Educación pública y privada, derecho frente a negocio educativo

Mi experiencia, por tanto, se inició sin ningún tipo de prejuicio previo sobre lo que me iba a encontrar. Solo había vivido el sistema educativo como estudiante y, por ello, las razones por las que se tomaban las decisiones políticas en educación y los intereses detrás de dichas razones no me eran conocidos.

Durante este tiempo he tenido el privilegio de estar diez años al frente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, como presidente de la entidad, representándola en innumerables escenarios educativos, de los que cabe destacar el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid por su importancia en la tramitación de normas que emiten los responsables educativos de mi comunidad. Esto también me ha permitido representar a Ceapa y llegar a ostentar su presidencia y formar parte del Consejo Escolar del Estado.

¿Por qué es importante lo anterior para lo que nos ocupa? Porque he sido testigo privilegiado durante estos años de la forma en la que se aprueba la normativa educativa, así como de los argumentos dados para justificarla. Y después de vivir esta experiencia, puedo afirmar que lo que más me sigue sorprendiendo es la falta de humanidad de muchos redactores y defensores de dichas normas. En muchas de ellas se legisla sabiendo que se perjudicará al alumnado, sus familias, el profesorado y el personal de los centros. Eso sí, tengo que añadir que dicho perjuicio se ha producido en mucha mayor medida contra la escuela pública, buscando quienes así actuaban la defensa y potenciación de la privada, esencialmente de la privada concertada.

Y es que, aunque se intente hacer ver lo contrario a la sociedad, la escuela pública y la privada concertada no son dos tipos de escuela que colaboren, sino que compiten entre ellas porque así lo establece la legislación educativa que tenemos en este momento. Junto a cada paso que se ha dado en detrimento de la escuela pública, existe otro de igual intensidad en la promoción de la privada concertada. Cada euro público que se arrebata a la educación pública, se puede localizar en los ingresos de la enseñanza privada concertada. Cada decisión que debilita la escuela pública sirve para mantener y potenciar la privada concertada.

Los datos son públicos, se pueden comprobar con facilidad y no son interpretaciones; son hechos contrastados. Con certeza, mi experiencia de estos años ante este enfrentamiento solo se puede resumir diciendo que tenemos actualmente unos gobernantes que no defienden aquello de lo que son responsables, sino los intereses de quienes hacen negocio con la educación. Y esto debe cambiar.