidad.
Todas las propuestas de Meta Educativa se enmarcan en el enfoque de derechos humanos y están centradas en el derecho a la educación como un derecho humano que debe alcanzarse y cultivarse en cualquier situación, incluso en las de crisis. Educación entendida como un derecho habilitante que proporciona “habilidades que las personas necesitan para desarrollar todo su potencial y ejercer otros derechos, como el derecho a la vida y la salud” (INEE, 2010). Pero hay que resaltar que la educación solo cumple esa función si es de calidad, lo que significa que debe estar disponible y ser accesible, aceptable y adaptable, como señalaba Katarina Tomaševski en su etapa de Relatora Especial de la ONU. Y en el enfoque de desarrollo, que considera la educación como una inversión a largo plazo para la sociedad, y la falta de educación de calidad en una crisis como un retraso en el potencial de desarrollo, como ha señalado ACNUR. La calidad de la educación que reciben los niños y niñas refugiadas determina definitivamente su capacidad para contribuir a la reconstrucción de sus sociedades de origen y de construcción de la de acogida.
El planteamiento básico dentro de este marco de derechos y de desarrollo se basa en recuperar el carácter democratizador de los proyectos educativos de los centros que acojan a personas refugiadas
El “problema de los refugiados” no es un problema sólo de quienes lo padecen, sino que atañe a toda la sociedad. Es un problema con un eminente carácter de pérdida de condiciones básicas de humanización, de destitución social, que la escuela, en su conjunto, puede y debe trabajar recuperando y construyendo posibilidades para niños, niñas y familias en situación de expulsión y vulnerabilidad desde que abandonaron sus hogares.
La propuesta de trabajo, desde el locus de la recuperación del derecho básico y fundamental de la educación, se plantea como la articulación de un lazo vinculante mediante diferentes dispositivos integradores: planes de trabajo, formación del profesorado, red de escuelas, misiones pedagógicas, etc.; en la construcción de sujetos poseedores de derechos, reinventando espacios educativos, que habiliten experiencias potentes al conjunto de los sujetos. Pensar lo universal como creación de condiciones educativas que permitan, parafraseando a Lévinas (1977), a cada uno ser capaz de otro destino.
