CCOO difunde este documento que ha sido elaborado conjuntamente por su Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad y las Secretarías de la Mujer de sus Federaciones estatales de Servicios a la Ciudadanía (FSC), Enseñanza y Sanidad. Desde su propia inserción en los diferentes ámbitos laborales y de la administración pública, a través de la propia afiliación se conoce ampliamente la realidad de la que se da cuenta y las necesidades de atención integral, objetivo declarado de la propia ley. Este documento será presentado al nuevo Gobierno del Estado y a todos los partidos políticos y organizaciones sociales implicadas.
Como el texto señala, “abordar el fenómeno de la violencia de género nos sitúa ante una problemática de carácter estructural, de gran complejidad, para cuya resolución hace necesario un nuevo escenario político y social que promueva los valores igualitarios y democráticos, las libertades y los derechos fundamentales y la garantía efectiva de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres”.
CCOO vuelve a insistir en que la ley Integral (LO 1/2004) “supuso un avance importante en el reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social para las trabajadoras víctimas de violencia de género”. Ahora bien, dicho avance normativo no ha contado con la voluntad política ni los recursos necesarios para su desarrollo y aplicación efectiva: “Tras un insuficiente desarrollo de las medidas contenidas en la Ley Integral por parte del Gobierno del PSOE, el Gobierno del Partido Popular ha fracasado en la gestión de las políticas de igualdad y contra la violencia de género, como así lo constatan los déficits en el tratamiento y atención a las víctimas”.
La insistente cifra de mujeres víctimas de violencia de género nos impide la pasividad. Hay que analizar las deficiencias y hay que ponerles solución ya.
Señalamos algunos de los déficits que recoge el documento:
- Resulta alarmante el escaso uso que las mujeres víctimas de violencia de género vienen haciendo de sus derechos laborales. En 2014, solo 80 trabajadoras víctimas de violencia de género han suspendido o extinguido su contrato de trabajo con derecho a desempleo, lo que contrasta con el promedio de 125.000 denuncias que vienen produciéndose anualmente, potenciales titulares de los mencionados derechos.
- Se produce una parálisis en la actividad de los organismos específicos de tutela institucional creados para la coordinación, impulso y evaluación de cuantas medidas se aprueben en materia de violencia de género.
- Hay un alto número de órdenes de protección que cada año son denegadas, cuando la orden de protección es un requisito imprescindible ante las entidades gestoras de la Seguridad Social y ante la empresa para la acreditación como víctima de violencia de género y el reconocimiento de derechos.
- Hay carencia de personal y de recursos económicos en las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado (AGE) y de las universidades.
- Como hemos señalado repetidas veces en estas mismas páginas, la LOMCE ha empeorado lo establecido en la anterior Ley Orgánica de Educación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y no ha aplicado las medidas recogidas expresamente en la Ley Integral.
- Los recortes y políticas de austeridad aplicadas en la educación, el refuerzo de los centros segregados por sexo, la desaparición del carácter obligatorio para todo el alumnado de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la pérdida de peso de la educación en valores están perjudicando enormemente el avance de la igualdad entre mujeres y hombres, fundamental en la lucha contra la violencia de género.
- Según el Informe de la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en 2014 se detectaron un total de 20.369 casos, que resultan escasos si se comparan con las 126.742 denuncias por maltrato del mismo año.
- No existen protocolos eficaces de coordinación entre los distintos ámbitos que intervienen en los casos de violencia de género: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Judicatura y Fiscalía, Servicios Sociales, Servicios Sanitarios, etc.; ni la suficiente y necesaria planificación de las actuaciones a llevar a cabo en los distintos entes territoriales.
Y se plantean muchas exigencias. Entre ellas:
- Garantizar a las víctimas de violencia de género el ejercicio de los derechos laborales y económicos, y prestaciones de Seguridad Social.
- Planes de formación, inicial y permanente, para el conjunto de profesionales del ámbito educativo, en materia de igualdad, para la resolución pacífica de conflictos y para la educación de los afectos.
- Desarrollar programas de sensibilización y formación continuada del personal del sistema sanitario público con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz y la atención, especialmente, en profesionales de atención primaria.
- Intensificar las acciones de sensibilización contra la violencia de género en el ámbito de los medios de comunicación.
- Creación de centros integrales públicos territoriales de atención a las mujeres, con equipos interdisciplinares.
- En el ámbito de la atención de los cuerpos policiales: creación de espacios físicos externalizados, conjuntos y coordinados con otros agentes que intervienen en la atención a las víctimas de la violencia de género.
- Creación de juzgados especializados en violencia de género y de unidades de valoración integral del riesgo.
