CUANDO LEEMOS HOY, EN 2018, lo que figura en la Constitución de 1978 sobre la participación de la comunidad educativa en educación –“Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca” (art. 27.7)–, no se entiende cómo todavía se puede debatir sobre el papel decisivo que debieran tener los consejos escolares en la vida de los centros.