LA CONCRECIÓN DEL ACUERDO para la mejora del empleo en la función pública está encontrando numerosos problemas tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas. A la ausencia de negociación real en relación a un modelo extraordinario que simplifique la fase de oposición, aumente el peso de la experiencia y garantice la transparencia del proceso, se suma, además, la resistencia de las comunidades a convocar todas las plazas necesarias para reducir la temporalidad al 8 %.