DESDE QUE LAS CORTES DE CÁDIZ hicieron de la “Instrucción Pública” un asunto del máximo rango constitucional, la cuestión de la enseñanza se convirtió en asunto de Estado. Se abrió una larga etapa de lucha entre la Iglesia católica, que había monopolizado la educación hasta entonces, y los sucesivos gobiernos liberales.