Igualdad, diversidad afectivo-sexual y derecho a la educación

EL DEBATE SOBRE EL VETO PARENTAL ha adquirido una importante prevalencia. La extrema derecha ha conseguido monopolizar la agenda pública y no hay espacio de la radio, la televisión, la prensa escrita o las redes sociales donde no se hable de la cuestión.

Tratan de presentar el debate con un marchamo de normalidad. Para ello, argumentan el presunto derecho de los padres y madres a objetar aquellas actividades complementarias que contravengan las convicciones de los progenitores, especialmente en aquellas que se refieren a cuestiones que tienen que ver con la igualdad o la diversidad afectivo-sexual. Aunque no solo, porque una vez establecido el criterio, este podría dar cabida a todo tipo de prejuicios.

El derecho a la educación va mucho más allá del derecho a estar escolarizado. Tiene que ver con el derecho a gozar de un sistema educativo inclusivo, que garantice la igualdad de oportunidades y la equidad, que facilite que cada estudiante, con las medidas de apoyo necesarias, alcance los objetivos educativos y formativos. Pero no solo. Tal y como apunta en un informe nuestro gabinete jurídico, la Ley Orgánica de Educación establece que una educación de calidad es aquella que garantiza tanto el desarrollo cognitivo de cada estudiante como la promoción de actitudes y valores relacionados con una buena conducta cívica, así como las condiciones propicias para su desarrollo afectivo y creativo.

La educación en valores forma parte indisoluble del derecho a la educación y el Tribunal Constitucional establece que los padres no pueden elegir para sus hijos un tipo de enseñanza “que implique su no asistencia a enseñanzas obligatorias o materias curriculares”. Y las actividades complementarias son curriculares, obligatorias y evaluables.

Si nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico instan y regulan la necesidad de educar en valores, también tasan cuáles son esos valores: los del consenso democrático, que nos definen como un Estado Democrático de Derecho. La Constitución y la ley educativa los señalan: el principio de democracia, el respeto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía, el reconocimiento de la voluntad popular, el respeto a las diferencias y la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, la igualdad de género…

Asimismo, la Constitución excluye cualquier tipo de discriminación por origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o por otras de cualquier otra índole que jurídicamente resulten relevantes.

Los que están fuera del consenso democrático no pueden hacer valer el respeto a sus convicciones, puesto que estas se sitúan fuera del marco de convivencia que voluntaria y mayoritariamente nos hemos dado

El ámbito educativo es el escenario más adecuado para que la ciudadanía asuma e interiorice estos valores y los traslade a todos los ámbitos de convivencia. Estos valores constituyen la columna vertebral del Estado Democrático de Derecho, y el sistema tiene el mandato de promoverlos, educando al alumnado en su conocimiento.

Los contenidos curriculares que tienen que ver con la igualdad de género o con la diversidad afectivo-sexual están regulados en las leyes educativas –entre otras–, en los decretos que las desarrollan y en tratados internacionales suscritos por el Estado español. Son inobjetables, tanto desde el punto de vista educativo como desde el democrático.

Quienes están fuera del consenso democrático no pueden hacer valer el respeto a sus convicciones, puesto que estas se sitúan fuera del marco de convivencia que voluntaria y mayoritariamente nos hemos dado. Ya sabemos que VOX es un partido antisistema. Sorprende más encontrar a PP y Cs en esas posiciones, pero ambos partidos se están esmerando mucho en conseguir que cada vez nos sorprenda menos.

Mucho ruido para una campaña que, de momento, solo se ha concretado en Murcia, que reguló el veto parental en unas Instrucciones de Inicio de Curso, llevadas por CCOO a los tribunales, y sobre cuyo contenido el Gobierno regional va corrigiendo el rumbo cada día, en un intento desesperado por tratar de salir del atolladero, ante la importante movilización social que la iniciativa ha desencadenado. Madrid y Andalucía miran de reojo hacia la situación generada en Murcia y abren un compás de espera.

En todo caso, la campaña tiene la pretensión de ir calando en los centros educativos, presionando y atemorizando al profesorado, equipos directivos y comunidades educativas y cuestionando la profesionalidad docente. Quienes la han diseñado tienen la intención de ir erosionando el derecho a la educación del alumnado, generando incertidumbre en los centros, con la única finalidad de que se abandonen este tipo de actividades. Desde CCOO hemos puesto a disposición de los centros y del profesorado unos materiales para ayudarles a hacer frente a estas situaciones.

Por otro lado, el monocultivo de PIN Parental puede estar sirviendo de coartada para meter debajo de la alfombra otras cuestiones muy relevantes para nuestro sistema educativo, como los recortes, la recuperación de derechos o el horario lectivo del profesorado.

Señores del trifachito: menos PIN y más inversión educativa; menos PIN y más empleo; menos PIN y mayor reducción del horario lectivo del profesorado; menos PIN y más becas… Como resumió magistralmente Joan Mena en el Congreso de los Diputados: Menos PIN y más pan.