¡YA NO MÁS!

LLEVAMOS YA MUCHOS AÑOS DENUNCIANDO HECHOS TERRIBLES COMO ESTOS, contando una a una las mujeres que sufren hasta las últimas consecuencias los comportamientos machistas y la incapacidad de resolver los conflictos sin violencia, demandando respuestas sociales de rechazo, exigiendo a las instituciones el establecimiento de medidas que paren esta tragedia… porque se trata de un problema social, no individual ni de pareja.

Ciertamente, estamos ante uno de los principales problemas que nuestra sociedad tiene, el de que muchas mujeres -45 en lo que va de año, 811 desde 2003- paguen con su vida los efectos de una determinada cultura, costumbres, valores, que suponen que los hombres dominan a las mujeres y que pueden ejercer sobre ellas derechos de propiedad, hasta el punto de destruirla si lo consideran conveniente, y de una sociedad que cotidianamente da muestra de comportamientos violentos como solución de controversias en cualquier ámbito.

Desde 2004 contamos en nuestro país con una Ley Integral para combatir la violencia de género, lo que ha supuesto un hecho de gran importancia, especialmente porque considera que esta violencia es un fenómeno complejo que debe ser tratado mediante una repuesta integral. Es decir, con la intervención de muy diversos ámbitos. Casi 11 años después de su aprobación, las cifras de la vergüenza nos muestran que la violencia contra las mujeres no ha descendido, que el número de víctimas mortales se mantiene e, incluso, que algunos años ha aumentado. ¿Qué está pasando?

Sería deseable valorar con rigor la puesta en práctica de la ley, tras todos estos años, algo que deberían realizar las distintas administraciones estatales y autonómicas. Desgraciadamente, y a pesar de que la propia ley imponía la realización de una evaluación tres años después de su entrada en vigor, el Gobierno, en 2008, solo presentó un listado de medidas llevadas a cabo, sin ningún balance de impacto. Después de esto, nada.

Por el contrario, el Comité para la Eliminación de las Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas acaba de publicar unas Observaciones Finales y Recomendaciones al Estado español en materia de igualdad de género donde expresa su preocupación por los retrocesos que observa en los últimos años en nuestro país, también en materia de violencia contra las mujeres.

La ley Integral en los centros escolares

Desde nuestra perspectiva, analizando la situación en que se encuentra la puesta en práctica de las medidas que la ley establece para el ámbito educativo, tenemos que decir que la evaluación no puede ser más negativa: salvo algunas excepciones, la ley no se está cumpliendo.

En la práctica, los libros de texto siguen mostrando evidencias claras de sexismo; los consejos escolares de los centros no tienen recursos para promover la igualdad de los sexos; la formación inicial del profesorado adolece de formación para la coeducación; tampoco se promueve una formación permanente que supere esa laguna… Poco más se ha hecho que dar traslado a la legislación educativa de la formulación de principios y valores de igualdad entre hombres y mujeres que la Ley Integral fija para el ámbito educativo.

No solo tenemos incumplimientos, debemos hablar incluso de retrocesos. Los recortes que limitan los recursos de los centros de enseñanza públicos y los recientes cambios en la legislación educativa, con el refuerzo de los centros segregados por sexo, la desaparición del carácter obligatorio para todo el alumnado de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la pérdida de peso de la educación en valores perjudicarán enormemente el avance de la igualdad entre mujeres y hombres, elemento fundamental en la lucha contra la violencia de género.

Consideraciones similares contiene el documento citado del CEDAW que, entre otras recomendaciones al Estado español, le pide que “Vele por que se eliminen todos los estereotipos de género de los libros de texto y por que los planes de estudios, los programas académicos y la formación profesional de los docentes incluyan los derechos de la mujer y promuevan la igualdad de género”.

El ámbito educativo, una de las claves

La violencia que ejercen los hombres contra las mujeres no es un fenómeno que responda a una característica congénita de los varones, sino que tiene sus raíces en la desigualdad social entre los sexos, en las relaciones de poder que se dan entre ellos, en la consideración social de que los varones deben mostrar su virilidad a través de comportamientos violentos… y algunos ejercen abusivamente ese estereotipo social.

Por eso el educativo es un ámbito clave. Por ello es importante la existencia de la Ley Integral, que considera que la violencia machista debe combatirse “de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación“. Pero no basta con promulgar una ley, las leyes tienen que concretarse en la práctica y para ello es imprescindible, por un lado, que el conjunto de la sociedad civil, administraciones e instituciones refuercen el compromiso permanente para combatir la violencia machista en todos los terrenos; por otro, que la Ley tenga el necesario desarrollo normativo que le permita cumplirse, por lo que las administraciones educativas tienen que desarrollar para sus centros educativos todas y cada de las medidas que la ley establece. Por supuesto, es necesario que se derogue la LOMCE, una ley plagada de aspectos contrarios al fortalecimiento de unas relaciones igualitarias.