La inversión es la acción de gobierno que refleja con más honestidad la verdadera voluntad política de quien la diseña y la aplica. Más allá de los debates, las fotos o el articulado de las leyes, no hay nada como el detalle de cómo, en qué y en qué no se invierte o se deja de invertir para ver la verdadera naturaleza de las medidas. Y lo que dicen los datos de nuestro país es claro y demoledor: hace demasiado tiempo que la educación no es una prioridad o, dicho de otro modo, no se considera ni un derecho fundamental ni un servicio esencial, diga lo que diga nuestra Carta Magna.
Esta trágica situación pandémica ha relanzado a la primera línea del debate la importancia de financiar bien los servicios públicos. Aunque en las circunstancias actuales la ciudadanía percibe con mucha más contundencia los efectos de la desinversión en sanidad, son muchas familias, sobre todo las más vulnerables, las que han constatado de primera mano cuán importante es disponer de una educación pública de calidad. Las organizaciones representativas debemos recoger esa sensibilidad y convertirla en una demanda social de primer orden, no solo para garantizar recursos con los que responder ante una eventual emergencia educativa, sino para ayudar a cambiar la versión sobre el valor real que la educación debería tener.
Inversión eficaz
En este contexto, la discusión trasciende de la mera cantidad, pues la inversión, además de suficiente, debe ser eficaz; es decir, compatible con la naturaleza y el alcance de lo que entendemos por este derecho (qué financiamos y para qué) y, sinceramente, para ser un país que ya va por su octava ley educativa, no parece que exista un consenso amplio en torno a una cuestión tan fundamental, una que puede admitir matices diversos, pero no intereses divergentes. Por tanto, además de una apuesta clara por aumentar la inversión, hay que establecer prioridades y definir medidas concretas, porque tan importante es aumentar la inversión como orientar bien las políticas que se financian (por ejemplo, considerar la educación sin obviar las condiciones esenciales para que se dé). Y, para ello, hay que buscar consensos a través del debate, la consulta y la participación: necesitamos soluciones perdurables y consistentes, empezando por el blindaje del porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que destinamos a la educación, gobierne quien gobierne.
¿Qué garantizamos cuando invertimos en el derecho a la educación? Como en todo, hay concepciones (para botón de muestra, la LOMCE). En la que yo comparto, la inversión educativa apuesta por una educación de calidad, equitativa, pública, gratuita, universal, laica y democrática, que garantice la igualdad de oportunidades, contribuya a la cohesión social y siente las bases de una sociedad justa y solidaria, con toda la revolución que ello supone para un sistema educativo que sigue abducido por fórmulas y métodos conservadores, academicistas y excluyentes, a pesar de los esfuerzos de muchos y muchas profesionales.
El consenso constitucional del artículo 27 ha sido reinterpretado –en ocasiones, retorcido– en función de los intereses políticos de turno y hoy necesitamos contar con una concepción alternativa de un derecho universal e inalienable que trasciende, de mucho, el centro escolar. Garantizar el derecho a la educación significa ofrecer y asegurar oportunidades de desarrollo y aprendizaje de calidad a cualquier persona, capacitarla para afrontar el mundo, para la plenitud humana. Ese es el verdadero germen del progreso social y económico al que muchos y muchas aspiramos.
6 euros de beneficio
Aunque pueda resultar parcial y economicista, el lenguaje de los números ayuda a comprender la magnitud de la cuestión. La Conference Board de Canadá ha calculado que por cada euro invertido en educación se obtienen seis de beneficio. En tanto, un estudio de Unicef en 73 países establece que cada dólar invertido en educación hace crecer los futuros salarios/hora entre 6,4 y 17,6 dólares. Diversos estudios solventes han demostrado objetivamente que cada punto porcentual extra de los presupuestos del Estado invertido en educación repercute en un crecimiento del 0,9% del PIB.
Pues bien, el Gobierno afrontó la crisis anterior con desinversión en políticas sociales e inacción contra el fraude fiscal que, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), provoca unas pérdidas anuales a las arcas públicas de 91.600 millones de euros. Este es el contexto en el que la inversión en Educación ha sido claramente decreciente. En 2009 era del 5,04% del PIB y hoy es del 4,20%. En términos económicos, precisar la pérdida, sabiendo que cada décima del PIB son unos 1.200 millones, sería relativamente fácil. Pero expresarla en términos sociales y aproximar los estragos de lo que esa desinversión ha supuesto y supone en términos de equidad, igualdad, pobreza, inclusión, justicia social o pérdida de oportunidades arroja un resultado escandaloso e insostenible.
Recientemente, Naciones Unidas advertía que la pandemia podía enfrentarnos a una catástrofe generacional que puede socavar décadas de progreso y exacerbar desigualdades, y que la única salida era incrementar los presupuestos en educación, el primer motor de desarrollo sostenible. En esta ocasión, no podemos ni debemos permitir que la respuesta política sea otra.
