Paritaria Nacional Docente es una mesa de negociación en la que se sientan el Ministerio de Educación Nacional, los ministros de Educación de las provincias y representantes de los Trabajadores de la Educación para fijar el salario mínimo nacional por el cual ningún docente del país debe cobrar por debajo. El Gobierno argentino debe aportar al salario con dos fondos: el fondo nacional de incentivo, que cobran todos los docentes y el fondo compensador salarial para aquellas provincias que no tuvieran los recursos necesarios para alcanzar ese monto mínimo. Después se realizan las paritarias provinciales que fijan el salario definitivo sobre ese mínimo fijado en la Paritaria Nacional Docente.
El Ejecutivo no solo no convocó a la Paritaria Nacional, sino que planteó que aumenten los salarios hasta un máximo de un 18%, a pesar de que se estima un 25% de inflación para el año 2017. De esta forma, los docentes tendrían como mínimo un 7% de pérdida del poder adquisitivo, sin contar el 10% que hay de retraso del año 2016.
Esto generó un conflicto que hacía más de una década que no veíamos en Argentina; pasadas tres semanas de conflicto docente en todo el país, todavía persisten en la mayoría de las provincias y, por lo tanto, de sus docentes, la falta de acuerdo salarial para este año.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ha realizado paros y movilizaciones de enorme magnitud, como la Marcha Federal Educativa del 22 de marzo con 400.000 personas en la Plaza de Mayo y sus alrededores, exigiendo la urgente convocatoria a Paritaria Nacional. En algunas provincias como la de Buenos Aires, que tiene el 40% de los docentes del país, llevan ya tres semanas de huelga, con altísimo acatamiento.
El Gobierno nacional y los provinciales han querido tratar de romper la huelga de cualquier manera; se ha intentado convocar a personas voluntarias para reemplazar a los docentes que estaban realizando el paro, se ha anunciado pagar un bono premiando sólo a aquellos docentes que estaban trabajando, intimidación por parte de policías recorriendo escuelas para verificar la adhesión a la medida, además del anuncio de descontar todos los días de paro a los docentes en huelga, violando los Convenios 89 y 98 de la O.I.T.
En el medio de toda esta situación, llegaron amenazas de muerte por correo electrónico al secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y miembro de la Junta Ejecutiva de CTERA Roberto Baradel; amenazas a su familia, a sus hijos y a su nieto en reiteradas ocasiones, que el Gobierno no ha investigado.
Por si todo esto fuera poco, el presidente de la nación, Mauricio Macri, en su discurso de inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, hizo mención a las amenazas diciendo que “Baradel no necesita que nadie lo cuide”, agravando institucionalmente la indefensión y el autoritarismo que desenvuelve el gobierno.
El conflicto continúa a nivel nacional, y en las provincias sigue sin resolverse: los docentes mantienen las movilizaciones y reclaman la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente sin tope, el cese de las amenazas, las prácticas antisindicales y el restablecimiento del diálogo para llegar a un acuerdo que logre después de casi un mes normalizar el ciclo lectivo como lo queremos los docentes y la comunidad educativa, que apoya masivamente el reclamo en defensa de la Educación Pública.
Finalmente, quiero agradecer el apoyo y la solidaridad de la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) con Roberto Baradel y la CTERA por el esclarecimiento y cese de las amenazas, y por la demanda al Gobierno Nacional Argentino para que arbitre los medios para solucionar el conflicto. En esa solidaridad y hermandad de clase nos encontramos en cada lucha por los derechos de los/as trabajadores/as y por la defensa de la Educación Pública.
